[VIDEO] ¿Cuándo y cómo se puede torcer un veredicto de no culpabilidad de un jurado popular?

30 noviembre 2014, 7: 44
El defensor de Faría, Ricardo Mendaña, y el fiscal Pablo Vignaroli durante el juicio. Foto Matías Subat.

El defensor de Faría, Ricardo Mendaña, y el fiscal Pablo Vignaroli durante el juicio. Foto Matías Subat.

El único que hubo en la provincia fue en la causa por el crimen de Ailín García, que tanto la fiscalía como la querella cuestionaron a través de una pedido de nulidad a destiempo. Ahora jueces y juezas se declaran incompetentes para resolver y todo parece un gran dislate.

El Tribunal de Impugnación se declaró incompetente para resolver los pedidos de nulidad presentados por la fiscalía y la querella en la causa por el crimen de Ailín García. Se trata del único veredicto de no culpabilidad dictado por un jurado popular desde que el nuevo procedimiento penal se puso en marcha en enero pasado.

Sí recuerdan la fiscalía cuestionó, una vez conocido el veredicto, que se les haya permitido a las y los jurados retirarse a sus domicilios y continuar la deliberación al día siguiente. Sobre este tema hablamos aquíaquí y aquí.

Las presentaciones de las partes acusadoras se hicieron después del veredicto y antes de la sentencia (a la que se puede acceder en forma completa aquí).

¿Por qué esperaron a la resolución del veredicto del jurado y no le hicieron saber al juez del juicio, Marcelo Muñoz, que estaban en desacuerdo con que el tribunal interrumpiera la deliberación?

La primera en declararse incompetente en esta materia fue la jueza de Garantías, María Gagliano. En ese momento la fiscalía hizo reserva de impugnar esa decisión, pero nunca la formalizó. Según explicó el fiscal Pablo Vignaroli durante la audiencia ante el Tribunal de Impugnación no lo hizo porque entendió que «se había planteado un conflicto de competencia, entonces entendíamos que quizás nosotros no estábamos habilitados a meternos en ese conflicto de competencia entre el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación.»

Lo cierto es que el propio Vignaroli, al igual que el defensor Ricardo Mendaña, coincidieron en que el veredicto estaba firme.

«La fiscalía no impugnó la sentencia sino que planteó la nulidad de la forma en que se llevó adelante la decisión del jurado», dijo Vignaroli. La querella, como se puede ver en el video de la audiencia, también señala que su presentación no es una impugnación sino un pedido de nulidad.

El código prevé en su artículo 238 que: «No procederá recurso alguno contra la sentencia absolutoria, salvo que el acusador demuestre fehacientemente que el veredicto de no culpabilidad fue producto del soborno.»

Los jueces Alfredo Elosu Larumbe, Federico Sommer y la jueza Florencia Martini, además de declararse incompetentes remitieron las actuaciones a la Oficina Judicial. Ahora recaerá nuevamente en otro/otros/otras magistradas que también pedirán no tratar el asunto. ¿Existe alguna forma de que estos planteos sean procedentes?, ¿Quién o quienes definirán el asunto que en apariencia parece un gran dislate?

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Un comentario para [VIDEO] ¿Cuándo y cómo se puede torcer un veredicto de no culpabilidad de un jurado popular?

  1. repasemos procesal
    1 diciembre 2014, 12: 13 para 12:13

    A ver, la nulidad se la llama «recurso» de igual forma que se llama recurso a las acciones procesales que se presentan luego de un trámite en sede administrativa, esto es: por MALA COSTUMBRE. La nulidad de una resolución «definitiva» llamada sentencia es una ACCIÓN desde Alsina (aprox 1940) para acá en la Argentina. Sin excepción, ni distingo entre DERECHO PROCESAL PENAL u OTRO.

    Esto nos abre una serie de temas a tratar:

    (a) legitimado activo -obviamente quien tiene un interés- pero puede cuestionarse si querella, víctima por sí misma, la fiscalía siempre, etc. ¿por qué no el público? pero ésto sería hacer cátedra -no viene al caso-;

    (b) legitimado pasivo, ¿es el Estado? ¿el encartado? ¿ambos? a mi entender se limita al encartado cuando hubiere por su acción desarrollado el hecho nulificante -por ejemplo no «soborno» al jurado, pero sí los «amenazó» en un privado «sabemos dónde vivís»- o más sencillo amenazó al perito o robó el arma homicida.

    (c) objeto del proceso, privar de efectos -art. 98- a la sentencia y poner otros en su lugar;

    (c.1) uno de los efectos es que el «absuelto» pueda ser juzgado, si el legitimado «acusado» no dió lugar a la nulidad, caso contrario se afecta el ne bis in idem, la buena fe procesal -no se rían, exite o debería existir-. implica el peligo de que fiscales motivados políticamente hoy te acusen de una cosa, mañana con los mismos hechos de otra, y así estamos en el nazismo o el estalinismo.
    (c.2) otro de los efectos es que el ESTADO es responsable económico frente a los damnificados, daño moral, ilícito del Estado, etc. no creo que nos interese.
    (C.3) otros efectos son «administrativos disciplinarios» a los jueces, oficina judicial, fiscalía; y, semejantes para los abogados privados que incurrieran en faltas por su proceder.
    (c.4) el delito, si lo hubiera, como ser amenazar, sobornar, u obstruir la justicia, si bien se da al mismo tiempo, no es consecuencia sino un hecho aparte. ¿Puede haber «prejudicialidad»? Tal vez, pero, no nos interesa porque al parecer no es el caso.

    Qué es la «competencia» entonces. Una distribución de trabajo, a veces por elementos relevantes como diferenciar entre Familia y Quiebras -dos cosas muy diferentes y complejas, en la provincia la segunda no le damos ninguna trascendencia autónoma, omitan chistes que no es momento-.

    Otra una división de trabajo de muy bajo perfil científico a la cual son afectos especialmente en Civil, el grado que implica además «rango», dile a un Juez Civil de «cámara» que es tan juez como el de primera instancia y has de ver la furia del infierno!!! pero, críticas aparte y chistes sobre los «hermanitos civiles», la competencia por grado de conocimiento existe en lo funcional y si está bien planteada sirve como manera de alcanzar desiciones razonables para el público.

    Por qué una «alzada» no es competente, o pretende no serlo, esto es: un tribunal revisor que atiende X cantidad de supuestos -uno de ellos es el art. 238 citado en el artículo de ahí arriba-, los cuales para los inventores de nuestro Código Procesal es un número cerrado, no admitiran de primera intención que sean competentes. En partes lo hemos adelantado: ellos/as no atienden «demandas» sino apelaciones -llamalas como quieras pero son tal cosa-.

    Solución técnica: mandar a la oficina judicial y que un juez de primera instancia atienda la demanda. Esto es imposible en la mente de quienes se dedican a penal, en civil sería castigado con la hoguera.

    Ahora, que el Chapulín colorado goza de la visión de Nuestro Señor -o el suyo-, ¿quien podrá defendernos?

    Vamos a forzar la interpretación usando el art. 177, y el Artículo 238 inc. a) en cuanto dice que «inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución … y a la capacidad de sus miembros» entendiendo que la constitución del jurado no es solo cuando se «designa y confirma a sus miembros» sino cuando los mismos deliberan.

    En fin, vamos a abrir la puerta a la apelación, como se hizo con el código Levene (h) y la Casación que en su momento se convirtió en una segunda instancia hasta que nos cayó sobre la cabeza el caso Puigyané o «la Tablada» y tuvimos que volver a la garantía de la doble instancia.

    Ojo, no es un tema fácil, le pongo «repasemos» por ser Zumbón, molesto, y poner un título petardista.

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