La Asociación de Magistrados y Funcionarios reeditó críticas, ahora con la excusa de hablar del proyecto para endurecer la prisión preventiva.
El pronunciamiento, firmado por «consejo directivo», expresa su oposición al proyecto de Jorge Sapag. Pero contiene un párrafo que salta a la vista:
“El cambio (de un sistema procesal al otro) se produjo de modo integral y no gradual, metodología contraria a lo aconsejado y a la experiencia de los otros procesos de reforma provinciales, sin una adecuada capacitación previa de los operadores, sin condiciones edilicias acordes a los requerimientos del nuevo procedimiento, y con un traspaso de un sistema a otro absolutamente caótico, producto de una planificación ignorante del trabajo judicial cotidiano”.
La Asociación ya había llevado sus quejas a la célebre reunión de la Legislatura antes de la entrada en vigencia del Código.
El texto completo del comunicado, aquí en pdf.
Me permitiré, con todo respeto, discrepar con el enfoque de la Asociación de Magistrados. Esperar a que se den las condiciones, en países y provincias como las nuestras, puede demandar dcadas, sino siglos. Y la consagración de un debido proceso legal y constitucional no puede esperar tanto.
Además, los procesos graduales generan notorias desigualdades entre ciudadanos de una misma provincia.
Los procesos de cambio suelen presentar dificultades pero hay que asumirlos de una buena vez por todas, poniendo la mejor buena voluntad para superar los inconvenientes