Competirán catorce postulantes. El concurso será sólo por antecedentes
El Tribunal Superior de Justicia renovó, una vez más, el contrato del edificio de Alberdi 52. El Consejo de la Magistratura hizo lo propio. Las cifras.
El máximo tribunal avanza en la creación de una Oficina de Comunicación Institucional.
Jueces y juezas de GarantÃas de Neuquén y del Interior presentaron un recurso administrativo contra el acuerdo del TSJ que les impuso la revisión de las decisiones de Ejecución.
El Tribunal Superior de Justicia resolvió que el Colegio de Jueces, y ya no el Tribunal de Impugnación, será el encargado de revisar las decisiones en materia de Ejecución Penal.
El TSJ hizo lugar a la acción impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios y declaró la nulidad del inciso 3 del artÃculo 251 de la Constitución que le otorgaba esa facultad al Consejo de la Magistratura. “Es un grave retroceso”, le contestaron.
“Chocó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia” fue el tÃtulo que usaron la mayorÃa de los medios para contar lo ocurrido con el juez Marcelo Muñoz. Investigación sumaria del TSJ, trámite ante el Tribunal de Faltas y anuncios de pedido de destitución.
La sala penal cambió el criterio que habÃa fijado apenas entró en vigencia el nuevo código procesal. Resolución completa.
Invocó el fallo de la sala penal del TSJ para anular los sobreseimientos. Los jueces le achacaron a la fiscalÃa la “ausencia de una adecuada o al menos oportuna diagramación estratégica” con las causas de transición lo que “deja entrever incluso cierta dejadez o temeridad institucional, arribándose a una situación lÃmite.”
Se excusaron de intervenir en el primer caso en el que el Tribunal Superior de Justicia fijará criterio sobre cuándo finaliza el proceso para las causas penales provenientes del sistema anterior.
Se estima que el aporte que deberá hacer el Ejecutivo para afrontar la recomposición salarial rondará los 280 millones de pesos.
En 2010 el poder Judicial pagaba 149.321 pesos mensuales por la renta del edificio de Alberdi 52. Hoy la suma trepó considerablemente.
La mujer pidió asumir su educación. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara dijeron que el caso no podÃa judicializarse. Para el máximo tribunal la decisión compromete el interés superior de la niña, e indicó el módo en que debe informársele de la resolución.
El proyecto fija pautas orientativas no taxativas para que los jueces y las juezas evalúen a la hora de dictar la prisión preventiva.
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