Lo que no se logra por ley, sale por acuerdo

27 febrero 2017, 12: 31

El Tribunal Superior de Justicia resolvió que el Colegio de Jueces, y ya no el Tribunal de Impugnación, será el encargado de revisar las decisiones en materia de Ejecución Penal.

En junio de 2014 la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) integrada por Guillermo Labate y Ricardo Kohon homologó el reglamento del Colegio de Jueces de Neuquén que establecía que el Tribunal de Impugnación (TI) era el encargado de revisar las decisiones en materia de Ejecución Penal.

Esta resolución, que la pueden encontrar aquí, saldó una de las primeras disputas que surgió apenas se puso en marcha el Código Procesal Penal entre Colegio y TI (y que está resumida en este post).

El Código plantea en su artículo 266 que las decisiones de Ejecución Penal “podrán ser revisadas en audiencia por tres jueces distintos del que aplicó la medida cuestionada.” No especifica que organismo debe ser. El Colegio, que reúne a los jueces y juezas de Garantías, entendió que “a los fines de una mejor y equitativa distribución de la carga laboral” le tocaba al TI, que es la instancia anterior al TSJ.

Al TI no le gustó y protestó, hasta que un día uno de sus integrantes fue designado vocal del TSJ: Alfredo Elosú Larumbe. En el proyecto de ley de reforma del código que él impulsó en 2016 había propuesto cambiar la competencia:

Artículo 17 Modifícase el artículo 266 de la Ley 2784, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 266 Revisión. Las decisiones del juez de Ejecución podrán ser revisadas, a pedido de las partes, por otros tres (3) magistrados del Colegio de Jueces. En todos los casos el recurso deberá ser interpuesto en forma oral e inmediata y la audiencia de revisión cumplida el plazo máximo de cinco (5) días”.

Las modificaciones en el Código quedaron reducidas a la prisión preventiva.

El 15 de febrero pasado, el TSJ lo sacó por acuerdo:

Que en fecha 10/01/17 fue elaborado un informe por La Oficina Judicial Penal de la I Circunscripción, que luego fuera puesto en conocimiento del Sr. Presidente de feria Dr. Alfredo Elosú Larumbe, quien se interiorizó de la situación imperante, en relación a la determinación de la competencia de los jueces del Colegio y los jueces del Tribunal de Impugnación, quienes deben intervenir en las revisiones previstas en el art. 266 del Código Procesal Penal

(…) Que así las cosas, cabe observar en primer término que, la cuestión en análisis puede impactar en la prestación del servicio de justicia inherente al fuero penal de dicha circunscripción, dado que puede suscitar eventualmente la suspensión de audiencias.

Que, en función de ello, y dada la envergadura del asunto puesto a consideración, se impone que este Cuerpo en el ejercicio de sus competencias constitucionales (cfr. art. 240 inc. a)) dirima la cuestión a los fines de asegurar la normal prestación del servicio.-

(…) Reexaminada la cuestión interpretativa que se suscita a raíz de la competencia de los jueces del Colegio de Jueces, para intervenir en los casos de revisiones previstas en el art. 266 del Código Procesal Penal, si bien resulta atendible que en un primer momento por razones operativas, se definiera al Tribunal de Impugnación como órgano competente para los casos del art. 266, este Cuerpo considera que una correcta intelección del sistema de revisiones e impugnaciones previsto en el Código Procesal Penal, indica que son los Jueces del Colegio de Jueces, los competentes para llevar adelante las audiencias del revisión del art. 266 del Código Procesal Penal.

Adicionalmente el texto del art. 32 de la Ley Nº 2891 establece una competencia residual para el Colegio de Jueces, debiendo los jueces que lo integran intervenir en toda otra incidencia que deba decidirse en audiencia.- Ello debe ser interpretado en consonancia con el espíritu del Código Procesal Penal, donde la celeridad, economía procesal y el plazo razonable son principios fundamentales del nuevo proceso.

Por tanto, este Cuerpo entiende que los jueces competentes para intervenir en los casos del art. 266 Código Procesal Penal son los jueces del Colegio de jueces, lo que así se hará saber.

Finalmente, y a fin de aventar todo tipo de duda interpretativa de la posición fijada por el Tribunal Superior de Justicia, corresponde encomendar que, por el área pertinente, se proceda a readecuar el reglamento de dicho colegio en el sentido expuesto

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5 comentarios para Lo que no se logra por ley, sale por acuerdo

  1. RENE OVIDIO
    4 marzo 2017, 19: 09 para 19:09

    Desconocía esta movida del TSJ. Poco se tarda en darse cuenta que la mano seguramente ha venido desde el lado de los integrantes del Tribunal de Impugnación. Ahora bien, me tomé el trabajo de consultar la agenda de audiencias Penales de la semana pasada. Vaya sorpresa, ninguna audiencia fijada… Digamos, fue una semana asueto. En cuanto a lo formal o legal del acuerdo, me quedan mis dudas, muchas por cierto. Modificar una competencia vía Acuerdo?. Seguramente el nuevo Presidente del TSJ quiere dar su impronta, la que por cierto, con estas decisiones, dejan mucho que desear. Viene un año muy largo, espero sea rápido.

  2. TAmara
    6 marzo 2017, 17: 33 para 17:33

    Es bueno hacer algunas aclaraciones sobre el tema. El TSJ no asigna competencias, ello sólo se puede hacer por ley. Lo que hizo éste TSJ, al disponer que les corresponde a los jueces de garantías revisar las decisiones de ejecución, fue solamente corregir un grosero error en el que habían incurridos vocales del TSJ ya jubilados, quienes -por evidente mal asesoramiento de personas sin ninguna experiencia- interpretaron el artículo 266 del CPP de una manera poco menos que absurda, atribuyendo la competencia de revisión a los jueces de Impugnación.
    El artículo 266 del CPP establece que “Las decisiones de ejecución podrán ser revisadas… por otros tres (3) jueces distintos del que aplicó la medida…”. Esos tres jueces distintos no pueden ser otros que jueces de garantías, por la sencilla razón de que el artículo 239 del CPP le otorga competencia al Tribunal de Impugnación para resolver (por vía de impugnación, obviamente) las cuestiones relativas a la ejecución de la pena.
    Es fácil entender que sería absurdo que el código otorgue exactamente la misma competencia a un mismo y único Tribunal (el de impugnación) dos veces, primero como revisión y luego como impugnación de su propia decisión.
    Esa es la explicación técnica de porqué el TI nunca debió intervenir como Tribunal de revisión de las decisiones de ejecución, mal que les pese a algunos.
    Por otra parte, es bueno que se entienda que los jueces de Impugnación cuanto más trabajan es luego de finalizadas las audiencias, haciendo las respectivas sentencias. Durante la audiencia el trabajo sólo consiste en escuchar a las partes. Luego de ésta comienza el verdadero y más complejo trabajo que es estudiar el caso, la jurisprudencia y doctrina aplicable y, finalmente, escribir la sentencia. Eso suele llevar muchos días. 10 días hábiles para ser exacto.

    • Irónico
      9 marzo 2017, 8: 36 para 8:36

      Buenos días Dr. R …- Evidentemente, usted no entiende cómo es el nuevo sistema de distribución de tareas y, sobretodo, de distribución de cargas de trabajo.

  3. pedro
    7 marzo 2017, 20: 47 para 20:47

    ayyy que cool que son los jueces de impugnaciòn!!

  4. La Vagancia
    14 marzo 2017, 16: 49 para 16:49

    Lamentable espectáculo el que presentan a la sociedad que les paga el sueldo, peleándose por ver quien trabaja menos. Siglo 20 cambalache….un poroto.

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