A salvo de la evaluación

19 octubre 2016, 23: 01
El TSJ hizo lugar a la acción impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios y declaró la nulidad del inciso 3 del artículo 251 de la Constitución que le otorgaba esa facultad al Consejo de la Magistratura. “Es un grave retroceso”, le contestaron.

Los jueces, juezas y el funcionariado judicial quedaron a salvo de que el Consejo de la Magistratura evalúe su idoneidad y desempeño. Después de mantener seis años vigente una medida cautelar, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la nulidad del inciso 3 del artículo 251 de la Constitución provincial que le otorgaba esta misión, y la inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley 2533, que regula el funcionamiento del organismo, junto al reglamento.

Su argumento central es que la Convención Constituyente que propició la reforma de 2006 se excedió en sus atribuciones.

Aquí encontrarán la resolución unánime, cuyo voto realiza el vocal Ricardo Kohon, y adhieren Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe, el fiscal José Gerez, y el conjuez Adolfo Manson.

La Asociación cuestionaba en la acción de inconstitucionalidad que presentó en 2010 que un organismo “con mayoría política” evaluara a jueces y juezas  y al funcionariado, que están sujetos al control interno de la Auditoria General del poder Judicial.

El TSJ analizó ley 2471, sancionada en 2004, que habilitó la reforma de la Constitución. Según interpretó del cuerpo del articulado de la norma no surge

“potestad evaluatoria periódica” entre los mecanismos de control que el legislador facultó al constituyente para su reforma e incorporación al texto constitucional.”
También mencionó que no se vislumbra esta intención en la discusión en el recinto:
No existe ninguna referencia en el texto legal ni en los debates producidos en el seno de la Legislatura Provincial que habiliten a pensar que los representantes del pueblo neuquino propiciaron un sistema de control sobre la idoneidad y desempeño de los magistrados y funcionarios judiciales, mediante evaluaciones periódicas y mucho menos, que el mismo se encuentre en cabeza de un órgano distinto al Poder Judicial o, que se lleve a cabo por procedimientos distintos del control recursivo previsto en las leyes procesales

(…) Es decir, la Convención Constituyente se encontraba habilitada para reformar dos aspectos específicos y relevantes de la función judicial: la selección y la remoción de los magistrados y funcionarios judiciales.

(…) Fuera de esos aspectos, la Convención no se encontraba habilitada para producir ninguna reforma; por más eficaz, transparente y democrática que ésta pudiera parecer.

En otras palabras, la idoneidad de los magistrados y funcionarios judiciales sólo podía haber sido considerada por los convencionales para ser evaluada al momento de realizar la selección de los candidatos a ocupar algunas de las magistraturas judiciales. Al igual que el desempeño en el cargo, sólo podría ser examinado en caso de ser sometido a un jurado de enjuiciamiento (remoción). Pero nunca se habilitó a que se modificara el diseño constitucional de la labor del Poder Judicial, incorporando una “evaluación periódica del desempeño e idoneidad” de los magistrados y funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, cualquiera fuera la finalidad de la misma (correctora, disciplinaria o de remoción).

(…) En las presentes se ha certificado el exceso en el ejercicio de la competencia otorgada a la Convención reformadora. Ningún poder constituido es omnímodo y la facultad de reformar la Constitución no escapa a ello.

Actualización: el Consejo realizó una sesión extraordinaria al día siguiente del fallo, sin la presencia de su presidente, el vocal Oscar Massei. Emitió un comunicado de prensa (aquí completo) en el que los seis integrantes expresaron:

Tras seis años de mora en la función jurisdiccional, la decisión del alto Tribunal altera la facultad otorgada por la ciudadanía en la reforma de la Constitución Provincial del año 2006.

La declaración de nulidad, de esta herramienta, importa un grave retroceso en lo que hace al control de quienes llevan a cabo la administración de justicia, afectando la credibilidad, transparencia y eficiencia de tal servicio. En una etapa donde la institución judicial está severamente cuestionada.

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2 comentarios para A salvo de la evaluación

  1. amazing
    20 octubre 2016, 10: 03 para 10:03

    La ley de necesidad de reforma dice:
    Art. 40. Organos de designación y remoción de magistrados y funcionarios judiciales

    La elaboración de un nuevo sistema mediante el cual los jueces y funcionarios judiciales se seleccionen a través de un organismo con composición pluralista, con un mecanismo transparente y participación ciudadana y de demás sectores interesados, sin descartar ni la elección en forma directa para integrar dicho cuerpo ni la obligación de reválidas periódicas.

    ¿La evaluación no puede vincularse a las reválidas periódicas de las que habla el artículo 40?

  2. María D. Finochietti
    21 octubre 2016, 11: 02 para 11:02

    En el fallo se explica puntualmente por qué es erróneo referir las reválidas periódicas del art. 40 a los magistrados y funcionarios, cuando surge claramente del texto que se refieren a los miembros del propio Consejo mencionado como “dicho cuerpo”.
    Tanto la elección directa como las reválidas periódicas se ligan indudablemente a los integrantes del cuerpo (Consejo), precisamente con los dos “ni” incluídos en su redacción y ese es el meollo de lo resuelto por el TSJ, acogiendo la interpretación que le diera la Asociación de Magistrados en su planteo.
    Lo que resulta imprescindible ahora es el dictado de una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura y un redimensionamiento de ese cuerpo, que sea más acorde con sus funciones así delimitadas.

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