Martini integraba la Cámara Criminal Segunda y luego de la reforma pasó a ser jueza de Impugnación. Uno de los juicios en los que intervino fue el que se realizó contra el policÃa Claudio Salas por el asesinato de Braian Hernández. Foto Cecilia Maletti.
La comisión especial deberá definir si es admisible la denuncia. La presentación completa.
El diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio DomÃnguez y su par Encarnación Lozano, pidieron la remoción de la jueza y presidenta del Tribunal de Impugnación, Florencia Martini, a raÃz de su opinión sobre la reforma de la prisión preventiva que aprobó en general la Legislatura el 6 de septiembre pasado.Â
Aquàpodrán ver la presentación (en cuanto podamos mejoraremos la versión del pdf).
La acusación se sustenta exclusivamente en la nota que le hicimos para el diario RÃo Negro, en la que la magistrada plantea que las modificaciones no tienen efectos jurÃdicos en tanto las pautas que se incorporaron para el dictado de la preventiva son orientativas y el supuesto de protección a la vÃctima y su familia, en tal caso, puede reconducirse dentro del entorpecimiento a la investigación. De allà sus frases de que la reforma “no cambia nada, es un manifiesto polÃtico” y que “vamos a seguir aplicando el código como estaba antes de la reforma.”
DomÃnguez y Lozano la acusan de mal desempeño por “su conducta extra funcional”:
En primer lugar, realizando con sus opiniones- en clara violación a la división de poderes y al sistema republicano de gobierno- una valoración polÃtica del accionar legislativo que excede el marco de sus funciones existiendo un claro desvÃo de poder.
Y, en segundo lugar, generar parcialidad respecto de su posición de no aplicar la reciente ley sancionada que modifica los requisitos de la prisión preventiva.
Ambas consecuencias generadas por su conducta en el marco de las incompatibilidades previstas en el artÃculo 233 de la Constitución Provincial, por el cual los jueces tienen vedada la intervención directa o indirecta en polÃtica y la ejecución de actos semejantes que comprometan la imparcialidad en sus funciones.
En realidad lo que más parece molestarlos de la nota, y por eso es una de las dos frases que subrayan con negrita, es que Martini dijo que “La reforma responde a un imperativo polÃtico que venÃa del anterior gobierno del MPN, de Sapag pasó a Gutiérrez.”
El actual gobernador y su antecesor fueron quienes presentaron los proyectos de reforma, además de los que impulsó el Tribunal Superior de Justicia y la fiscalÃa. Y es justamente el bloque de la mayorÃa el que acompañó la sanción de la ley.
Martini fue convocada a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia en la ronda de consultas cuando se debatÃa la reforma, al igual que los Colegios de Jueces de Neuquén y del interior. Su opinión era ya pública.
Previo a que intervenga el jurado de enjuiciamiento, la comisión especial debe evaluar la presentación y definir la admisibilidad. Actualmente la integran la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, el diputado del MPN, Pablo Bongiovani y el abogado Etelvino Todero.
Los jueces del TI emitieron un comunicado en el que manifestaron que: “Pretender utilizar el Jurado de Enjuiciamiento como presión polÃtica contra quienes deben interpretar y aplicar la ley, importa una inaceptable afectación de la división de poderes, de la independencia externa de los jueces, una persecución polÃtica por la emisión de ideas y opiniones, y un claro cercenamiento de la libertad de expresión”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios también expresó que “rechaza total y absolutamente” el pedido al igual que la Asociación Pensamiento Penal del Comahue.
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