Si no le gusta, que renuncie

9 Septiembre 2016, 22: 52

Un diputado del MPN anunció que pedirá que se abra el jurado de enjuiciamiento contra una magistrada que opinó sobre la reforma del código procesal penal. “Es una forma de disciplinar”, le respondieron.

Luego de que el martes pasado se aprobara en general la reforma del código procesal penal en lo relativo a la prisión preventiva, escribimos una nota para el diario Rio Negro sobre el impacto que tendrían las modificaciones en el poder judicial. La pueden encontrar aquí.

Hablamos con el fiscal general, José Gerez, y con la presidenta del Tribunal de Impugnación, Florencia Martini. Ambos habían hecho pública su posición al respecto en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura cuando fueron invitados al debate.

En la entrevista Martini explicó que tanto ella, como sus colegas, seguirán considerando como supuestos para el dictado de la prisión preventiva el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Que las pautas que se introdujeron son orientativas y que la llamada “causal de la víctima” se puede reconducir a entorpecimiento, según sea el caso. También indicó que era intención del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que las modificaciones se hicieran, recordó el proyecto de Jorge Sapag, predecesor al de Omar Gutiérrez.

A Gerez también le consultamos sobre la posición que podían adoptar algunos jueces y juezas ante el nuevo texto, y respondió que para eso estaban “los recursos ante instancias superiores.”

La posición del Colegio de Jueces de Neuquén no la conocemos, pues por mayoría dijeron que exponerla públicamente sería un “acto de prejuzgamiento”. Muchos y muchas piensan como Martini, y otros y otras no.

Sí sabemos, por ejemplo, la del Colegio de Jueces del interior porque Mario Tommasi la anticipó en comisión también (aquí pueden oír el audio completo): “Pedimos que no se ponga esa cláusula de protección a la víctima como una causal autónoma de prisión preventiva así como está redactado, está pésimamente redactado, y ningún juez la va a aplicar porque les reitero, es absolutamente inconstitucional”.

Al día siguiente de la publicación la nota, el diputado del MPN, Claudio Domínguez, anunció en la red social Twitter que pedirá la destitución de Martini:

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Las críticas no tardaron en llegar.

La Asociación Pensamiento Penal del Comahue emitió un comunicado manifestando su repudio a las declaraciones:

Evidentemente el legislador no puede ignorar que la magistrado tiene la obligación constitucional no solo de cumplir la ley, sino de interpretarla y de hacerlo a la luz de la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y esta ley (y en esto la legislatura estaba debida y reiteradamente advertida por prestigiosos juristas) contiene disposiciones cuya compatibilidad con la constitución y los tratados de derechos humanos esta en duda.

Pretender acallar las opiniones de una magistrada solo por no coincidir con las propias o de su proyecto político y hacerlo pretendiendo usar como arma una herramienta institucional como el juicio político desde su lugar como legislador, no puede menos que encontrar nuestro rechazo, pues es, ni más ni menos, que una forma de disciplinar a esta y los demás magistrados que no lleven adelante estas políticas, lo que afecta seriamente la independencia judicial, un valor que los ciudadanos requerimos para confiar en la justicia.

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2 comentarios para Si no le gusta, que renuncie

  1. Alejandro Cabral
    14 Septiembre 2016, 9: 10 para 9:10

    Adjunto al presente el comunicado del Tribunal de Impugnación en relación al eventual pedido de enjuiciamiento de la Dra. Florencia Martini para vuestro conocimiento: COMUNICADO DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN
    Los jueces del Tribunal de Impugnación de la Provincia de Neuquén, en virtud de las declaraciones vertidas por el Diputado Provincial Claudio Domínguez en las que anticipa que solicitará el Jurado de Enjuiciamiento y la destitución de la Jueza Florencia Martini por sus declaraciones sobre la reforma al Código Procesal Penal respecto de la Prisión Preventiva, manifestamos nuestro enérgico repudio, entendiendo que importa un ataque a la independencia del Poder Judicial y un intento de disciplinamiento de los magistrados.
    Resulta preocupante que luego de una ronda de consultas cursadas a distintos Colegios Profesionales de abogados, funcionarios y magistrados por parte de la respectiva Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que por unanimidad se expidieron en contra de la reforma procesal, se persiga luego a quien opinó y se pronunció de modo contrario a la propuesta sostenida por el diputado. Pretender utilizar el Jurado de Enjuiciamiento como presión política contra quienes deben interpretar y aplicar la ley, importa una inaceptable afectación de la división de poderes, de la independencia externa de los Jueces, una persecución política por la emisión de ideas y opiniones, y un claro cercenamiento de la libertad de expresión.
    El Jurado de Enjuiciamiento tiene por finalidad remover a los miembros del Poder Judicial por razones de comprobado mal desempeño. No, en cambio, para transmitirles a los jueces la intranquilidad de que en lo sucesivo deben adoptar las decisiones que más satisfagan los deseos de una de las partes o de la opinión pública, por más comprensibles que éstos aparezcan, ya que de lo contrario no se podría cumplir con el objetivo de “justicia” que debe primar en cada decisión judicial.
    Por ello, rechazamos enfáticamente que se propicie en forma ligera la promoción de un Jurado de Enjuiciamiento basado en la publicación de un producto periodístico, a partir de una interpretación mal intencionada del diputado, en tanto la magistrada no dijo que no aplicaría la ley sino que remarcó la ausencia de efectos jurídicos de las normas incorporadas, lo que había sido anticipado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales al afirmar la innecesariedad de la reforma.

  2. gustavo l vitale
    14 Septiembre 2016, 14: 38 para 14:38

    El diputado aludido, a quien no conozco, no respeta las normas básicas de una democracia, pues persigue a una persona por sus ideas (recordando los tristes “delitos de opinión” de los Estados totalitarios). Ello al margen de la correcta crítica efectuada por Florencia Martini, una jueza excelente, como jurista y como persona. Los jueces juran por cumplir antes que nada con la Constitución y precisamente la interpretación hoy unánime de ella sólo permite considerar el “peligro procesal” como causa para imponer, por excepción, la llamada “prisión preventiva”, que, en verdad, es una pena sin juicio previo. No conozco la preparación jurídico-penal del diputado Dominguez, pero, más allá de evidenciar falta de conocimiento sobre el tema, pretende autoritariamente pedir la destitución de quien no piensa como él. En todo caso, debería preocuparse por los jueces que ordenan la prisión de personas sin un real peligro procesal y mucho más de personas que luego resultan absueltas. En fin, no son procederes democráticos las amenazas veladas a los jueces que constituyen los pedidos de juicio políticos por la posición jurídica que defiendan. Esos pedidos son una verdadera forma de intromisión en otros poderes del Estado (o en otros órganos del poder estatal) y, lo peor, una intromisión amenazante, que tiende a lograr que otros mientros del poder judicial apliquen cualquier ley, por más inconstitucional que fuera. Espero que, a pesar de estos exabruptos antidemocráticos, los jueces declaren la inconstitucionalidad de artículos legales que manden a encarcelar a la gente, durante el proceso, con el fin de “proteger a la víctima”, ya que ello no tiene nada que ver con un peligro procesal. En esto se pone en juego la verdadera independencia judicial. O cumplo con la amenaza y me expongo a un peligro de juicio político o bien, como corresponde, aplico la ley como considero que debo hacerlo (de conformidad con las normas supremas), a pesar de que cualquier autoritario me pida que me echen del trabajo. Gustavo L Vitale

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