Prisión preventiva ¿para quién?

24 Julio 2016, 23: 50

010613d5437b138med1-575x357Fin de la feria judicial y del receso legislativo. Un panorama de cómo viene la discusión sobre la reforma del código procesal penal.

Esta semana se reactiva la actividad tanto en el poder Judicial como en el Legislativo, y uno de los temas pendientes es el de la reforma del código procesal penal.

Hasta el momento quienes han asistido a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde se debaten los proyectos, fueron el vocal de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Elosú Larumbe, el defensor Ricardo Cancela y el fiscal José Gerez, en ese orden.

Hay pedidos para que concurran representantes del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y un grupo de organizaciones encabezadas por la Asociación de Pensamiento Penal.  La idea del presidente de la comisión, Mario Pilatti (MPN), era recibir por escrito sus opiniones.

Cuanto menos se prolongue la discusión en este segundo semestre mejor, pues la comisión tiene otros proyectos de interés para el gobernador Omar Gutiérrez, como es el de la reforma política (aquí está la iniciativa).

Antes de finalizar el receso el diputado Sergio Gallia (PAN) solicitó a Pilatti que se escuchara la opinión del Colegio de Jueces de Neuquén. Según pudimos averiguar no todos ni todas estarían de acuerdo con ir a la Legislatura, sino que más bien es una propuesta de un par de ellos, entre los que se cuentan Marcelo Muñoz y Diego Piedrabuena. Muñoz fue uno de los cuatro jueces de instrucción que buscaba introducir cambios cuando se debatía el proyecto de ley orgánica de la justicia penal, sin éxito.

De aprobarse la reforma sólo alcanzaría al artículo relativo a la prisión preventiva, tal como promueve Gutiérrez en su proyecto presentado en abril pasado. Quizás se modifique también al juicio directo, para los casos de flagrancia, pero no más de ahí. No hay intenciones de avanzar en otros aspectos. Al MPN no le bastará con sus aliados para sancionar la ley, y deberá convencer pronto a sus opositores para que le den los votos.

¿En que se fundamenta la necesidad de modificar los supuestos sobre los que se dicta el encarcelamiento cautelar?

Según el Ejecutivo en que:

La liberación inmediata del involucrado en delitos violentos constituye un real peligro para la víctima y su familia, y un profundo sentimiento de desamparo de la comunidad.

Según el TSJ:

Es necesario porque ordena la discusión. Si hay cinco pautas, que todos estamos de acuerdo que los jueces pueden tener en cuenta para evaluar un comportamiento futuro e incierto las podemos establecer legislativamente.

Según el ministerio público fiscal:

Es una cuestión de criterios. Establecer criterios y reglas de juego concretas. Porque nosotros, los fiscales cuando vamos a las audiencias dependemos del juez que nos tocó.

No se hace hincapié en las estadísticas, porque no son el sustento de la argumentación. Tampoco parece importar demasiado los supuestos sobre los que se basa la detención, si existe o no peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, pues el sistema es tan rápido y eficiente que pronto serán juzgados o juzgadas y no pasarán años con preventiva. En el fondo lo que se puede leer es que la justificación no es central: en los casos graves las personas imputadas deben estar presas mientras dure la investigación por la sola conmoción que el hecho conlleva. Esa es la señal que hay que darle a la sociedad.

Por el contrario quienes se oponen no sólo enfatizan en las cifras, que indican que el proceso puede llevarse a cabo con imputados e imputadas en libertad, sino en que las pautas apuntan a criterios sustancialistas y no procesalistas.

¿Los jueces y las juezas echarán mano de estos cambios para dictar más prisiones preventivas?

Como ya dijimos cuando arrancó el debate algunos y algunas probablemente lo hagan fervorosamente frente a un código que ahora “les da letra”. Otros y otras no, porque sostienen que la imposición de la medida no puede ser la norma, y podría caberle responsabilidad internacional al Estado.

Lo que sí se ve en el horizonte es que si la fiscalía insiste con investigar casi con exclusividad abusos sexuales, robos y homicidios, ya sabemos quienes son las personas que permanecerán en prisión preventiva, y quiénes jamás serán citados.

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