Informe de la ONU sobre derechos humanos en Argentina

17 julio 2016, 23: 01

El Comité pidió al Estado que vele «por que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia.» También se refirió a la prisión preventiva.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe (aquí se puede descargar) sobre la situación en Argentina en materia de violencia institucional, legislación sobre aborto, condiciones de detención, entre otros tópicos. Se trata del órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Algunas de las observaciones que realizaron fueron las siguientes:

Igualdad de género

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto. El Estado parte debe, asimismo, procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Pacto. El Estado parte también debe adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad.

Violencia de género y doméstica

El Estado debe incrementar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia de género, asegurando la aplicación efectiva del marco legislativo en vigor en todos los niveles del Estado y dotándolo de los recursos necesarios para su cumplimento. El Estado debe investigar de manera pronta y efectiva los hechos de violencia contra la mujer, enjuiciando e imponiendo sanciones apropiadas. El Estado debe además hacer efectivo el derecho de las víctimas a una reparación que incluya una adecuada y justa compensación, así como capacitación y sensibilización para enfrentar la violencia de género en todos los ámbitos.

Interrupción voluntaria del embarazo

El Estado parte debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal, en particular mediante la introducción de excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer. El Estado parte debe, asimismo, asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio  de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. El Estado debe revisar el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Tortura y malos tratos

El Estado parte debe:

      (a)           Velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia;

      (b)           Asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación;

      (c)           Asegurar que los exámenes forenses de los presuntos casos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del Estado sean imparciales, exhaustivos y se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul;

      (d)           Implementar el sistema unificado de registros de hechos y víctimas de tortura, con el fin de establecer políticas específicas para a la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso con la implementación de programas sistemáticos de formación en derechos humanos a las fuerzas del orden y de seguridad; y

      (e)           Agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido en todas las regiones del país, según lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y velar por que dicho mecanismo disponga de recursos humanos y financieros suficientes para funcionar eficientemente.

Prisión preventiva

El Estado parte debe adoptar acciones concretas para revisar la regulación de la detención preventiva y para acelerar la imposición, en la práctica, de medidas alternativas a la misma.  El Estado debe también incrementar la capacitación de los operarios de justicia para asegurar que la imposición de la detención preventiva no sea la norma, y que se limite estrictamente su duración, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3 del Pacto. El Estado parte debe garantizar, asimismo, que toda persona detenida tenga acceso efectivo a un abogado. 

Condiciones de detención

El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad, en particular el acceso a la salud, tanto en el ámbito federal como provincial, de conformidad con lo dispuesto en el Pacto y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela). El Estado parte también debe considerar una aplicación más amplia de las penas sustitutivas de la prisión, como la vigilancia por medioselectrónicos, la libertad condicional y los servicios a la comunidad.

Investigación por casos de delitos de lesa humanidad

El Comité reitera su recomendación en el sentido de intensificar los esfuerzos en la tramitación de las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado, incluyendo los delitos cometidos por empresarios y/o personal de empresas presuntamente involucradas en delitos de lesa humanidad. El Estado parte debe proveer los recursos humanos y económicos necesarios para que en las investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas.

Doble instancia penal

El Estado parte debe asegurar la aplicación de la garantía del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto en todo el territorio nacional.

Derecho de los pueblos indígenas

El Estado parte debe, en consulta con los pueblos indígenas, intensificar sus esfuerzos en la demarcación y reconocimiento legal de los territorios sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos. El Estado parte debe, asimismo, proteger de manera efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y velar por que los autores de tales actos sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados, y que las víctimas obtengan una reparación adecuada.

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