El poder judicial no paga los «errores» de los jueces

20 junio 2016, 22: 56

El fiscal de Estado le pidió al TSJ que afronte con su presupuesto una sentencia condenatoria contra la provincia que involucró a un magistrado. El tribunal dijo que la solicitud agrava «la situación de pérdida de autarquía financiera.»

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenó en 2015 a la provincia a pagar 304.462 pesos más intereses a una mujer que perdió un ojo cuando era niña en un accidente en una escuela del norte neuquino. Había sido indemnizada, pero recibió un 10% del monto. Aquí encontrarán la resolución de los vocales Oscar Massei y Ricardo Kohon.

El juez que había dictado la sentencia, Miguel Manso (hoy defensor penal en Zapala), libró los fondos al abogado de la familia sin la intervención del ministerio público de la defensa, y sin tomar recaudos para asegurar la intangibilidad. De este modo la provincia está obligada a pagar dos veces por el daño ocasionado.

El fiscal de Estado le pidió al TSJ que se hiciera cargo con su propio presupuesto del pago del capital, intereses y demás costas «toda vez que dicha condena se debió a una falta de servicio» de un integrante del Poder Judicial.

El tribunal le contestó por acuerdo que no le correspondía pagar. Aquí la resolución.

Sostuvo que la constitución provincial indica que el estado provincial, las municipalidades y entes descentralizados son los que pueden ser demandados judicialmente:

La circunstancia de que la responsabilidad del Estado se origine por una falta de servicio por “error judicial”, no altera, en manera alguna, el régimen jurídico vigente por el cual se puede ser condenado en juicio.

(…) en el caso de la declaración de responsabilidad por daños ocasionados por alguno de los órganos que integran el Estado, será al titular del Poder Ejecutivo, en su calidad de Jefe de la Administración de la Provincia, a quien le corresponda afrontar, dentro de su ámbito, las obligaciones de dar sumas de dinero.

(…) incluso la jurisprudencia ha afirmado que una ley que obligue a pagar juicios al Poder Judicial con recursos derivados de su propio presupuesto resulta inconstitucional. En este sentido, se manifestó: «…atenta contra la independencia del Poder Judicial, pretendiendo condicionar a los Jueces al momento de fallar pues los colocan en un dilema totalmente improcedente: sentenciar conforme a la Constitución y las leyes que han jurado cumplir y hacer cumplir, dando a cada uno lo suyo, o hacerlo influenciados por el temor de que el Poder Judicial vea menguado sustancialmente su magro presupuesto…»

También aludió al presupuesto judicial y a la autarquía financiera, cada vez más menguada como se puede ver en el presupuesto 2016:

(…) Es en esta línea que, de las distintas leyes de presupuesto asignado al Poder Judicial, no surgen afectaciones presupuestarias para afrontar el pago de sentencias judiciales, –cfr. las distintas leyes de presupuesto sancionadas por la Honorable Legislatura.

si bien el Tribunal Superior de Justicia se encuentra habilitado para disponer de las reestructuraciones y modificaciones de las partidas presupuestarias que considere necesario, ello deberá vincularse, en todos los casos, con el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales

(…) no puede desconocerse que la referida autarquía, conforme lo revelan las últimas leyes presupuestarias de este Poder Judicial, se encuentra notoriamente comprometida.

Al tribunal le resultó preocupante el pedido del fiscal «que –aunque no sea la intención- pone en serio peligro la independencia del Poder Judicial y agrava la situación de pérdida de autarquía financiera que se viene arrastrando desde hace siete años.»

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Un comentario para El poder judicial no paga los «errores» de los jueces

  1. Escobart
    21 junio 2016, 11: 33 para 11:33

    Es curioso, más allá de lo improcedente del pedido del Fiscal de Estado, como el Poder Judicial considera que asumir las consecuencias de sus errores -falta de servicio- supone poner en riesgo su independencia. Es una idea de independencia por lo menos rara…

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