El TSJ dispuso que la fiscalía puede pedir la revisión de las medidas de coerción ante el Colegio de Jueces

2 mayo 2016, 16: 47

La sala penal cambió el criterio que había fijado apenas entró en vigencia el nuevo código procesal. Resolución completa.

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia integrada por Graciela Martínez y Guillermo Labate (ambos ya jubilados) había dirimido, en junio de 2014, una controversia respecto del alcance del artículo 118 del código procesal penal respecto si la fiscalía o la querella, ante el rechazo del pedido de una medida de coerción, les cabía ir ante el Tribunal de Impugnación o al Colegio de Jueces.

Dijeron: es competencia del Tribunal de Impugnación.

La semana pesada la nueva composición de la sala -que conforman Alfredo Elosú Larumbe y Soledad Gennari– cambió el criterio.

Dijeron: es competencia del Colegio de Jueces.

En la resolución -que se puede descargar aquí– entienden que:

Conforme lo planteara oportunamente el Sr. Fiscal del Caso (Maximiliano Breide Obeid), esta Sala entiende que una exegesis conglobada y armónica de las previsiones del artículo 118 del Código de Rito con los demás preceptos legales que regulan el control de las decisiones judiciales, permite concluir que el término “impugnada” contenido en la norma citada debe entenderse en su acepción de “susceptible de ser revisable o controlable” y no referida al recurso de impugnación que regula los artículos 233 y siguientes.

Al respecto, debemos señalar que el artículo 118 del C.P.P. presenta como titulo el término “Revisión”, por lo que estimamos es ésa y no otra la materia que regula.

Asimismo, en salvaguarda de una correcta administración de justicia, interpretamos que el procedimiento previsto para la revisión por ante el Colegio de Jueces procura una solución célere y eficaz para resolver la cuestión, en contraposición al trámite del recurso de impugnación, cuya interposición debe hacerse de forma escrita y presenta una mayor extensión de los plazos procesales; extremos estos que atentan contra la finalidad propia de la medida cautelar cuyo rechazo o revocación se intenta controlar.

La decisión va en concordancia con el proyecto de reforma del código del TSJ que modifica la redacción del artículo 118.

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