El Tribunal de Impugnación salvó las condenas en la causa Temux

Invocó el fallo de la sala penal del TSJ para anular los sobreseimientos. Los jueces le achacaron a la fiscalía la «ausencia de una adecuada o al menos oportuna diagramación estratégica» con las causas de transición lo que «deja entrever incluso cierta dejadez o temeridad institucional, arribándose a una situación límite.»

El fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia que interpretó que la etapa recursiva debía quedar fuera del plazo de finalización de las causas penales de transición, le dio el pie al Tribunal de Impugnación (TI) para anular los sobreseimientos dictados por la jueza Carolina González en la causa Temux, la estafa millonaria al BPN.

Aquí encontrarán el fallo completo del TI.

En el voto del juez Raúl Aufranc, al que adhirieron sus pares Juan José Eulogio y Mariano Etcheto se sostuvo que:

todo el debate que surgió en torno a la interpretación que debe dársele al art. 56 de la LOPJ, y más específicamente a la frase «finalización de los mismos», puede entenderse hoy como superada –en principio ante el pronunciamiento dictado por nuestro cimero tribunal provincial, quien en el Acuerdo Nro. 02/2016, en autos «LARA, JONATHAN s/ ROBO CALIFICADO» de fecha sumamente reciente -08 de Abril del corriente año-, se ha ocupado del tema, zanjando definitivamente la cuestión al menos dentro del universo de argumentos aquí planteados por las partes y mientras no se requiera un cabal replanteo de una cuestión ya debatida y resuelta en el ámbito de nuestro Tribunal Superior de Justicia, en lo que hace al marco propio del Recurso Extraordinario Provincial y sus finalidades concretas, entre ellas la de unificar jurisprudencia, inciso 3° del artículo 248 del CPP, en protección del principio de igualdad y en pos de brindar una mayor seguridad jurídica, previsibilidad y celeridad, propiciándose con ello una mejor administración del servicio de justicia. Esto último unido al rol institucional que naturalmente posee la máxima autoridad judicial en la provincia.

Y hubo, al final, un palito para la fiscalía:

Por último, y sin perjuicio de todo lo hasta aquí expuesto y a la decisión a la que he arribado, es dable advertir y resaltar la probable ausencia de una adecuada o al menos oportuna diagramación estratégica del MPF -a modo de sistema de prioridades- que hubiese permitido atender con mayores cuidados y responsabilidades a las causas de transición como la presente, resultando claro que las mismas merecían un impulso procesal prioritario por parte de dicho Ministerio, conforme facultades y compromisos propios de su función institucional (art. 120 CN), todo lo cual hubiera evitado resoluciones y planteamientos como los que aquí nos ocupan; situación ésta que deja entrever incluso cierta dejadez o temeridad institucional, arribándose a una situación límite para la vigencia de la causa, esto último en el sentido que lo aquí debatido y resuelto claramente constituyó una materia sumamente opinable que era probable que origine -tal como lo hizo resoluciones jurisdiccionales de distinto tenor, las que razonable e inevitablemente acarrearon (como consecuencia no querida, claro está) cierta inseguridad jurídica en el servicio de administración de justicia, hasta el dictado del reciente fallo «Lara» de nuestro Tribunal Superior de Justicia

De este modo se confirmaron las condenas a penas de ejecución condicional para: Félix Racco, Juan Pablo Bugner, Daniel Calabria, Carlos Herrera, Carlos Troiani y Emilio Brocca.

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