Una solución política

9 abril 2016, 1: 05

La sala penal del TSJ consideró que la etapa recursiva no está incluida en el trámite de las causas penales originadas en el sistema procesal anterior. Con este criterio le alargó la vida a los casos cuya suerte era confusa. Sentencia completa.

Siempre se dice que los fallos son políticos, y más aún los de los máximos tribunales. No es porque no sean fundados en derecho, sino porque son fruto de un determinado contexto que los habilita e interpela. Y esta no es la excepción. Había que salvar, y se salvaron.

Soledad Gennari y Evaldo Moya declararon nula la resolución del Tribunal de Impugnación (TI) que sobreseyó por extinción de la acción penal a un hombre que fue condenado por robo calificado. La controversia planteada tenía que ver con el plazo de dos años que prevé la ley orgánica de la justicia penal en su artículo 56 para la finalización del trámite de las causas de transición. Esta era una de ellas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debía definir cuándo concluía el proceso para los casos que habían sido elevados a juicio, o aquellos cuya instrucción había durado más tres de años, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, de corte acusatorio, el 14 de enero de 2014.

Antes de que se aproximara enero de 2016, cuando se cumplían los dos años, el TSJ buscó una salida política frente a lo que la fiscalía planteaba como la muerte de un número siempre indefinido de causasPara salvarlas impulsó un proyecto de ley que fijó un plazo máximo de nueve meses para resolver la impugnación ordinaria y extraordinaria. Sin embargo, la norma no fue publicada en tiempo y forma en el boletín oficial, y todo comenzó a tambalear. Especialmente con la resonante caída de la causa Temux.

Cuando este caso, el primero de su especie, llegó al TSJ tres de los cinco vocales se excusaron de intervenir, y dos de ellos lo hicieron porque consideraron que cuando enviaron a la Legislatura el proyecto de salvataje, adelantaron opinión.

“La elección de la interpretación más favorable”

El fallo del TSJ se puede descargar aquíTambién pueden consultar aquí la sentencia del TI y aquí la resolución del tribunal de juicio.

Quien hizo el voto fue Gennari y Moya adhirió en todo a sus términos.

La vocal sostuvo que:

la posible ambigüedad que podría traer el vocablo “…finalización de los mismos…” (en referencia a los procesos venidos del anterior sistema), acuñada en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal ha implicado un esfuerzo interpretativo por parte de litigantes y magistrados, originador de múltiples discusiones y pronunciamientos de diverso tenor. Y es claro que en este tipo de situaciones la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene destacando de forma reiterada que el dar pleno efecto a la voluntad del legislador es el fin primordial del intérprete

el debate parlamentario y su letra no deja dudas en cuanto al sentido que le habían asignado esos mismos legisladores a dicho término.

El voto mayoritario, para resolver del modo en que lo hizo, no sólo desatendió esa pauta exegética sino que acudió, al amparo de una supuesta “integración normativa”, a la letra del artículo 87 del Código Procesal Penal de Neuquén, pero de una manera equivocada, en tanto tomó parcialmente su texto.

Y digo que ello ha sido parcial, en tanto el plazo máximo de tres años que fija esta última norma lo es a partir de “…la apertura de la investigación preparatoria…”, asimilación que, desde ya, resulta forzada para los procesos venidos del anterior sistema procesal pues, como en este caso, carecen de aquel acto que necesariamente debe ser tomado como referencia temporal para declarar extinguida la acción penal.

es obvio que si los Legisladores hubieran deseado que las fases de impugnación ordinaria y de control extraordinario integraran las previsiones del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal lo habrían plasmado en su texto.

Por el contrario, al aludir al término “proceso”, nos está indicando un término jurídico concreto, el cual fue soslayado en la pieza sentencial, importando una sustitución de la voluntad legislativa por parte de los jueces, temperamento censurado por la Corte en múltiples precedentes.

Incluso, Gennari aseguró que el TI “desatendió”:

el esfuerzo para superar dicha situación coyuntural, en donde se ha efectuado un seguimiento concreto de los legajos de transición y la evaluación de las medidas para su culminación (Ac. 5258, punto 22), entre ellas, la incorporación de forma transitoria a la Jueces de Garantías de Niñas, Niños y Adolescentes para la realización de las audiencias inherentes a la adecuación de tales procesos (Ac. 5258, punto 4°), la prorrogación de esa labor jurisdiccional (Acuerdos 5227, punto 2° y 5364, punto 13°) y la habilitación horaria para la concreción de las audiencias (Ac. 5258, punto 22°).

En tal sentido, si la inminencia del debate ha sido estimada para descartar la afectación de la garantía del plazo razonable (vgr. C.S.J.N., Fallos 330:3502, del voto de la mayoría, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General; C.N.C.P., “Alonso, José L. y otros”, Sala IV, 09/03/09, entre otros), más se aleja de esa conculcación al caso concreto las medidas que, con ese ordenamiento programado en los Acuerdos de referencia, generaron la concreción de las audiencias y la finalización de los respectivos juicios atinentes a las causas de transición, tanto de responsabilidad como de la pena.

Como reflexión adicional, es correcto afirmar que el principio pro homine obliga a privilegiar la interpretación que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (C.S.J.N., Fallos 329:2265, 331:858, considerando 6° y 335:197, considerando 17°), pero no es menos exacto que la exégesis de la ley no puede superar el límite de razonabilidad y que la elección de la interpretación más favorable debe darse siempre dentro de ese ámbito y con una interpretación razonable y sentido común (C.S.J.N., Fallos 320:2649, con cita de fallos 306:796).

En este orden de ideas, el voto que hizo mayoría en la sentencia apelada, además de obviar las pautas hermenéuticas y las reglas de preferencia más elementales, alteró los alcances de una norma de derecho transitorio, al exigir –so pena de extinción de la acción penal- el cumplimiento de recaudos que ésta no fija en su articulado, lo cual trasciende a una interpretación posible, opinable o simplemente errónea y que se proyecta directamente en una exégesis inexacta, en tanto le acordó al artículo 56 de la L.O.J.P. un alcance impropio, desvirtuando su finalidad y aplicándolo de un modo distinto a como fue concebido; situaciones que han merecido el férreo rechazo de nuestro Máximo Tribunal Nacional de acuerdo a la doctrina ya enumerada.

Autobombo

Felicitaciones a quienes participaron de la encuesta que propusimos, acertaron:

1-

Etiquetas , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.