«Resoluciones como estas avasallan, socaban y afectan la autonomía funcional de este Ministerio Público Fiscal»

29 marzo 2016, 22: 48

Lo dijo José Gerez en una carta que dirigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, luego de conocida la decisión de la jueza de Zapala de imponer costas a la fiscalía, como parte vencida en un caso.

Los fiscales no pueden ver coartada su actuación por la amenaza de ser condenados en costas

Ese es el argumento central que expuso el fiscal general José Gerez en la carta (aquí completa) que dirigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, en la que manifestó su «preocupación» por la resolución de la jueza Carolina González que impuso el pago de costas a la fiscalía.

Moya y Gerez, separados por Gennari. Foto Matías Subat.

Moya y Gerez, separados por Gennari. Foto Matías Subat.

Planteó que le sorprendía que la magistrada «ignore o desconozca doctrina del máximo Tribunal», en relación a un antecedente del 2015 en el que los vocales rechazaron un recurso de revocatoria presentado por la fiscalía, y sostuvieron que tendrían presente en lo sucesivo una interpretación laxa respecto del pago en costas «a la luz de la autonomía y la función asignadas por la ley a los Ministerios Públicos que forman parte de este Poder Judicial.»

Más allá de si conocía o no González la resolución del TSJ al momento de decidir, no es vinculante la jurisprudencia del máximo tribunal.

De hecho aún cuando por economía procesal jueces y juezas se remitan a decisiones del TSJ, en reiteradas oportunidades dejan aclarada su opinión al respecto, especialmente cuando disienten en la interpretación.

Para Gerez:

resoluciones como estas avasallan, socaban y afectan la autonomía funcional de este Ministerio Público Fiscal, que, como único órgano del Estado encargado de la persecución penal del delito, debe ejercer su funciones bajo el principio de oficiosidad

Considero que estamos ante una decisión que atenta contra el espíritu y la esencia persecutoria que caracteriza al Ministerio Público Fiscal, y restringe el derecho de éste a ejercer libremente la acción penal en defensa de los intereses de la sociedad y, principalmente, de las víctimas, afectándose de este modo la garantía constitucional del debido proceso y la tutela judicial efectiva

Al fiscal no le gusta que se entrometan en su terreno:

quiero remarcarle que no es la primera vez, desde la vigencia del nuevo sistema procesal penal, que he notado que jueces y juezas realizan intromisiones en cuestiones relativas al modo de ejercer la acción penal pública por parte de este Ministerio

Sobre este punto, una de las juezas más críticas a la tarea de la fiscalía y que lo ha hecho explícito más de una vez en sus fallos ha sido Ana Malvido.

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