El proyecto de reforma del código procesal penal del TSJ «distorsiona el sistema vigente para dar una supuesta respuesta social»

16 marzo 2016, 7: 11

Lo dijo la defensa pública en un extenso documento en el que realizó sus observaciones a la iniciativa.

La defensa pública opinó sobre el proyecto de reforma del código procesal penal que elaboró el Tribunal Superior de Justicia.

Ya sabemos que cuando se le corrió vista a la fiscalía contestó con iniciativa propia.

El defensor general, Ricardo Cancela, elaboró un documento titulado «Reformar para volver al sistema anterior» que pueden descargar aquí.

Sus críticas apuntan, entre otros temas como el plazo total del proceso y la etapa de impugnación, a las modificaciones relativas a la prisión preventiva:

Es una contradicción presentar la prisión preventiva como una medida cautelar y otorgar pautas o criterios que llevan inexorablemente hacia la sanción previa. Se infringe el bloque constitucional, el debido proceso, la libertad y el principio de inocencia.

No se pretende que se comparta la visión de la defensa, lo mínimo es ser coherente, no es aceptable presentar el encierro como un éxito de la investigación dejando de lados los fines del proceso y considerando la libertad como excepción, menos aún fundamentarlo con Pactos Internacionales.

Hablamos de criterios sustancialistas cuando nos referimos al tipo de delito, a la pena en expectativa, que no sería de aplicación condicional, extensión del daño, condena anterior, causa en trámite, etc. y, para sus defensores, el criterio de referencia hace que la prisión preventiva represente una medida de seguridad.

Realizar atentados en contra de la víctima o su familia hace referencia a posibles hechos delictivos futuros, hace referencia a la peligrosidad penal del imputado y no a su peligrosidad procesal. Eso es un criterio sustancialista, pues no se trata de un peligro procesal. El hecho futuro de cometer un delito no se vincula necesariamente con el proceso ya iniciado que se pretende cautelar.

Pero aún si esto no bastara para el dictado de la prisión preventiva, la propuesta agrega el segundo párrafo transcripto que permite tener en cuenta –para decidir acerca del peligro de atentados- “la existencia de hechos violentos en contra del ofendido o su grupo familiar”.

Resulta a todas luces excesivo puesto que supone la aplicación irrestricta de la prisión preventiva a todo caso de delito violento. Gráficamente, es un cheque en blanco. Estos indicadores son ajenos a los peligros procesales y, por supuesto, exime al fiscal de su obligación de acreditar extremos impeditivos de libertad para el imputado, la sola alegación de hechos violentos contra la víctima y su grupo familiar dejan al imputado y a su defensa sin argumentos.

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