Juicio por jurados para todos y todas

7 marzo 2016, 7: 11

El fiscal general presentó su propio proyecto de reforma del Código Procesal Penal en el que plantea extender la competencia del jurado popular. Las coincidencias y las diferencias con la iniciativa del TSJ. 

Juicio por jurados, según Los Simpons.

Juicio por jurados, según Los Simpons.

El fiscal general José Gerez presentó en la Legislatura su proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Aquí encontrarán los fundamentos y aquí las modificaciones en el articulado.

Como dijimos hace una semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) elaboró su iniciativa, y en el acuerdo semana la compartió con los ministerios públicos para que hicieran sus consideraciones, antes de remitirla a la Legislatura.

Gerez, que al parecer sabía que las posibilidades de que introdujeran sus propuestas era remotas, se les adelantó, y antes de que el TSJ enviara el proyecto, mandó el propio.

De los 17 artículos que intenta modificar el TSJ, el fiscal acuerda con la redacción de 11, entre ellos todo lo relativo a prisión preventiva, el plazo para el juicio de cesura y la revisión del Colegio de Jueces de las decisiones de la jueza de Ejecución.

Juicio por jurados

La apuesta de Gerez es que todos los juicios criminales se definan por jurado popular. Entre sus argumentos plantea que se han realizado en todas las circunscripciones, salvo en la quinta, “que ningún juicio por jurados ha tenido que suspenderse por ausencia de ciudadanos y ciudadanas nombrados como jurados”, que las oficinas judiciales cuentan con la “experticia para echar a andar un sistema que funcione principalmente sobre la base de juicio por jurados” y que tienen menos problemas para “agendar audiencias de juicio por jurados con un solo juez que no haya intervenido con anterioridad en el caso, que para conformar tribunales colegiados.”

E incluso asegura que es menos costoso integrar tribunales populares que de juezas o jueces técnicos.

Según las cifras que muestra el proyecto:

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Cuando la pena sea inferior a los 15 años, la iniciativa establece que el tribunal popular estará compuesto por 6 jurados titulares y 2 suplentes, y cuando supere los 15 años se mantendrá en 12 titulares y 4 suplentes. Tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad deberá ser unánime, en todos los casos.

Si el jurado no alcanza la unanimidad en el plazo previsto, se le otorga uno nuevo que no podrá superar los dos días. Si continúa sin avanzar se lo declara estancado y la jueza o el juez le preguntará al acusador si desea seguir adelante. En caso negativo, se absuelve al imputado. En caso afirmativo, la jueza o el juez procede a disolver el jurado y se dispondrá la realización de un nuevo juicio con otra integración. Si el nuevo jurado también se declara estancado, la juez o el juez absolverá al acusado.

También propone modificar los requisitos para ser jurado, en lo referido a la edad: pasa de 21 a 18 años.

No se sorteará a la jueza o juez técnico que intervendrá en el debate, sino que será el que haya participado en la audiencia de control de la acusación.

Juicio directo, la disidencia

El Código prevé actualmente que el juicio directo, para los casos de flagrancia, sea por acuerdo. El proyecto del TSJ plantea que la defensa pueda formular oposición. Gerez, en cambio, señala que se haga siempre que la fiscalía lo solicite y acredite las circunstancias. 

“Se intenta combatir con este instituto al delicuente habitual, es decir aquel que hace de la delicuencia su modo de vida. Se procura la disminuación de hechos contra la propiedad u otros delitos que en su conjunto preocupan y mortifican a la sociedad“, asegura Gerez en su texto. De esta manera lograría que estos casos vayan si o si a juicio, tener una declaración de responsabilidad, y en definitiva, que quede un antecedente penal.

Otras modificaciones

  • Suspende los plazos del proceso controversial para los casos que sean derivados a mediación o conciliación, mientras dure la elaboración, proceso y ejecución de los acuerdos arribados
  • La decisión fiscal del criterio de oportunidad implica en si misma la extinción de la acción penal, con la imposibilidad de perseguir nuevamente a la persona por el hecho al que se ha aplicado el criterio
  • Incorpora los principios de la Declaración de Pulmarí en cuanto a que se respetarán las costumbres y métodos utilizados por los pueblos originarios para resolver sus conflictos y se prescindirá de la acción penal en caso que el hecho no afecte gravemente el interés público ni involucre un interés público prevalente; que atañe sólo a miembros de comunidades originarias reconocidas por el Estado; haya ocurrido únicamente en territorio reconocido por el Estado de las comunidades; el conflicto haya sido resuelto o avalado por una autoridad legitimada por las comunidades, y de aplicarse una sanción, la misma respete los derechos humanos
  • En acuerdos plenos, la supresión del requisito que establece que las penas acordadas no pueden superar los seis años
  • En cuanto al límite que tiene el fiscal para impugnar decisiones judiciales, el Código establece que no regirán si el imputado es funcionario público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la función. Se agrega que tampoco regirán en los casos de los delitos que perjudiquen la administración pública, independientemente de la calidad o no de funcionarios públicos de los autores y/o partícipes

Coyuntura

Más allá de las diferencias en el seno del TSJ, que esta situación pone en evidencia, cabe preguntarse si es el momento o no para que el poder judicial plantee una reforma de estas características.

Los proyectos irán a una Legislatura que comenzó a andar hace días, y de la cuál poco y nada sabemos. ¿Qué piensan estos diputados y diputadas del Código Procesal Penal?, ¿Qué opiniones escucharán y cuáles descartarán?, ¿Será posible hacerlo este año? En este contexto de crisis en el sector hidrocarburífero, que se desangra con despidos, y discusiones salariales abiertas ¿El gobierno provincial impulsará la reforma?

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Un comentario para Juicio por jurados para todos y todas

  1. Jorge
    7 marzo 2016, 9: 00 para 9:00

    Como van a hacer con la innumerable cantidad de delitos contra la administración publica que el MPF investiga?? Van a alcanzar los jurados?

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