Para la justicia provincial, se terminó el tiempo de la causa Fuentealba II

26 febrero 2016, 0: 36
La querella buscó imputar al exgobernador Jorge Sobisch, pero nunca lo logró. Foto Matías Subat.

La querella buscó imputar al exgobernador Jorge Sobisch, pero nunca lo logró. Foto Matías Subat.

La jueza Carina Alvarez sobreseyó a catorce de los quince imputados. Dijo que la causa no puede encuadrarse como violatoria de los Derechos Humanos, y por ende, debe aplicarse la extinción de la acción según prevé el artículo 56 de la ley orgánica de la justicia penal. “Aquel homicidio importó un obrar particular de un efectivo”, aseguró.

La causa en la que se intentó avanzar sobre las responsabilidades funcionales, operativas y políticas respecto del asesinato del docente Carlos Fuentealba, durante una protesta en Arroyito el 4 de abril de 2007, terminó con el sobreseimiento de catorce de los quince imputados.

Por el crimen fue condenado a prisión perpetua el cabo José Darío Poblete. Aquí encontrarán aquel histórico fallo.

En esta oportunidad la jueza de Garantías, Carina Álvarez, decretó la extinción de la acción penal por el cumplimiento del plazo de dos años previsto en el artículo 56 de la ley orgánica de la justicia penal para las causas de transición, es decir aquellas que venían del anterior sistema procesal. Aquí la resolución.

Esta es la audiencia completa con la argumentación de las partes:

Desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal, el 14 de enero de 2014, la fiscalía y las defensas pedían el sobreseimiento de los imputados, mientras que la querella solicitaba que la causa se encuadre como violatoria de los Derechos Humanos y buscaba que se avanzara en la formulación de cargos que alcanzaba, incluso, al exgobernador, Jorge Sobisch.

Pero si el caso se cerró, no es por responsabilidad de una norma procesal que fija el plazo razonable, sino de las propias idas y venidas que tuvo el expediente, ahora legajo.

No es la primera vez que se dictan sobreseimientos en la causa. Ya lo había hecho la jueza de Garantías, Ana Malvido, pero la resolución fue revocada por el Tribunal de Impugnación y luego ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. Hasta entonces no se había cumplido el plazo de dos años establecido en el artículo 56.

Para Álvarez, ahora, “el término fatal dispuesto se encuentra fenecido y por estricta aplicación de lo allí normado se debe declarar extinguida la acción.”

¿Por qué la jueza no hizo lugar al pedido de la querella, que sostiene que no resulta de aplicación el artículo 56 puesto que se trata de una causa de grave violación a los Derechos Humanos?

Esto respondió:

las violaciones a derechos humanos no corresponden a casos aislados y/o excesos de funcionarios individuales, éstas responden más bien a una determinada estrategia sistemática e institucional de control y dominación cuya intencionalidad es, justamente, producir efectos de miedo, amedrentamiento colectivo, que serán funcionales a los intereses y necesidades de los grupos de poder.

no cabe duda que el crimen de Carlos Fuentealba fue uno de los hechos que mas conmocionó a la provincia, y especialmente al gremio que lo agrupaba y defendía sus intereses, pero de ninguna manera cabe calificar las conductas primigeniamente imputadas a los encausados como crimen institucional por violación a los derechos humanos; puesto que no solamente no cumplen con la definición anteriormente señalada sino que además como bien informó a esta magistrada el Dr. Lucero (defensor), y es de público conocimiento, el homicidio del maestro fue juzgado oportunamente y el Tribunal de juicio encontró en Poblete al único autor material y penalmente responsable de aquel suceso que terminara con una vida y dentro del contexto de la protesta social por reclamo salarial. Pero en dicha sentencia quedó determinado que aquel Homicidio importó un obrar particular, de un efectivo de la fuerza policial provincial, pero que en nada configura un plan organizado, y que él y sólo él abusó de su función, tal es así que la sanción penal fue agravada, imponiéndosele prisión perpetua.

En definitiva, no se debe olvidar que los encausados fueron imputados de los delitos de Abuso de Autoridad (Art. 248 del C.P.), Incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal (Art. 274 del C.P.), Encubrimiento por favorecimiento personal (Art. 277 inc. 1 a) y Falso Testimonio (Art. 275 del C.P.), conductas que en nada cubren aquellas pautas definitorias de delitos que atentan gravemente contra los derechos humanos, pues se trata de delitos comunes. Todo lo cual me impide calificar a estos sucesos como crímenes institucionales, en los términos pretendidos por la Querella.

Entonces que el derecho internacional haya entendido como inadmisibles las disposiciones extintivas de la acción penal dictadas específicamente con la intención de impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos y la sanción de sus responsables, no implica que dicha idea puede extenderse a previsiones generales de extinción de la acción penal aplicables a cualquier caso en el que se investigue la comisión de un delito común.

La resolución de Álvarez puede ser recurrida, pero es muy díficil que su suerte cambie, al menos en el ámbito local.

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