El caso Temux y el plazo razonable

21 febrero 2016, 20: 14

Sobreseyeron a los imputados de la estafa al BPN. “Si cuando nos enfrentamos a posibles causas donde sabemos que si o si lo que dice la ley es que tenemos que declarar la extinción de la acción penal por vencimiento de los plazos no lo hacemos, lo que estamos haciendo es la contrareforma”, dijo la jueza.

Cinco de los seis imputados en la causa Temux, la estafa millonaria al Banco Provincia de Neuquén SAfueron sobreseídos por la jueza de Garantías de Zapala, Carolina González. Ellos son: Juan Pablo Bugner, Carlos Herrera, Daniel Calabria, Carlos Troiani y Emilio Brocca.

La defensa de Félix Racco no estuvo presente en la audiencia, pero como establece el Código Procesal Penal “cuando existan coimputados, la impugnación interpuesta por uno de ellos favorecerá también a los demas.”

No es la primera vez que la jueza está en el centro de la tormenta. Ya había ocupado ese lugar cuando revocó la prisión preventiva a dos imputados con una condena no firme de jurado popular.

El sobreseimiento se dictó en función del vencimiento del plazo en las causas de transición, previsto en el artículo 56 de la ley orgánica de la justicia penal. La audiencia se desarrolló un día antes de que el Tribunal de Impugnación -integrado por Raúl Aufranc, Mariano Etcheto y Juan José Eulogio, revisara la sentencia. Probablemente la misma integración sea la que intervenga para opinar sobre la decisión de González.

Aquí, aquí y aquí están los videos, publicados por el ministerio público de la defensa.

Si bien la resolución fue oral, aquí encontrarán la transcripción completa en PDF, gentileza de una buena amiga del sitio.

El caso data de 2004 y tardó diez años en llegar a juicio. Este no parece un dato menor, sobre todo ahora que se buscan responsables debido al impacto que provoca la noticia de los sobreseimientos.

Algunos pasajes destacados de la resolución:

El Estado provincial decidió auto limitarse: ponerse un límite y decir “voy a administrar justicia pero lo voy a hacer dentro de determinado tiempo. Fuera de ese tiempo ya no podré administrar justicia” esto es en principio como yo lo he entendido. Entiendo que esto obedece a un reclamo que formula la sociedad, que es objeto de crítica y todos lo sabemos y es que la justicia es lenta. Y la justicia que es lenta y la justicia que no llega no sirve. Y la sentencia que no se dicta es la peor sentencia. Entonces el legislador ha hecho este esfuerzo para recoger este déficit de la administración de justicia. Por lo tanto les decía que nuestro CPP fija plazos legales y fatales. Y por otro lado cuando nos dice cómo tenemos que aplicarlos nos da algunas guías, algunas instrucciones de uso. Una de esas instrucciones de uso es la celeridad. Nos dice que cuando ejercemos justicia, pretendemos administrar justicia desde el rol que toque, lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma eficaz y de forma rápida, con celeridad según las posibilidades con que se cuente.

Porque como dice Pastor permitirle a los jueces y no al legislador establecer los límites temporales de sus poderes es tan ingenuo como pedirle al lobo y no al pastor que cuide sus ovejas.

El Art. 56 nos dice que tiene dos años para la finalización del procedimiento. ¿Qué entiendo? Primero cuando leo el 56 veo lo que la ley me dice. Hago una interpretación literal y me queda claro que el procedimiento finaliza con una sentencia firme, en principio. Eso es lo que leo si solamente hago una interpretación literal. Después tengo que ver lo que dice el resto de nuestro ordenamiento jurídico provincial. Y cuando leo el resto entiendo – y acá le tengo que dar razón a la defensa en este punto – que claro: hay que vincularlo con el Art. 87. Son los dos años y esto tiene que ver (el título de las normas es importante. El título nos está hablando de términos totales). Si nos fijamos en el 87 nos dice que las causas que se inicien en el 2014 tienen plazo máximo de 3 años. Y las causas que vienen de antes del 2014 tendrán dos. Es decir que compensa o disminuye – como nos estaba diciendo la defensa – ese término de los tres años y lo disminuye a dos porque también quiere proteger a esas causas que vienen de antes con el plazo razonable. Dice que en causas que ya vienen trabajadas de antes tres años es mucho y por eso lo disminuye a dos.

No soy un simple aplicador de la ley. Porque sino sería fácil, autómata o como dicen mis colegas sería un juez ritualista, formalista que aplica la ley y no se fija en otras cosas. Bueno: voy a hacer el esfuerzo y me voy a fijar en otras cosas. Levanto los ojos del CPP y miro lo más importante: nuestra constitución y los instrumentos internacionales para ver a qué se refiere finalización del proceso. Y cuando voy a ver a qué se refiere finalización del proceso tengo en cuenta que este Art. está implementando el instituto del plazo razonable.

Claro que tampoco fue interés de los legisladores provinciales crear un manto de impunidad. Nadie está diciendo eso. Los legisladores provinciales lo que nos estaban diciendo es que teníamos que actuar con celeridad, como dice el Art. 7. Y han fijado un plazo que ellos han entendido con razonabilidad y que yo en este momento no voy a cuestionar en cuanto a la razonabilidad de si estos dos años son suficientes o no.

Pero también quiero decir otra cosa: el instituto del plazo razonable no es un instituto que está previsto por el legislador solamente para proteger al imputado. El instituto del plazo razonable – y quizás es bueno que los operadores de justicia lo empecemos a ver así y hacer una reinterpretación de estos artículos – es para proteger al ciudadano también y es para proteger a la víctima. Porque la víctima también está necesitada y nos pide que hagamos justicia en tiempo.

Si cuando nos enfrentamos a posibles causas donde sabemos que si o si lo que dice la ley es que tenemos que declarar la extinción de la acción penal por vencimiento de los plazos no lo hacemos, lo que estamos haciendo es la contrareforma: seguir trabajando con el código anterior y no incentivarnos para trabajar con celeridad que es como deberíamos hacerlo. Es decir: nos tapamos y ponemos parches y no es la forma ideal de trabajar.

Les quiero decir: quizás por esta cuestión de difusión de las decisiones pueda pensarse que esto lleva a situaciones de injusticia. Si se piensa eso, si realmente se piensa que este plazo del 56 ha sido abrupto y no es posible cumplirlo trabajando bien, lo que hay que hacer es pedir la inaplicabilidad de la ley y presentar una excepción de inconstitucionalidad en los términos del Art. 28.

También dejo dicho que a futuro y como tarea de todos creo importante que los ciudadanos tengan derecho a saber cuándo o se trabajó mal o no se pudo trabajar bien y a eventualmente hacer los reclamos que correspondan, ya que entiendo que aunque desconozco el detalle de esta causa, entiendo que está en juego patrimonio de la provincia de Neuquén y está aquí presente el Dr. Coto (querellante) que ha venido a representar esos intereses

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