Gatillo fácil: rechazan el pedido de extinción de la acción y ratifican la pena al expolicía Méndez. Fallo completo

19 febrero 2016, 0: 10

El Tribunal de Impugnación consideró que la existencia de una sentencia firme respecto de la responsabilidad, y el recurso de queja que se encuentra pendiente de resolución impiden declarar el vencimiento de los plazos.

El Tribunal de Impugnación -integrado por Alejandro Cabral, Liliana Deiub y Gladys Folone– ratificó por unanimidad la sentencia que condenó a 20 años de prisión al expolicía Héctor Méndez por el asesinato de Matías CasasAquí encontrarán la resolución.

El hecho ocurrió el 22 de julio de 2012 y fue el primer caso de gatillo fácil que se juzgó por jurado popular.

Méndez fue declarado culpable por  homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el abuso de la función de policía, pero luego fue modificada la calificación legal, y por ende, la pena. El fallo que fijó el nuevo monto se emitió en diciembre de 2015.

El defensor, Carlos Ronda, había pedido el sobresesimiento por extinción de la acción penal invocando el artículo 56 de la ley orgánica de la justicia penal. Sin embargo, los jueces desestimaron la petición.

Cabral dijo:

La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que Méndez fue declarado responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (art. 79 y 41 bis del CP), sentencia esta que se encuentra firme respecto de la defensa, no así de la querella y la fiscalía. Que lo que aún no se encuentra firme para la defensa es la pena impuesta.

(…) Siendo ello así, y si bien no podemos hablar técnicamente de firmeza para las partes acusadoras, si ha finalizado una parte del proceso para la defensa en cuanto ella no ha cuestionado la declaración de responsabilidad 

En segundo lugar, hay una queja ante la CSJN pendiente de resolución en donde los acusadores pretenden que la calificación dada al hecho sea la de homicidio calificado por el abuso funcional (art. 80 inc. 9° CP).

Este no es un dato menor puesto que si la defensa pretende interpretar el art. 56 LOJP a la luz del art. 87 CPP, en el que se establece que el proceso “tendrá una duración máxima de tres (3) años improrrogables, contados desde la apertura de la investigación penal preparatoria. No se computará a esos efectos el tiempo necesario para resolver el recurso extraordinario federal. Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado”, quiere decir que estando pendiente el recurso extraordinario federal hay imposibilidad de declarar la extinción de la acción penal. Ello por otra parte tiene una lógica, pues sería absurdo que estando pendiente un recurso ante la Corte se declarara la extinción de la acción penal, pues – en el presente caso- si se le diera razón a los acusadores en la calificación legal del hecho, la sentencia sería de imposible cumplimiento por haberse declarado su extinción.

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