“Resulta absolutamente irrazonable sostener que el derecho al recurso se encuentra afuera del proceso penal”

17 febrero 2016, 20: 38

Por mayoría, el Tribunal de Impugnación decretó la extinción de la acción en la primera causa de transición que le tocó resolver. “No se puede adaptar la interpretación de la ley a las deficiencias operativas de la nueva organización procesal”, dijeron. En minoría quedó la postura que contempla que el proceso culmina con el juicio.

El Tribunal de Impugnación (TI) integrado por Florencia Martini, Héctor Rimaro y Andrés Repetto decretó la extinción de la acción penal  por el vencimiento de los plazos, en función del artículo 56 de la ley orgánica de la justicia penal. Aquí encontrarán la resolución completa.

La fiscalía ya anticipó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, integrado en este caso por Soledad Gennari y Evaldo Moya. Alfredo Elosú Larumbe no pondrá intervenir porque lo hizo en el juicio.

En este post encontrarán la audiencia completa ante el TI con los argumentos de las partes.

La sentencia refleja algo de lo que hablamos aquí: las dos grandes posturas que existen respecto de cuándo finaliza el proceso.

Martini consideró en su voto que el artículo 56 debe leerse en concordancia con el 87 del código de procedimiento:

el plazo que fija el segundo párrafo del art. 56 de la ley orgánica para la justicia penal -para las causas de transición- debe ser interpretada armónicamente con el art. 87 del Código Procesal que fija el plazo total de duración del proceso en tres años, excluyendo del mismo al recurso extraordinario federal.

La única excepción prevista legalmente está dada por la suspensión de los plazos prevista por el art. 52 para aquellos imputados que fueses declarados rebeldes.

No se puede adaptar la interpretación de la ley a las deficiencias operativas de la nueva organización procesal penal de la Provincia, tal como subrepticiamente lo propone el Sr. Fiscal, cuando asume que, por error, la Fiscalía asumió la readecuación de las causas que se hallaban elevadas a juicio- que debieron ser tramitadas por la Oficina Judicial-, por lo cual tal organismo no estuvo en condiciones de responder a la demanda real del sistema colocando un límite “operativo” al plazo fijado por ley para la finalización de los procesos.

Con idéntico argumento la fiscalía podría plantear  dentro de un año -para las causas de transición previstas por el primer párrafo del art. 56 como así respecto de las causas iniciadas bajo el nuevo régimen- la no aplicación de la normas (art. 56 primer párrafo, Ley 2891 y art. 87 del CPP). Ello implicaría adecuar la ley a las necesidades del sistema echando por la borda las conquistas que –en término de derechos- se obtuvieron con el nuevo código procesal penal, circunstancia que –a mi entender- resulta inadmisible.

El admitir interpretaciones laxas de las normas, a fin de tergiversar la teleología de la ley, extendiendo arbitrariamente los plazos fatales que el código procesal penal de la provincia ha fijado para el proceso, socava el derecho de toda persona a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable.

Repetto adhirió a los fundamentos de Martini:

la evidencia más clara de que el 14 de enero del 2016 se extinguía la acción penal en todas aquellas causas a las que corresponde aplicar el artículo 56, es el hecho de que el propio Tribunal Superior de Justicia elevó a la Legislatura Provincial un proyecto de ley conforme el cual se pretendía extender el plazo de tramitación de las impugnaciones ordinarias y extraordinarias por 9 meses. Si ello fue así, es porque resulta perfectamente claro que el día 14 de enero fenecía el trámite de las causas ya indicadas, pues de lo contrario no hubiera resultado necesaria la sanción de dicha ley.

Rimaro, en su voto de minoría, sostuvo todo lo contrario:

El juicio finalizado reitero, para ser tal, se compone de formas sustanciales (acusación, defensa, prueba y sentencia). Verificados estos extremos puede afirmarse haberse realizado o concretado el debido proceso legal. Vale decir que el registro de la “totalidad” de esos presupuestos en el mentado lapso de dos años es lo que razonablemente cabe interpretar el legislador ha tenido en cuenta al usar la palabra “proceso”, sin contemplar que además en ese interregno tuviera lugar actividad impugnativa (aunque más no sea la ordinaria).

Por otra parte, siendo de público y notorio las miles y miles de causas del viejo sistema que previsiblemente recalarían en dependencias de la Fiscalía para su adecuación, al tiempo que debían recibir inmediato avocamiento los casos que se generaran a partir del nacimiento del nuevo ordenamiento procesal penal, resulta también razonable interpretar que el legislador provincial no ha pretendido que ese lapso de dos años resultara comprensivo de la impugnación.

Incluso dijo que la fracasada ley que no fue publicada en tiempo y forma:

al prescribir expresamente que existe un plazo de nueve meses para resolver la impugnación ordinaria ante el Tribunal de Impugnación y extraordinaria ente el Tribunal Superior de Justicia, resulta evidente que lo atingente al contralor (eventual) no estaba comprendido en la redacción del segundo párrafo del art. 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal. Si así no fuera, carecería de sentido el dictado de la novel ley. Y, huelga decir, esta interpretación no se opone al art. 87 del CPP porque éste resulta de aplicación a los casos gestados a partir del 14 de enero de 2014, no a causas que, por efecto de la trascendente reforma operada en la provincia, integran la constelación de las llamadas “de transición”.

En la misma jornada se conoció la decisión de la jueza de Garantías, Carolina González, de declarar la extinción de la acción en la causa Temux, un día antes de que el Tribunal de Impugnación revisara la sentencia condenatoria. En los próximos días publicaremos la audiencia completa.

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