Para el Colegio de Jueces, si el juicio comenzó antes del 14 de enero de 2016, la causa no cayó. Fallo completo

11 febrero 2016, 22: 12

El caso es del 2011. El debate se abrió el 12 de enero pasado, dos días antes de que venza el plazo previsto en el artículo 56, y se reanudó en febrero. En la sentencia se le achaca al imputado “la dilación procesal en el tiempo de transición.” Las posiciones dentro del Tribunal de Impugnación.

Alejandro Forno fue declarado culpable el 11 de febrero de 2016 de ser coautor del delito de robo agravado por el uso de arma, cometido el 12 de noviembre de 2011.

El juicio comenzó el 12 de enero pasado, dos días antes de que se cumpliera el plazo previsto en el artículo 56 de la ley orgánica de la justicia penal para las causas de transición. El defensor, Luis Maria Varela, solicitó la suspensión del debate porque había asumido recientemente el cargo y necesitaba estudiar la causa. El tribunal, integrado por Ana Malvido, Martín Marcovesky y Mauricio Zabala, se lo concedió.

El 3 de febrero, cuando se reanudó el debate, Varela pidió el sobreseimiento por extinción de la acción penal. Sin embargo, el tribunal avanzó con el juicio, y al momento de dictar sentencia rechazó el planteo. Aquí el fallo completo. Ahora resta fijar el monto de la pena.

Los jueces sostuvieron que el caso fue elevado a juicio a mediados de 2013 y que a partir de esa fecha tuvo una:

dilación grosera, la mayoría de las veces, por la conducta asumida por Forno, quede manera sistemática, designó a lo largo de todo este tiempo, distintos defensores. No obstante, con fecha 12 de enero del corriente año, esto es, antes de producirse el vencimiento del plazo previsto en el artículo 56 de la Ley, se dio comienzo al debate del respectivo juicio oral y público.

En consecuencia, habiéndose comenzado el juicio, etapa fundamental del proceso, antes del vencimiento del plazo previsto, para su finalización, el tiempo previsto en la manda legal en cuestión no ha vencido.”

(…) Claramente la solución prevista en el 56 no puede razonablemente ser impuesta en el caso, toda vez que afecta un principio de orden constitucional que va más allá de la aplicación automática de una norma procesal diseñada como el medio para un específico fin. Es decir el medio no resulta, en éste caso, razonable respecto del fin perseguido. Así lo establece el art. 28 de nuestra Constitución Nacional. En cuanto a la afectación de derechos y garantías inherentes al imputado, la sola reseña del íter procesal da cuenta que fue la propia actividad de Forno, sin hacer un juicio de valor sobre dicha conducta, la que motivó la dilación procesal en el tiempo de transición. Lo contrario importaría sostener un criterio meramente formulista y/o ritualista, sin verdaderamente ingresar a un sincero análisis de afectación de garantías constitucionales.

El Tribunal de Impugnación deberá resolver su primer caso controversial el miércoles 17 de febrero, y no puede asimilarse a este porque presenta características diferentes.

Por lo que hemos consultado hay dos grandes posturas entre jueces y juezas de Impugnación (algo adelantamos en este post). Por un lado, quienes creen que si el juicio se realizó antes del 14 de enero de 2016 la acción no está extinta, e incluso algunos opinan que sólo con la declaración de responsabilidad, sin la cesura, alcanza. Por otro lado, están quienes aseguran que el artículo 56 de la ley orgánica debe interpretarse a la luz de lo que establece el código de procedimiento en su artículo 87, en cuanto a que la duración máxima del proceso incluye la impugnación ordinaria y extraordinaria, y excluye el recurso extraordinario federal.

En ninguna de las dos interpretaciones se contempla que una causa como esta, en la que el debate se inició antes del 14, pero no concluyó, puede seguir con vida y no caer. Habrá que esperar, y no apresurarse en las conclusiones. Quizás haya una integración de Impugnación que coincida con la lectura del Colegio de Jueces.

Como hemos dicho permanentemente, será la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, conformada por Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, la que tendrá la última palabra.

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