Una ley “abiertamente inconstitucional”

26 noviembre 2015, 11: 00

Tanto el Colegio de Abogados, como el defensor penal Gustavo Vitale, plantearon que la reglamentación del plazo de impugnación para las causas de transición viola garantías. El proyecto fue aprobado en la Legislatura.

Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) remitió a la Legislatura un proyecto de ley para reglamentar el plazo de las etapas recursivas en las causas penales de transición.

La iniciativa fue rápidamente tratada por dos motivos: la finalización del período ordinario y el cambio de composición en la Cámara a partir del 10 de diciembre, y el inminente vencimiento que estable la ley orgánica de la justicia penal.

El TSJ planteó un plazo máximo de nueve meses para la resolución de la impugnación ordinaria y extraordinaria en las causas que vencen en enero próximo. La decisión se dio en el contexto de reclamos de familiares de víctimas de abuso sexual que temían la caída de los procesos en curso.

El martes pasado el proyecto logró despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y en la sesión de ayer (que no estaba prevista en el calendario) fue aprobado en general: 27 votos afirmativos y 4 negativos.

Los legisladores que se expresaron en contra fueron: Jesús Escobar (Libres del Sur), Beatriz Kreitman (CC), Daniel Baum (Democráta Cristiano), y Gabriel Romero (FR). 

Salvo Romero, los dos diputados y la diputada argumentaron que la iniciativa era “abiertamente inconstitucional” y lo que se buscaba era algo así como “tirarle un salvavidas” a la fiscalía que no había podido cumplir con los plazos estipulados por ley (cabe aclarar que el proyecto no provino del ministerio público, y de hecho el “plan” del fiscal general era otro).

Este jueves se aprobó en particular por mayoría.

¿Por qué es inconstitucional?

La comisión directiva del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén opinó (aquí en PDF) que:

una postergación legal de los tiempos de fenecimiento del proceso penal nunca puede resultar aplicable a esos procesos que ya se encuentran en trámite bajo la regla legal previa y que caducan necesariamente con fecha 14 de enero de 2016, incluyendo la actividad recursiva que el artículo 56 ley 2891 no excepciona ni deja al margen de la regla.

Si se decidiese tal postergación se estaría agravando -mediante una ley posterior- las condiciones procesales y sustanciales de aquellas personas a quienes en la actualidad se está enjuiciando bajo un determinado sistema legal.

El defensor penal Gustavo Vitale fue más allá y dijo que el proyecto era directamente ilegítimo. A continuación algunos fragmentos y aquí encontrarán el texto completo:

Es claro que la ley penal o procesal penal no puede ser retroactiva (art. 22 del CPP: “Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo”) y que sólo puede serlo, por excepción, cuando ella es más benigna para la persona sometida a proceso (art. 8: “Siempre se aplicará la ley procesal penal más benigna para el imputado”). La Constitución de la Provincia del Neuquén es bien clara al respecto, cuando, además de sostener el juicio previo debe fundarse en “ley anterior al hecho del proceso” (lo que implica que esa ley rige para el futuro), expresa que “siempre se aplicará, aun por efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado” (art. 62).

lo que no puede discutirse es que una ley no puede extender un plazo máximo que rige para ciertas y determinadas causas en trámite, porque ello implicaría aplicar ese nuevo plazo para el pasado (para causas ya iniciadas antes de esa nueva ley).

En suma, se proyecta una ley indiscutidamente inconstitucional, que sólo defraudará una vez más a los que contaban con la actuación eficaz de un Ministerio Público que, conociendo los plazos desde hace dos años, no logró el juzgamiento que hoy ilegalmente se pretende.

Sería deseable que este empeño reformista no produzca las expectativas previsibles en quienes, con toda legitimidad, reclaman por una respuesta penal frente a hechos que los afectaron. Porque, de no ser así, generará, como consecuencia ineludible, enormes frustraciones (que pudieron evitarse con sólo haberse cumplido los plazos legales).

La falta de justicia penal (en algunos casos) no es consecuencia de la ley que rige el proceso penal sino, en cambio, de quienes no cumplen con ella y, para colmo, luego pretenden reformarla aún en contra de algo que tanto nos constó en esta larga etapa de consolidación de la democracia: el respeto de la ley y, sobre todo, de la ley fundamental.

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