El Tribunal Superior de Justicia elaboró un proyecto de ley que dispone un máximo de nueve meses para resolver las impugnaciones ordinarias y extraordinarias en los casos previstos en el artÃculo 56 de la ley orgánica de la justicia penal.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó un proyecto de ley (aquàla iniciativa y aquàel acuerdo extraordinario) que reglamenta el plazo de las etapas recursivas en las causas penales de transición.
Como recordarán el artÃculo 56 de la ley orgánica de la justicia penal establece que:
Para las causas iniciadas bajo el régimen de la Ley 1677 que continúen su trámite bajo la modalidad del nuevo proceso previsto en la Ley 2784, los plazos totales comenzarán a computarse, Ãntegramente, desde la entrada en vigencia de la nueva Ley.
En los casos de causas elevadas a juicio o aquellos en los que la instrucción haya durado más de tres (3) años, tendrán un plazo de dos (2) años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos.
Cuando el fiscal general José Gerez impulsó su plan de medidas extraordinarias con la pretensión de evitar que las causas se cayeran, una de las preguntas que nos hicimos en ese momento era qué significaba “finalización de los mismos”.
Sobre este punto es el que avanza el proyecto, pues fija un máximo de nueve meses para la resolución de la impugnación ordinaria ante el Tribunal de Impugnación y la extraordinaria ante el TSJ en los casos que concluÃan en enero de 2016.
Entre los fundamentos se señala que:
Como todo proceso de transición, requiere de los ingentes esfuerzos de todos los actores para asumir sus nuevos roles y además es necesario establecer un parámetro aclaratorio para los casos remanentes del viejo sistema.
Entendemos que esta norma viene a brindar mayor seguridad jurÃdica para la sociedad toda, y especialmente estableciendo el alcance de la etapa recursiva en los casos de transición. Fijando un plazo fatal e improrrogable en consonancia con el espÃritu del Nuevo Código Procesal Penal y leyes complementarias.
Esta propuesta se proyecta en función de una exhaustiva evaluación sobre la base de constataciones empÃricas de la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, debidamente clasificada y evaluada por la Comisión de Seguimiento, creada por el Tribunal Superior de Justicia.
El proyecto surgió en el contexto de reiterados pedidos de familiares de vÃctimas, especialmente de casos de abuso sexual, que temÃan que las causas pudieran vencer. Deberá ser tratado cuanto antes en la Legislatura, ya que además de la sesión de hoy, quedan solo dos del perÃodo ordinario fijadas para el 2 y 3 de diciembre.
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