Sobre la judicialización de la política

27 octubre 2015, 21: 58

river-fisherman-fishing-rods-fly-fishing-fishing-fishing-lines-suit-equipment-mood-hobbiesUn intendente en funciones fue enjuiciado por incumplimiento de los deberes y malversación de caudales. El juez lo absolvió y dijo que nunca se probó la «actitud dolosa» y que en el nuevo sistema procesal «no se puede ir a la pesca u ofrecer testigos por las dudas.»

Juan Domingo Linares, actual intendente de Junín de los Andes, fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Por el primero de los delitos también fue imputado el funcionario municipal, Alejandro Regueiro. Ambos resultaron absueltos por el juez Mario Tommasi en un fallo que pone de relieve la vieja discusción sobre la judicialización de los conflictos políticos.

Aquí encontrarán la resolución completa.

El fiscal Manuel González lo acusó a Linares de violar la carta orgánica, ordenanzas y leyes al:

haber omitido ejecutar las inversiones en obras de infraestructura en el Area Parque Industrial de Junin, a raíz de lo cual impidiera el acceso del adquiriente de los lotes 1 y 2 de la chacra 22, Antonio Benvenuto y/o Empresa GNC Junin de los Andes, a los servicios de agua potable, energía eléctrica, red cloacal y gas natural.

también que le dio una aplicación diferente a los caudales que administraba, que aquella para lo cual estaban destinados, sacando fondos de la cuenta del Parque Industrial, ocasionando perjuicio al servicio para lo cual estaban destinados, impidiendo asi que Antonio Benvenuto tenga los servicios de agua potable, energía eléctrica, red cloacal y gas natural, abonando con ese dinero distintas prestaciones de servicios, adquisición de diversos insumos y y contratos de personal, dichas transferencias bancarias fueron suscriptas por Andrea Silvia Rosso, en su carácter de vice- intendenta de la Municipalidad de Junin de los Andes

A la imputación adhirió el abogado querellante Eulogio Rivero.

El defensor Saúl Castañeda sostuvo:

no se probó el dolo de los imputados, la intención de causar daños, se podría hablar de ineptitud en sus funciones pero no de delito penal, se debe tener presente que se contrató con una S.A., con una persona jurídica representada por el Sr. Benvenuto, las S.A. deben y saben resguardase de los riesgos. Se confunde negligencia con dolo, no se prueba un a conducta intencional para no ejecutar leyes. El art.36 de la Carta Organica habla de la discrecionalidad de los actos políticos. No se puede desconocer que los imputados no tenían el dominio total del hecho para colocar los servicios dependían de otros entes autárquicos con los que había que interactuar, EPAS, EPEN y CAMUZZI.

«Resulta lamentable este tipo de juicio»

Para Tommasi:

La gran mayoria de los testigos se expresó con mayor o menor grado de critica o simpatia, a la gestion de Linares, según fuera o no de su linea politica,expresandose básicamente sobre el funcionamiento del parque industrial de Junin de los Andes,para algunos ,no se hizo nada,otros casi nada y otros algo se hizo, nadie destacó la gestión de Linares en este punto. Los interrogatorios, básicamente, apuntaron a la colocacion de los servicios y si esto era obligatorio o facultativo de la Municipalidad

Impresiona esa acusación como una dolosa y hasta perversa confabulación de Linares y Regueiro para perjudicar al Sr. Benvenuto. Nada de esto se probó en juicio, ni la gestión municipal del ex intendente Campos ni la del actual intendente Linares le consiguió la colocación de los servicios mencionados. En ningún momento se acredita una intención dolosa por parte de los imputados de no ejecutar leyes cuyo cumplimiento les incumbiere y menos para perjudicar a Benvenuto o GNC Junin de los Andes.

El juez consideró que no hay ilícito penal:

Las leyes que menciona como incumplidas el Sr. Fiscal y el Querellante, son obligaciones genéricas que se resuelvan con discrecionalidad política, tal como lo afirma la defensa. Si esa discrecionalidad perjudica a una empresa o persona esta tiene la posibilidad de accionar jurídicamente en el ámbito respectivo, administrativo o civil, pero intentar convertir esta problemática jurídica en un ilícito penal resulta contrario a derecho.

Numerosos casos pueden plantearse como ejemplos, un barrio que no tiene en sus casas red de gas natural, hay tratativas con CAMUZZI GAS DEL SUR estando cerca de conseguirla, cambia la administración municipal, la que asume dá prioridad a otra cuestión, otro ejemplo, empresas que en el mismo parque industrial le falte algunos de los servicios, ¿pueden considerarse esta situaciones delitos penales?, el sentido  común y el derecho penal indican que no, de lo contrario, no habría funcionario político sin causa en trámite, ni condena.

Lo que la ley penal pretende es sancionar al funcionario que emplea la autoridad recibida para violar la constitución o las leyes y usa su cargo a los efectos de actuar ilegalmente. Sanciona al funcionario público que omite cumplir la ley, de forma intencional, con dolo, de manera que queda de lado la conducta negligente.

(En cuanto a la imputación por malversación) nada se dijo en juicio sobre si Linares debía responder como instigador, participe primario o secundario, solo se dijo que fue autor, lo que técnicamente resulta imposible, toda vez que autor es quien tiene la posibilidad de disponer de esos bienes y decide, con su firma, darles un destino diferente a aquel para el que estuvieren reservados y esta fue Rosso, quien fuera sobreseída por este hecho, al reintegrarse el dinero a la cuenta del Parque Industrial, tres meses después, dentro del mismo ejercicio conforme lo exige la ley de contabilidad 2141.

En suma, el juicio fue una gran pérdida de tiempo:

Debo manifestar que resulta lamentable este tipo de juicio, carente de sustancia, de tres días de duración con numerosos testigos, que se presentan sin ser examinados previamente por las partes que los ofrecen,tal como lo exigen todos los libros de litigación que hablan de este nuevo sistema procesal implementado en la provincia del Neuquén, llegando a decir Andres Harfuch que no examinar a los testigos que presenta cada parte es mala praxis profesional y funcional ya que de ello depende, en gran medida el resultado del juicio, y un profesional no puede ir a la pesca u ofrecer testigos por las dudas, sin saber que van a decir. Se deben cuidar los recursos del estado y evitar la pérdida de tiempo de los funcionarios.

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2 comentarios para Sobre la judicialización de la política

  1. Manuel Gonzalez
    28 octubre 2015, 17: 06 para 17:06

    Ya que destacaron tanto el Dr. Tomasi como el Sr, Berto usare la palabra «lamentable»
    Lamentable: es que esta sentencia no puede ser recurrida
    Lamentable: es la sentencia del Dr. Tomasi atento que resulta absolutamente tendenciosa, al referir o inducir que la Fiscalía «se fue de pesca» al no entrevistar a los testigos. Todos los testigos de la Fiscalia declararon previamente y sabia perfectamente que iban a declarar y asi lo hicieron. Si un juez confunde entrevistar con «preparar» resulta lamentable. Lo que he dicho en este juicio es que no me gusta «preparar, inducir, sugestionar, etc.» testigos porque pierden espontaneidad y en un ontraexamen se ven desorientados; como si le paso a los testigos de la Defensa (que desistió de varios de ellos)
    Lamentable: es que el Juez Tomasi no mencione ni un solo testigo de la Fiscalia, que considere que no aporto algo importante o que la fiscalia uso «de mosca»
    Lamentable: es que despues de 3 horas de alegatos, y de 2 años y medio de investigación, el juez se haya tomado solo 30 minutos para dictar el veredicto; y lo que es peor aún, que los abogados defensores, festejen antes de conocerse el mismo.
    Lamentable: es que el juez Tomasi omita deliberadamente referir que hubo un juez de garantias, que tuvo por formulados los cargos
    Que omita referir que un juez, en el control de acusacion, y ante el sobreseimiento instado por la dfensa, considero que existian elementos suficientes para elevar a juicio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico.
    Que omita referir que si bien un juez en el control de acusación sobreseyo a los imputados por el delito de malversacion de caudales publicos; fue el TRIBUNAL DE IMPUGNACION integrado por los Jueces Andres Repetto, Federico Sommer y Walter Trincheri, quienes REVOCARON EL SOBRESEIMIENTO y por eso se llego a este «lamentable» juicio.
    Lamentable: es que el Juez Tomasi, ante una formulacion de cargos efectuada por un Fiscal, sobresea en esa audiencia y le imponga costas al querellante y NO al Fiscal (que despues fueron revocadas por un Tribunal de Impugnación.
    Lamentable resulta esta reforma procesal penal para el Ministerio Publico Fiscal, y en consecuencia para la sociedad.
    Lamentable: es la absoluta falta de respaldo que tenemos los Fiscales del Caso, especialmente de nuestros Superiores
    Lamentable: siguiendo el razonamiento de Juez Tomasi, es que existieron todos los «filtros» para llegar a un juicio (formulacion de cargos, controles de Acusacion, impugnación, etc, y la intervención de por los menos 6 jueces – 3 de ellos de impugnacion, y ninguno de ellos pudo evitar este «lamentable» juicio.

  2. José Pueblo
    29 octubre 2015, 13: 54 para 13:54

    Fiscal, ponéte a laburar que ya vienen varios casos para atrás …

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