Cambios en la integración del tribunal que resolverá la acción de inconstitucionalidad contra la evaluación de jueces

30 septiembre 2015, 2: 02

Outsourcing_IntegrarRRHHCesó el impedimento que motivó la excusación de Labate y fue desestimada la recusación contra Gerez. A propósito del tema, el TSJ rechazó un pedido de informe del Consejo de la Magistratura al juzgado civil de La Angostura.

Los vocales Guillermo Labate, Evaldo Moya, Ricardo Kohon, el fiscal José Gerez (subrogante) y el conjuez Dante Huarte deberán resolver la acción de inconstitucionalidad planteada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios que pide se declare la nulidad del inciso 3 del artículo 251 de la Constitución provincial que prevé la evaluación periódica de idoneidad y desempeño de jueces, juezas y funcionariado judicial por parte del Consejo de la Magistratura.

También la Asociación solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley 2533 del Consejo y de su reglamento de evaluaciones.

Hace cinco años que el Tribunal Superior de Justicia mantiene vigente una medida cautelar que suspendió la función de evaluación concedida al Consejo, y recién este año estará en condiciones de expedirse sobre la cuestión de fondo.

En la resolución que define la integración del tribunal (aquí en PDF) se aclaró que:

“desde el inicio de la causa, durante su tratamiento y aun luego del dictado del “autos para sentencia”, se han sucitado cuestiones atinentes a la integración del Cuerpo que han impedido el dictado de la sentencia.

Sin embargo, las especiales circunstancias que rodean el caso particular de autos merecen ser consideradas a fin de evitar, precisamente, que las dificultades en la integración del Tribunal sigan dilatando la respuesta jurisdiccional definitiva.”

Labate se había excusado de intervenir porque en 2014 presidía el Consejo de la Magistratura. Sin embargo se consideró que:

ha cesado el impedimento que motivó el pedido de abstención en su momento, frente al indeclinable deber de cumplir con la función que la Constitución Provincial y las leyes le han encomendado

Asimismo le fue rechazada la recusación planteada por la Asociación contra Gerez por sus dichos respecto de que hay que “plebiscitar” la gestión de jueces y juezas:

las declaraciones del Dr. Gerez se encuentran referidas a un caso puntual, acaecido en otra jurisdicción, que sirvió de disparador para expresar una idea sobre un sistema institucional y judicial diferente al diseño constitucional vigente a nivel provincial y nacional; lo que no guarda relación con el thema decidendum propio de esta causa.

Por lo demas, cabe señalar que la causal recusatoria no puede fundarse en especulaciones, suposiciones o teorías sobre la existencia de supuestos paralelismos forjados entre lo expresado públicamente y la cuestión que debe decidirse.

ni las publicaciones o entrevistas a las que se hace referencia, ni las noticias o sospechas de parcialidad que se expresan en términos de generalizaciones, pueden tener relevancia a los fines de la pretendida recusación.

¿Un anticipo?

En el contexto de este debate (recordarán el post “¿Quién está en condiciones de evaluar?”), el Consejo aprobó un pedido de informe al juzgado civil de Villa La Angostura sobre su funcionamiento. El TSJ tomó conocimiento y en el acuerdo 5345 resolvió intervenir directamente, en función del artículo 240 de la Constitución provincial. La contestación vino rápidamente: no se le remitirá información (aquí la resolución).

Los fundamentos fueron los siguientes:

el pedido de información ha sido cursado por seis (6) consejeros integrantes del Cuerpo, sin que surja de la nota presentada que haya sido firmada y canalizada por el presidente del Consejo de la Magistratura (el vocal Oscar Massei se excusó).

no surge que haya sido firmada e instrumentada por quien ostenta la prerrogativa y atribución de comunicar una decisión adoptada por el Consejo, máxime si está dirigida a un magistrado, integrante de otro Poder del Estado provincial.

De los elementos acompañados tampoco surge la “motivación” del pedido efectuado, elemento ausente que permitiría inferir si la petición está enmarcada entre las competencias atribuidas al Consejo de la Magistratura por el texto constitucional y su normativa que regla su funcionamiento.

la existencia de su funcionamiento colegiado obliga a “unificar” la representación del Cuerpo, sin que pueda inferirse de la normativa que regla su funcionamiento que el ejercicio de sus competencias y potestades pueda ser ejercida en forma individual por los consejeros.

en materia de “solicitud de información” proveniente de otros poderes o estamentos gubernamentales, no puede desconocerse que el Tribunal, en oportunidad de analizar pedidos cursados por “diputados provinciales”, ha destacado la exigencia de que se emitan los informes “…únicamente cuando sean solicitados por la Honorable Legislatura Provincial…”, en el entendimiento de que “…la relación interpoderes y concretamente el pedido de informes […] es protagonizada por la cámara toda, y no por sus integrantes, ya sea individualmente o agrupados…”

No parece dudoso que dicha interpretación puede extenderse al caso planteado, pues, se trata de un pedido de informes que de manera individual han cursado los integrantes del Consejo, sin que –a priori- resulte que se hallen investidos de la facultad de pedirlas

los pedidos de informes relativos al funcionamiento de los tribunales y juzgados de la provincia sólo pueden ser evacuados por el Tribunal, en tanto el art. 240 de la Constitución de la provincia pone en cabeza de éste Cuerpo, el “…producir todos los informes relativos a la administración de Justicia que le fueran requeridos por los Poderes Legislativo o Ejecutivo…”, atribución que resulta ser la expresión del ejercicio de “Superintendencia” que compete a éste Tribunal sobre los diversos aspectos funcionales implicados y referidos al Poder Judicial

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Un comentario para Cambios en la integración del tribunal que resolverá la acción de inconstitucionalidad contra la evaluación de jueces

  1. oscarito
    30 septiembre 2015, 11: 54 para 11:54

    Apuren con lo de Villa La Angostura. En breve se jubila quien puede llegar a ser vinculado a un proceso por mal desempeño. Ojo, se les escapo la tortuga.

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