Jueza civil ordenó a la provincia formar un equipo interdisciplinario para cumplir con la ley 2302

14 septiembre 2015, 13: 10

La decisión de primera instancia fue confirmada por la Cámara Civil del interior. La resolución surgió de una amparo interpuesto por una defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Cutral Co.

A partir de la aprobación de la ley 2955 de Hogares, surgió un debate sobre las implicancias del artículo 2 que modifica el procedimiento de la ley 2302 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Más allá de las controversias surgidas sobre si se trata de una nueva avanzada sobre la norma, considerada de vanguardia en el país, ¿en la actualidad el Estado cumple (o incumple) con lo establecido en la 2302?

La jueza civil, Graciela Blanco, hizo lugar a un amparo presentado por la defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Natalia Stornini, y ordenó a la provincia conformar un equipo interdisciplinario, en un plazo perentorio, con «una cantidad de profesionales licenciados/as en Psicología, licenciados/as en Trabajo Social o Asistentes Sociales y Abogados/as», que considere necesario para la población (Cutral Co, Plaza Huincul, zona rural) y conforme lo dispuesto en la 2302. Aquí el fallo.

Stornini aseguró que:

a lo largo de los 5 años de funciones en esa Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de la II Circunscripción Judicial, desde la creación de ese organismo judicial, ha venido reclamado al órgano de aplicación, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, la debida constitución del Equipo Interdisciplinario sin obtener respuesta favorable, a pesar de las innumerables reuniones mantenida por ella con el titular del órgano de aplicación de la ley 2302 con sede en esta ciudad, comunicaciones con la Sra. Encarnación Lozano, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Social y reuniones mantenidas con la Lic. Alonso, a cargo del interior provincial, de las que en forma verbal se expresa que se efectuarán las gestiones pertinentes para la constitución adecuadamente de un Equipo Interdisciplinario, pero en los hechos no hay medida concreta alguna, por lo que en forma arbitraria y con ilegalidad manifiesta, el ESTADO PROVINCIAL por omisión de sus autoridades en forma actual e inminente, lesiona, restringe y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías explícita e implícitamente reconocidos a los niños, niñas y adolescentes por la Constitución de la Provincia, Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que como funcionarios públicos pudiera corresponder

Blanco sostuvo:

La exigencia de protección estatal derivada del corpus iuris de infancia exhibe en la era actual una paradoja dada por el aumento proporcional de las preocupaciones institucionales y políticas públicas en protección del niño, junto a un incremento de los modos de injusticia e inequidad de las que él es víctima: “cada abuso imaginable crece a la sombra del reconocimiento y de la tutela de los derechos”. La declaración de derechos y la asunción de obligaciones de acciones positivas por los Estados en favor de los niños (Art. 4º Convención Derechos del Niño) presentan, paradójicamente, la perspectiva práctica de varias formas de vulneración de sus derechos provocadas, justamente por dicha intervención estatal. Entre las formas de vulneración, aparecen aquellos supuestos derivados de la acción negligente y/o dolosa de agentes del Estado en cumplimiento de su actividad lícita, con violación de las normas que regulan su actividad de protección de derechos del niño. Se visualiza éste como el supuesto más claro de responsabilidad estatal

La provincia entendió que se avanzó sobre «facultades exclusivas del ministerio de Desarrollo Social, ingresando en áreas de discrecionalidad del Ejecutivo provincial.» Sin embargo, la Cámara Civil del interior confirmó la decisión de primera instancia. Aquí la resolución completa.

Dijo Alejandra Barroso:

No ha cuestionado el recurrente la apreciación de la prueba efectuada en la sentencia, que conduce inexorablemente a la conclusión de la omisión por parte del Estado provincial del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales para con un sector de la población especialmente protegido (niños y niñas).

La decisión se orienta a un resultado, sin desconocer la discrecionalidad de la administración, ordenando que cumpla un objetivo, pero sin decirle cómo, ya que los medios son ajenos a la decisión judicial.

Además, no se están emitiendo valoraciones o juicios generales sobre una situación, ni disponiendo medidas de gobierno de alcance general, sino que se está decidiendo sobre un caso concreto, sobre medidas que, a criterio de la sentenciante (y de la requirente), resultarían eficaces para garantizar los derechos vulnerados.

En este aspecto, en postura que comparto, se parte de la premisa de considerar que la eficacia del derecho constitucional, en este caso de incidencia colectiva, no puede quedar supeditada a la discrecionalidad de los poderes públicos.

Agregó Gabriela Calaccio:

considero que este caso particular, dado la materia sujeta juzgamiento y la obligación internacional que pesa sobre el Estado Argentino, como signatario de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, en modo alguno la decisión adoptada en la instancia de origen y confirmada en ésta, ingresa en el tratamiento de cuestiones no judiciales avasallando la división de poderes.-

La afirmación contenida en el párrafo anterior reconoce su encuadre jurídico en principios constitucionales y Pactos Internacionales, en particular el principio de la tutela judicial efectiva (arts. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica y arts 8, 9 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y en este sentido considero que frente a un acto que conculque una prescripción constitucional o legal, el afectado tiene el derecho de recurrir a la justicia a fin de ser plenamente restablecido aquel derecho. (cfr. art. 18 de la CN).-

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