Tengo un plan

7 septiembre 2015, 7: 11

20140115-022353La fiscalía pidió una serie de “medidas extraordinarias” ante el vencimiento de las causas, según el plazo previsto en la ley orgánica de la justicia penal. ¿Cuántas son realmente y en qué estado están? Lo que hará el TSJ.

En el último acuerdo del Tribunal Superior Justicia (TSJ), el fiscal general José Gerez presentó “el plan de contingencia” que incluye una serie de “medidas extraordinarias” que deberían adoptarse para liquidar los casos heredados del anterior sistema, y que de acuerdo a la ley orgánica de la justicia penal vencen el 14 de enero de 2016.

El artículo 56 de la ley establece que:

Para las causas iniciadas bajo el régimen de la Ley 1677 que continúen su trámite bajo la modalidad del nuevo proceso previsto en la Ley 2784, los plazos totales comenzarán a computarse, íntegramente, desde la entrada en vigencia de la nueva Ley.

En los casos de causas elevadas a juicio o aquellos en los que la instrucción haya durado más de tres (3) años, tendrán un plazo de dos (2) años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos.

En los fundamentos del pedido, Gerez hizo hincapié en que la fiscalía absorbió el caudal de causas (las provenientes de los juzgados de instrucción, correccionales y cámaras criminales), “ante la ausencia de organismos de transición”, y que a la fecha solo restan finalizar “aproximadamente solo un 5% del total de casos recibidos.”

Las medidas propuestas, según Gerez, son concordantes con aquellas dispuestas a principio de año (ver el post “Hay que mejorar la productividad”). En el listado figuran:

1. Se disponga la ampliación del horario de atención de las Oficinas Judiciales en todo el ámbito de la provincia, de forma que las audiencias puedan celebrarse en doble turno: matutino –normal- y un nuevo turno –vespertino-.

2. Se priorice la celebración de las audiencias que requieran los casos alcanzados por el art. 56, postergándose las necesarias para atender otros casos, salvo los casos urgentes que así se requieran o los que cuenten con detenidos.

3. Se autorice a los Directores de las Oficinas Judiciales a afectar como tareas extraordinarias al personal administrativo mínimo para la celebración de las audiencias. En caso de ser necesario personal técnico informático se convoque a personal de la Dirección de Informática del Poder Judicial.

4. Se incremente el número de salas en funcionamiento a través de la habilitación de una nueva sala para la atención de las audiencias que funcione en la sala de capacitación del primer piso de la ciudad judicial.

5. De ser insuficiente el número de jueces para atender la demanda de audiencias de los casos con vencimiento, se asigne Jueces del Tribunal de Impugnación.

6. A fin de reducir el porcentaje de frustración de las audiencias por problemas de notificación, se practiquen las notificaciones de las audiencias a través de la Policía de la Provincia, en caso que la persona no pueda ser contactada por otra vía más expeditiva.

7. Se organice el cronograma de audiencias contemplando el tipo de audiencias solicitadas y las subsiguientes. Dicho cronograma deberá contemplar –en forma prioritaria- los casos en trámite por ante la Unidad Fiscal de Delitos Violentos contra las Personas, los de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Doméstica y los de la Unidad de Coordinación y Jefatura vinculados a casos de competencia de las Unidades Fiscales citadas por concentrar la mayor parte de la carga.

8. Se disponga como medida previa a una limitación de ferias, un banco de datos para el registro de Magistrados, Funcionarios, y Empleados Administrativos que puedan trabajar durante la primera quincena de Enero.

9. Los Fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público Fiscal quedan afectados al presente Plan de Contingencia y a disposición para el cumplimiento del mismo.

10. Se conforme dos Comisiones de Trabajo, una para la Iº Circunscripción Judicial y otra para el interior, integrada por: un representante del Ministerio Público Fiscal, del Tribunal de Impugnación, del Colegio de Jueces, del Ministerio Público de la Defensa y de la Oficina Judicial para establecer criterios de prioridad de las causas y otras soluciones alternativas.

Im-precisiones

Ese mismo miércoles del acuerdo fueron convocados integrantes del Colegio de Jueces, del Tribunal de Impugnación y de la Oficina Judicial al TSJ para informarles sobre la propuesta de Gerez.

Y ahí vino la pregunta del millón: ¿qué cantidad de causas son y en qué estado están?

Sobre el número y tipo no hay precisiones. En ese encuentro se dijo que podrían ser 265. Después se habló vagamente de 400, pero sin especificar si son todos casos que van a juicio o no, y si es así bajo que modalidad (no es lo mismo organizar un debate con un tribunal colegiado que con un jurado popular de aquí a enero próximo).

Se acordó entonces solicitarle a la fiscalía el detalle exhaustivo de las causas, amar una comisión y emitir una opinión en conjunto sobre “el plan” al TSJ.

Hay un aspecto no menor y es que el artículo 56 prevé “un plazo de dos años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos”. ¿Qué significa “finalización de los mismos”: qué haya juicio, que se complete el doble conforme, o que llegue hasta la impugnación extraordinaria?

Los vocales (ahora sí, todos varones) pasaron a estudio el tema hasta reunir la información (y todas las voces). Algunas de las medidas que impulsa Gerez ya se cumplen en la práctica, por ejemplo la referida a la participación de jueces y juezas del Tribunal de Impugnación, y otras ya se implementaron como la extensión horaria. Sin embargo son cautos: hasta que no haya diagnóstico no habrá “plan”.

En este contexto de ¿avidez? de recurso humano, no hay que olvidar que hay pliegos de jueces penales remitidos por el Consejo de la Magistratura que están varados en la Legislatura sin ser tratados. Son los de Juan Pablo Chirinos, Diego Piedrabuena e Ignacio Di Maggio que tomaron estado parlamentario el pasado 13 de agosto. La demora permite pensar que, al menos por el momento, no hay consenso político para aprobar los tres.

La historia sin fin

Esta coyuntura reaviva las diferencias.

La fiscalía abrió el paraguas ante el panorama que se avecina. Probablemente no quiera quedar como única responsable de la caída de causas importantes ante la opinión pública, si es que efectivamente sucede. Y da por sentado que “el plan” les sentará pésimo a jueces y juezas porque deberán “trabajar más”.

Para jueces y juezas a la fiscalía se le “vino la noche” y con esto busca “cubrirse las espaldas”. Dirán que no supo dimensionar que la reforma procesal implicaba una selección de casos, y se dedicó durante todo este tiempo a perseguir el menudeo.

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Un comentario para Tengo un plan

  1. oscarito
    7 septiembre 2015, 10: 12 para 10:12

    A simple vista, sin demasiado analisis surge que lo solicitado por el Sr. Gerez es inviable debido a que no tienen personal idoneo para lograr el objetivo propuesto. Ademas el SEJUN convino segun sus pretensiones. Nada esta aprobado, pero el tiempo corre.

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