La formulación de cargos no puede equipararse al primer llamado a prestar declaración indagatoria

4 agosto 2015, 11: 49

Lo dijo en un fallo la sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Aseguró que no se trata de un “simple cambio de terminología” pues no existe identidad a los fines de interrumpir la prescripción.

El vocal y presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Massei, preguntó en las últimas entrevistas personales a candidatos y candidatas a juez penal de Neuquén si la formulación de cargos (prevista en el artículo 133 del Código Procesal Penal) podía equipararse al primer llamado a declaración indagatoria (regulado en el artículo 67 inciso b) del Código Penal) a los fines de interrumpir la prescripción.

Los cuatro postulantes contestaron que sí había identidad, pero la sala penal del Tribunal Superior de Justicia ya había contestado que no en el fallo Nacif (aquí completo).

En el caso en cuestión, el Tribunal de Impugnación integrado por Richard Trincheri, Liliana Deiub y Héctor Dedominichi, “incorporó a la formulación de cargos como acto interruptor de la prescripción para decidirse por la vigencia de la acción penal.”

La vocal Graciela Martínez consideró en su voto, al que adhirió Evaldo Moya, que:

Si bien en el artículo 67 del código de fondo, con la modificación de la ley N° 25.990, el legislador no pudo prever a la formulación de cargos como acto interruptor, por haber sido incorporada con posterioridad en la norma procesal local; lo cierto es que, en los otros incisos de ese artículo cuando se hace referencia a los actos del proceso que interrumpen la prescripción se contempló a aquellos previstos por los códigos procesales que fueran “equivalentes”; así, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente (inciso c) y el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente (inciso d), previsión que el legislador nacional no hizo en el inciso “b)” que aquí nos ocupa; por lo que no puede hacerse decir a la ley lo que ella no dice.

Para la jueza “no se trata de un simple cambio de terminología”:

El primer llamado efectuado con el objeto de recibir declaración indagatoria (inciso b en examen), remite a la primera convocatoria efectuada por el órgano judicial o el fiscal –según el régimen procesal- a la persona sospechada de haber cometido un ilícito, con el objeto de que ejerza un acto voluntario y personalísimo de defensa material, en relación a la imputación que se le dirige, asistido por la Defensa técnica.

Lo que interrumpe el curso de la prescripción es el “primer llamado”, entendido como “…la propia convocatoria a declarar y no la audiencia de recepción […] evidencia la voluntad de los órganos estatales de llevar adelante el procedimiento, en cambio, la declaración en sí efectiviza la defensa material del imputado…”

(…) Ahora, se podría decir que la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos es la que podría interrumpir; sin embargo, el problema se suscita en determinar con qué criterio se identifica a la formulación de cargos con la indagatoria y no, por ejemplo, con el requerimiento de instrucción.

(…) Otro punto importante a considerar es que en nuestro actual código procesal, el artículo 53 establece que “…[el] imputado no será citado a declarar, aunque tendrá derecho a hacerlo cuantas veces considere necesario…” (Lo resaltado con negrita me pertenece).

En los supuestos en que el imputado ejerza la facultad de declarar podría asimilarse: a la presentación espontánea (arts. 64 y 255 del C.P.P.yC.) o a la declaración espontánea (art. 278 del C.P.P.yC.).

(…) En ese contexto, entiendo que la formulación de cargos no puede equipararse al primer llamado a prestar declaración indagatoria a los fines de interrumpir la prescripción, por lo que, respecto a este punto, colijo que el a quo efectuó una interpretación analógica in malam parte del artículo 67, cuarto párrafo, inciso b) del Código Penal, vulnerando el principio de legalidad, como así también, que al carecer de la debida fundamentación lo decidido resulta arbitrario, restándole validez al acto jurídico.

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