Los presos y sus salarios

3 agosto 2015, 21: 19

En este artículo para Fuera del Expediente el director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, Mario Juliano, explica porque la afirmación «los presos ganan un 46% más que los jubilados» está «deliberadamente orientada a sembrar la confusión.»

La realidad suele despertarnos con noticias y declaraciones que generan polémica y controversia. En esta ocasión el turno volvió a tocarle al mundo penitenciario con la siguiente cuestión: «los presos ganan un 46% más que los jubilados».

Como es obvio, una afirmación de ese calibre, lanzada sin filtros ni aclaraciones, es idónea para alterar los ánimos más templados, ya que deja trascender que los presos, por el solo hecho de encontrarse privados de la libertad, percibirían una remuneración (como una suerte de estímulo al delito), que para mal de peores, sería superior al haber que cobran los sacrificados jubilados.

Sin embargo, a poco que indaguemos el contenido de la consigna, comprobaremos que se encuentra muy lejos de compadecerse con la realidad, y que constituye una traducción reduccionista y simplista, deliberadamente orientada a sembrar la confusión.

La afirmación es susceptible de una serie de desagregados:

1) Los presos no ganan más que los jubilados
La afirmación simplista de que los presos ganan más que los jubilados puede ser respondida, también, de modo simplista: los presos no ganan más que los jubilados. Es más, los presos no ganan ni un centavo. Los presos que “ganan” más que algunos jubilados (por así decirlo y si es que $ 6.000 al mes puede ser considerado una ganancia) son los pocos presos que trabajan, ya sea para el Estado o para empresas y comerciantes particulares establecidos en el interior de las cárceles.

Ello es y debe ser así porque la civilización ha adquirido una convicción: el trabajo humano debe ser remunerado, ya que el trabajo humano que no es remunerado se llama esclavitud y el trabajo esclavo, formalmente, se encuentra desterrado de las prácticas contemporáneas. Pero, si este argumento no fuese suficientemente convincente, tenemos que la ley dispone que el trabajo de las personas privadas de la libertad debe ser remunerado (artículo 107.f de la ley 24.660 de ejecución de las penas privativas de la libertad), lo que clausura cualquier discusión al respecto, como no sea que pretendamos ignorar el orden jurídico vigente.

2) El incremento del salario mínimo, vital y móvil no fue dispuesto para beneficiar a los presos
El incremento que llevó el salario mínimo, vital y móvil a la friolera de $ 6.060 fue dispuesto para cualquier categoría laboral (entre ellas, la de las personas privadas de la libertad que trabajan). Sin embargo, las voces que se levantaron contra este incremento salarial lo identificaron en forma caprichosa y arbitraria con los salarios de los presos, planteando una suerte de equiparación a la baja (emparejar para abajo): como hay jubilados que perciben un importe inferior, los presos no podrían percibir una suma superior, cuando lo lógico hubiese sido reclamar que la clase pasiva percibiese un mayor haber.

3) El incremento salarial no alcanza a todos los presos que trabajan
El incremento del salario mínimo, vital y móvil que beneficia a los trabajadores privados de la libertad solo alcanza a los que se encuentran alojados en establecimientos federales y alcanzados por la ley 24.660, ya que la situación en las provincias es muy diferente.

La República Argentina tiene unas 65.000 personas privadas de la libertad, de los que unos 15.000 (números redondos) corresponden al ámbito federal, mientras que el resto (unos 50.000) se encuentran alojados en cárceles y comisarías provinciales. De los 15.000 presos federales sólo tienen posibilidad de acceder al trabajo un 20 o 30 %, esto es, entre 4.000 y 5.000 personas, que sería el reducido universo alcanzado por el incremento en cuestión.

También hay que aclarar que la remuneración de los presos federales no va a parar directamente a su bolsillo (como ocurre con el resto de los trabajadores), sino que, de acuerdo a lo que dispone la ley (artículo 121 ley 24.660), el 10% está destinado a reparar las consecuencias del delito, el 35% a la prestación de alimentos, el 25% a sufragar los gastos que demanda su estadía en prisión (concepto bastante discutible) y, finalmente, el 30% restante forma un fondo que recién se le entregará al que lo devengó cuando recupere la libertad.

4) Los presos provinciales se encuentran en peores condiciones
La realidad difiere diametralmente de la modesta situación que se ha descripto, cuando pasamos a las provincias que, como se dijo, albergan al grueso de la población penitenciaria argentina.

La regla general es que el trabajo en cárceles provinciales no se encuentra regulado, mientras que las personas que se encuentran privadas de la libertad en comisarías no trabajan y, normalmente, se encuentran encerradas en calabozos la mayor parte del día.

Los porcentajes de presos provinciales que se encuentran en condiciones de acceder al trabajo no difiere sustancialmente de los porcentajes del ámbito federal (23/30%). Como en la totalidad del sistema, la oferta de trabajo remunerado es muy inferior a la demanda existente (para esto, es conveniente recordar que la mayoría de los presos son pobres y necesitan trabajar), generando una puja que, normalmente, es resuelta por el servicio penitenciario por el sistemas de premios y castigos (solo acceden al trabajo los presos dóciles, poco cuestionadores).

Los presos que prestan servicios para el Estado (cocina, limpieza, mantenimiento), pese a brindar significativos servicios, que de no ser prestados por sus personas deberían ser contratados a empresas que los realizaran, perciben un “peculio”, que es económicamente insignificante ($ 52 al mes) y representa una verdadera explotación del trabajo humano, rayano con la trata de personas en particular situación de vulnerabilidad.

Por su parte, las reglas del trabajo entre presos y empresas y comerciantes particulares son impuestas por éstos últimos, que son los que fijan arbitraria y discrecionalmente el monto de las remuneraciones, las que se ubican en forma ostensible por debajo de las que se pagan en el medio libre (la remuneración privada oscila en dos terceras partes del salario mínimo, vital y móvil, es decir, unos $ 4.000 mensuales, luego del incremento discutido). Al “ahorro” que el capital privado que se establece en las cárceles obtiene por el pago reducido de haberes debe sumarse que no se tributa ni a la seguridad ni a la previsión social: ningún trabajador preso tiene obra social ni se le realizan aportes jubilatorios.

En resumidas cuentas, el panorama del trabajo carcelario en la República Argentina, lejos de ser alentador presenta numerosas asignaturas pendientes que, en definitiva, nos remiten al modelo de servicio penitenciario al que aspiramos y, necesariamente conectado, al modelo de sociedad en que pretendemos desarrollarnos.

Podemos seguir apostando a cárceles repletas, oficiando como meros depósitos de carne humana, donde el común denominador sea la reproducción de la violencia, o establecimientos donde se promueva el respeto a la dignidad humana y donde las personas que se encuentran alojadas en su interior encuentren la oportunidad de forjarse un futuro mejor.

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