Caso Diez, muerte digna y derechos del paciente: “Nunca más una persona será obligada a vivir sin dignidad”

8 julio 2015, 12: 35

Los puntos salientes del fallo de la Corte Suprema de Justicia y algunas consideraciones sobre la objeción de conciencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la “muerte digna” a Marcelo Diez. Hizo lugar a la petición de sus hermanas, Andrea y Adriana (en calidad de curadoras), de suprimir la hidratación y la alimentación enteral, así como las medidas terapéuticas que lo mantenían con vida en forma artificial.

Marcelo tuvo un accidente automovilístico el 23 de octubre de 1994. Su cuadro se agravó luego de una infección intrahospitalaria y su estado era irreversible.

El fallo difundido el 7 de julio después del mediodía y construido a partir del caso de Marcelo no lo alcanzó, pues durante la misma jornada, a las 17,  falleció en la clínica Cmic, donde había ingresado el 21 de junio con diagnóstico de neumonía, procedente de Luncec.

Antecedentes

El juzgado de Familia 2, que por entonces conducía Beatriz Gimenez, rechazó la solicitud de las hermanas en 2011. La Cámara Civil, integrada por Federico Gigena Basombrío y Patricia Clérici, se expresó en el mismo sentido aquel año (aquí su resolución).

Por entonces Andrea escribió un valiente alegato, en donde citó una visita de Gimenez a Marcelo, y pidió: “Por favor, déjenlo ir.”

En mayo de 2012 se introdujeron cambios en la ley de Derechos del Paciente (ley 26.529, modificada por la ley 26.742). Hay dos artículos que comprenden el caso en debate. Uno es el 2º inciso e) relativo a la autonomía de la voluntad:

e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud.

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable.

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.

También el inciso g) que se agrega al artículo 5º:

g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable

El fiscal general emitió un dictamen favorable a la solicitud de las hermanas en julio de 2012 (aquí el post). En octubre de aquel año especialistas en bioética, en forma personal o institucional a través de sus comités, y organizaciones de los derechos humanos, elaboraron un Amicus Curiae en apoyo a la petición.

El 19 de abril de 2013 la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrada por Oscar Massei y Evaldo Moya, sostuvo que la nueva normativa en materia de Derechos del Paciente “establece un procedimiento que no requiere intervención judicial” (aquí, la sentencia).

Se impugnó y llegó a la Corte Suprema.

Puntos salientes

Con voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda (una Corte reducida en gran parte por lo que explica Irina Hauser en su nota de la revista Anfibia) fue confirmada la decisión del TSJ neuquino. En la sentencia –aquí completa– no se expresa la disidencia del cuarto ministro, Carlos Fayt. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había emitido dictamen favorable. La Defensoría General de la Nación también lo hizo.

La Corte encargó dos estudios médicos complementarios a los ya existentes: uno a su Cuerpo Médico Forense y otro al Instituto de Neurociencias de la Fundación Favoloro. Ambos fueron coincidentes en la imposibilidad de revertir el estado de Marcelo:

Si bien las evaluaciones médicas solicitadas por esta Corte difieren respecto al diagnóstico de estado vegetativo permanente que efectuaran los profesionales que han intervenido en la causa, resultan coincidentes en cuanto al pronóstico del cuadro que presenta al paciente

El tribunal señaló que la modificación introducida en la ley de Derechos del Paciente:

tuvo por principal objetivo atender a los casos de los pacientes aquejados por enfermedades irreversibles

se reconoció a las personas que se hallan en esas situaciones límite, como forma de ejercer la autodeterminación, la posibilidad de rechazar tratamientos médicos o biológicos

No fue intención del legislador autorizar las prácticas eutanásicas, expresamente vedadas en el artículo 11 del precepto, sino admitir en el marco de ciertas situaciones específicas la “abstención” terapeútica ante la solicitud del paciente

La Corte entendió que la legislación prevé la situación de Marcelo, incapacitado de expresar su consentimiento informado a raíz de su estado de salud:

En efecto, no se trata de que las personas autorizadas por la ley -en el caso, las hermanas de M.A.D.-, decidan la cuestión relativa a la continuidad del tratamiento médico o de la provisión del soporte vital de su hermano en función de sus propios valores, principios o preferencias sino que, como resulta claro del texto del artículo 21 de la ley 24.193 al que remite el artículo 6º de la ely 26.529, ella solo pueden testimoniar, bajo declaración jurada, en qué consiste la voluntad de aquel a este respecto

Es decir que no deciden ni “en el lugar” del paciente ni “por” el paciente sino comunicando su voluntad

La decisión respecto de la continuidad del tratamiento no puede ni debe responder a meros sentimientos de compasión hacia el enfermo, ni al juicio que la persona designada por la ley se forme sobre la calidad de vida del paciente, aunque esta sea parte de su círculo familiar íntimo. Tampoco puede basarse en criterios utilitaristas que desatiendan que toda persona es un fin en sí mismo. Lo que la manifestación de la personas designada por ley debe reflejar es la voluntad de quien se encuentra privado de consciencia y su modo personal de concebir para sí, antes de caer en este estado de inconsciencia permanente e irreversible, su personal e intransferible idea de dignidad humana

no se trata de valorar si la vida de M.A.D., tal como hoy transcurre, merece ser vivida pues ese es un juicio que, de acuerdo con el sistema de valores y principios consagrado en nuestra Constitución Nacional, a ningún poder el Estado, institución o particular corresponde realizar

Hacia el final la Corte aclaró que no juzgará los motivos que llevaron a judicializar el caso y brindó precisiones sobre cómo deben tratarse en el futuro situaciones similares para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación en materia de tratamientos médicos:

no debe exigirse una autorización judicial para convalidar las decisiones tomadas por los pacientes respecto de la continuidad de los tratamientos médicos, en la medida en que estas se ajusten a los supuestos y requisitos establecidos en la ley 26.529

la particular situación que se suscitó en la institución en la que se atendió a Marcelo pone de manifiesto la necesidad de que, las autoridades correspondientes, contemplen mediante un protocolo las vías por las que el personal sanitario pueda ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención del paciente

deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a los pacientes

En definitiva: habrá objetores de conciencia, individuales y hasta institucionales, pero el Estado no puede serlo.

Para finalizar, las palabras que Andrea difundió en Facebook. Las primeras corresponden al momento en el que se conoció el fallo y posterior a la muerte de Marcelo:

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