El TSJ ratificó que jueces técnicos pueden revocar un veredicto de jurados populares

4 Mayo 2015, 19: 18
Jurado Popular. Foto Matías Subat.

Jurado Popular. Foto Matías Subat.

Lo dijo por omisión en una sentencia. Si bien modificó lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, no cuestionó que los jueces técnicos hayan revocado un veredicto popular. Además confirmó otras dos decisiones.

El único fallo en el que el Tribunal de Impugnación absolvió a un imputado declarado culpable por un jurado popular fue revocado por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Se trata del caso de Denis Cardozo, a quien se lo encontró responsable, en caracter de partícipe necesario, del homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego, de Haída Mariguin Valenzuela.

En la resolución, que está disponible aquí en pdf, por omisión se le reconoce al Tribunal de Impugnación el derecho a una revisión amplia del veredicto de un jurado popular (en este post encontrarán un breve resumen de todas las opiniones compiladas).

La vocal Graciela Martínez sostiene que el tribunal, al revocar el veredicto, “omitió valorar el plexo probatorio en su conjunto.” Planteó que:

Si bien es cierto que los testigos ofrecidos por la Fiscalía contra el imputado Cardozo no fueron concordantes entre sí en algunos puntos de su declaración durante en el juicio, del visionado de la audiencia del debate no se observan circunstancias gravemente relevantes que lleven a suponer que el Jurado Popular tergiversó el contenido de esa prueba testifical y realizó inferencias abiertamente erróneas.

Ordenó reenviar el legajo a Impugnación para que con otra integración “dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho”.

Hiperactividad

La sala penal estuvo hiperactiva el último día de abril, como si en mayo alguno de sus integrantes tuviera que hacer algo. Tan es así que emitió otros fallos más con algunas definiciones de fondo.

Méndez durante el juicio por jurados. Foto Cecilia Maletti.

Méndez durante el juicio por jurados. Foto Cecilia Maletti.

Se trata de casos en los que el Tribunal de Impugnación anuló parcialmente sentencias surgidas por jurados populares cambiándoles las calificaciones (para abajo), como fue el del policía Héctor Méndez condenado por el crimen del joven Matías Casas al que se le sacó el agravante del abuso funcional, y  el de Sebastián González culpable del homicidio de Gabriel “Willy” Gutiérrez que se le quitó el concurso premeditadoel TSJ confirmó las resoluciones.

En lo que respecta a Méndez, cuyo fallo se puede leer aquí, hay algunas consideraciones a destacar del voto del vocal Evaldo Moya:

Por ello es imprescindible dejar sentado que el Jurado, si bien no determina en forma concreta la calificación legal del caso, debe decidir sobre conductas tipificadas en la ley, ya que tanto el Código Procesal Penal de la Provincia, como la Constitución Nacional le otorgan la función de pronunciar su veredicto sobre todas las cuestiones introducidas en las ‘instrucciones’ que le entrega el Juez profesional para la deliberación, el debate y la decisión. Y en esas instrucciones deben estar contenidos todos los elementos que, tanto objetiva como subjetivamente, integran la figura penal en trato. Es decir, la subsunción de los hechos (a través de proposiciones fácticas) en el derecho (calificación legal).

Insistimos. Para que las instrucciones estén correctamente brindadas deberán contener todos los elementos que configuren el delito de que se trate, para que luego, en la audiencia de cesura, se concrete la calificación legal y la pena aplicable al caso.

(…) el Tribunal de Impugnación, en el caso, no cuestionó que el Jurado se haya pronunciado erróneamente sobre la calificación legal, sino que estableció que el Juez Técnico que tenía a su cargo realizar las instrucciones conforme a derecho, no lo hizo. De haber dado a conocer al Jurado las circunstancias fácticas que permitían encuadrar el accionar de Méndez en el abuso de la Función de Policía, conforme a las pautas que enunció en su voto la Dra. Martini, se podría coincidir en que las instrucciones fueron dadas correctamente.

Refiriéndose a su voto en minoría en el caso del policía Claudio Salas, que terminó condenado por homicidio simple, agregó:

En particular, recalco que en el precedente “Salas” quedó demostrado que el encausado se hallaba en pleno ejercicio de la función policial y en el marco de un procedimiento policial al que fue destinado, lo que contrasta claramente con este supuesto en el que Méndez no fue destinado a realizar por la superioridad, tarea policial alguna.

Por ello se comparte con lo expuesto en el primer voto de la sentencia puesta en crisis que, de las instrucciones no surge que se haya explicado al Jurado en qué consistía la función policial regulada por la ley 715 de Personal Policial y por la Ley Orgánica Policial 2081; ni menos aún las implicancias del uso de la licencia conforme lo previsto en el art. 95 de la ley 715, que exime de las obligaciones del Servicio. Tampoco existen instrucciones precisas sobre las obligaciones que subsistirían excepcionalmente por el uso de licencia. Todo ello se debió haber puesto en conocimiento del Jurado y a través de instrucciones precisas, pero ello no ocurrió, con lo cual el Jurado, se limitó a considerar que ese uso indebido del arma reglamentaria, determinaba el abuso funcional alegado por las partes acusadoras.

Mayorías y minorías

En lo que refiere al caso González (aquí la resolución del TSJ), Moya aludió a uno de los cuestionamientos formulados por la defensa respecto de que el veredicto de culpabilidad de un jurado popular requiere de ocho votos de los doce integrantes:

la mayoría prevista –en el mencionado precepto- para el dictado del veredicto de culpabilidad no produce vulneración alguna a las garantías constitucionales del imputado.

(…) descarto que la mayoría requerida para el veredicto influya negativamente en la máxima deliberación; ya que para adoptar la decisión -sobre la existencia del ilícito y la responsabilidad o no del imputado- se requiere el previo conocimiento e intercambio de opiniones, la discusión entre los integrantes del jurado deviene como consecuencia necesaria, verificándose las condiciones de legitimidad.

En realidad, el mayor o menor grado de la deliberación no se encuentra sujeto a la mayoría o a la unanimidad, sino que depende de la prueba producida en el debate y su mayor o menor pertinencia y utilidad para generar la convicción necesaria.

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Un comentario para El TSJ ratificó que jueces técnicos pueden revocar un veredicto de jurados populares

  1. MANUEL
    7 Mayo 2015, 9: 02 para 9:02

    La oración: “Si bien es cierto que los testigos ofrecidos por la Fiscalía contra el imputado Cardozo no fueron concordantes entre sí en algunos puntos de su declaración durante en el juicio, del visionado de la audiencia del debate no se observan circunstancias gravemente relevantes que lleven a suponer que el Jurado Popular tergiversó el contenido de esa prueba testifical y realizó inferencias abiertamente erróneas”, corre la potestad jurisdiccional, que recae exclusiva y excluyentemente en el caso, al “juzgamiento” de lo que obro el jurado. Un despropósito. Una irreverencia. Inadmisible. Es que la vía recursiva de la “arbitrariedad”, de orígen jurisprudencial, se fundamentó en la dudosa legitimidad de los jueces legos. (Excluyente derivación de la falta de dictado de la ley que instituyera los jurados, manda que la Constitución dió al Congreso, y que demoró muchísimos -demasiados- años en “comenzar (más que tímidamente, ahora) a implementar.

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