Nuevo capítulo en la causa Fuentealba II

22 abril 2015, 8: 04

En un fallo dividido el Tribunal de Impugnación revocó los sobreseimientos de los 15 imputados pues entendió que tratándose de una causa que proviene del sistema anterior no se venció el plazo máximo de dos años para continuar con el trámite. Palito para la querella.

El fiscal Di Maggio intervino en la audiencia ante el TI que se realizó el 7 de abril. Foto Matías Subat.

El fiscal Di Maggio intervino en la audiencia ante el TI que se realizó el 7 de abril. Foto Matías Subat.

El Tribunal de Impugnación integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Gladys Folone revocó por mayoría la decisión de la jueza de Garantías, Ana Malvido, que sobreseyó a los 15 imputados en la causa Fuentealba II por afectación de la garantía del plazo razonable. Sostuvo que aún no se habían cumplido los dos años que la ley orgánica de la justicia penal prevé para los casos que provienen del Código viejo, es decir, antes de la reforma procesal.

Aquí se puede descargar la sentencia completa.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, Sandra Rodríguez, compañera del docente Carlos Fuentealba y el abogado querellante, Gustavo Palmieri. Foto Matías Subat.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, Sandra Rodríguez, compañera del docente Carlos Fuentealba y el abogado querellante, Gustavo Palmieri. Foto Matías Subat.

En este tramo de la causa quienes están acusados son los exjefes de policía y personal que intervino en el operativo desplegado en Arroyito, durante la protesta en la que fue asesinado el docente, y un funcionario de Seguridad del entonces gobierno de Jorge Sobisch.

Ellos son: Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Aquiles González, Mario Rinzafri, Cristian Vázquez Salina, Julio Lincoleo, Rubén Hernández, Pablo Oddone, Jorge Garrido, Félix Torres, Luis Alberto Rodríguez, Oscar Lezana, Benito Matus y Raúl Pascuarelli.

Las defensas y la fiscalía habían instado el sobreseimiento. La querella se había opuesto y durante la audiencia fue respaldada en su pedido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que fueron aceptados como “amicus curiae.” El objetivo de la parte es que se reformulen los cargos y lograr imputar a Sobisch.

Folone votó por confirmar los sobreseimientos. Dijo:

no comparto la interpretación que efectúa la querella. En los presentes actuados hubo actuación del Ministerio Fiscal, que inició las actuaciones y donde la querella tuvo la posibilidad antes y ahora con el nuevo código de iniciar como se le indicó tanto en la resolución del Dr. Piana, como en la del Tribunal Superior ratificatoria de aquella, la investigación que juzgara pertinente. De lo que se sigue que la garantía del plazo razonable implícita en el art. 18 de la Constitución Nacional, tiene plena vigencia para los imputados. En este caso en concreto, en atención al tipo de delitos imputados, la escasa complejidad de los hechos y la conducta a derecho de los involucrados, considero que la resolución cuestionada a mí entender debe ser ratificada.

Las defensas durante la audiencia. Foto Matías Subat.

Las defensas durante la audiencia. Foto Matías Subat.

Sommer y Deiub formaron la mayoría. El primero sostuvo:

Lo cierto es que dicha parte acusadora pública no formuló petición alguna desde la implementación del nuevo sistema procesal penal (14/01/2014), y solo lo hizo una vez que las defensas particulares de los acusados solicitaron la fijación de la respectiva audiencia ante la Oficina Judicial de Neuquén.

Por su parte, el impugnante (la querella) tampoco desarrolló actuación procesal alguna desde la puesta en vigencia del nuevo ordenamiento, lo que configuró una circunstancia relevante que sustentó la decisión cuestionada por la Sra. Juez de Garantías con fundamento en la afectación de las garantías constitucionales de los imputados, y los consecuentes sobreseimientos peticionados por las defensas.

disiento con la aplicación al presente caso de la garantía de plazo razonable. Ello así, ya que implica tornar de nula aplicación lo establecido por el art. 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal en cuanto establece que las causas que venían del anterior Código tendrían dos (2) años para continuar con el trámite.

Por ello, tratándose el presente de un proceso penales de los denominados “de transición” el plazo fijado para adecuación al nuevo sistema procesal (conf. Acuerdo n° 6/14 del Tribunal Superior de Justicia) no ha operado ni al momento de dictarse la resolución recurrida por la querella ni al momento de dictar la presente sentencia de impugnación.

será carga del hoy recurrente ejercer las facultades propias de la parte querellante y develar su teoría del caso –que no solo omitiera consignar sino que invocara que no tenía obligación de exteriorizarla-, a los fines de evitar el vencimiento de los plazos establecidos por las normas adjetivas transitorias como duración del proceso.

Deiub agregó:

Si bien y tal como han mencionado las partes, estamos ante una investigación judicial que ha tenido su inicio en el año 2007, y por ende en al menos dos oportunidades ya remarcadas en el voto inicial el legajo tuvo radicación en el máximo Tribunal Provincial a raíz de recursos impulsados por la querella que refiere a una estrategia muy particular que no explicita; ello desliga de responsabilidad al órgano judicial ante la alegada demora en la investigación.

Sin lugar a dudas nos encontramos ante un trámite iniciado bajo el proceso anterior y por ende de transición para el cual el legislador en el art. 56 (LOJP) ha dispuesto, atendiendo a que en el caso particular la instrucción claramente ha durado más de tres años, que debe adecuarse y finalizarse el proceso en el término de dos años, plazo éste que se computa desde la entrada en vigencia de la nueva ley.

entiendo que en el presente legajo el proceso no ha tenido una duración exagerada que permita sostener que se ha vulnerado el derecho a obtener una decisión judicial definitiva en un tiempo razonable.

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