“Al Estado se le terminó el plazo para tener detenida a una persona cautelarmente” Video y fallo completo

11 marzo 2015, 7: 11

El Tribunal de Impugnación, en dos sentencias emitidas el mismo día, con integraciones disímiles y de forma unánime, ordenó la libertad por vencimiento del plazo máximo de tres imputados que tienen veredicto de culpabilidad de jurados populares. En uno de los casos fue la propia querella la que expresó su conformidad.

Seis jueces del Tribunal de Impugnación consideraron que el plazo máximo de un año previsto en el artículo 119 del código procesal penal para la prisión preventiva es fatal, y por ende, implica el cese de la medida de coerción.

Así lo expresaron Florencia Martini, Federico Sommer y Gladys Folone cuando dispusieron la libertad de Gabriel Alexis Castillo y Alex Mauricio Obreque Vara, quienes fueron declarados culpables por un jurado popular del homicidio de Daniel Arias ocurrido en el barrio Cordón Colón de la ciudad de Neuquén el 8 de enero de 2013. El fallo completo aquí.

El veredicto fue emitido el 3 de julio de 2014 y recién se realizó la audiencia de imposición de la pena el 10 de marzo de 2015 (transcurridos ocho meses) unas horas después de que Impugnación ordenara la libertad (actualización: el jueves 12 de marzo el juez Mauricio Zabala les impuso prisión perpetua). Asisten a los imputados los defensores oficiales Daniel García Cáneva (Castillo) y Fernando Diez (Obreque Vara).

En el voto de Martini, al que adhiere íntegramente Folone, y también Sommer con algunos aportes, se señala que:

La garantía del plazo razonable (de la prisión preventiva) debe ser asegurada por el Estado, con absoluta independencia del derecho a la tutela judicial de las víctimas.

Cuando el Estado logra llevar a cabo una persecución penal hasta obtener una sentencia firme dentro del plazo máximo admisible para la prisión preventiva, garantiza simultáneamente el derecho al plazo razonable de la prisión preventiva del imputado y el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas.

(…) Que, excepcionalmente, el sistema administrativo de la Justicia Penal no logre –como en este caso- alcanzar una sentencia firme dentro del plazo máximo de prisión preventiva, no faculta a los jueces el apartamiento de la ley, ni mucho menos la meridiana violación de derechos y garantías de los imputados.

(…) De lo que se trata claramente es de establecer un límite temporal absoluto que restrinja la posibilidad del Estado de privar de libertad a personas que, si bien se hallan sometidas a persecución penal, son jurídicamente inocentes.

(…) La ley no hace distinción alguna entre imputados con veredicto de culpabilidad (de Jurado Popular o Jueces técnicos) ni aún entre imputados con veredicto de culpabilidad y cesura (sentencia no firme). Y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos instituyen el principio de inocencia como tal hasta que una sentencia firme declare lo contario. Apartarse de tal principio generaría, lógicamente, responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Sommer agrega:

la presente situación de prisión preventiva de los acusados ya excedido el plazo máximo establecido y sin la celebración de la segunda fase del juicio por jurados –cuando desde el mes de Julio del 2014 se ha dictado un veredicto de culpabilidad- importa una situación de gravedad institucional, mientras que por otro lado, disponer la libertad de los dos acusados que fueron hallados culpables por tal veredicto y en orden al delito de homicidio calificado también constituye una situación absolutamente indeseada y que habré de resultar compleja de comunicar a la sociedad neuquina. Sin embargo, en un estado de derecho la solución necesaria y legal es la libertad de los acusados, ya que la dilación operada en el debido juzgamiento de los mismos nunca puede configurar una causal para retacear sus derechos constitucionales y someterlos a una privación de la libertad contraria a la normativa vigente.

Como medidas alternativas a la prisión preventiva el tribunal ordenó que ambos imputados fijen domicilio y se presenten semalmente ante la Oficina de Asuntos Extrapenales de la fiscalía.

“Queda en libertad por la propia ineficiencia del Estado”

Eugenia Bella Nahuel fue declarada culpable por un jurado popular el 4 de diciembre de 2014. Se la encontró responsable del crimen de Fernando Padilla ocurrido en Centenario el 24 de enero de 2014, junto a otra mujer. Aún no se realizó el juicio de cesura y tiene fecha para el próximo 20 de marzo.

Dedominichi, Rodriguez Gomez y Elosú Larumbe durante la lectura de la sentencia.

Dedominichi, Rodriguez Gomez y Elosú Larumbe durante la lectura de la sentencia.

La resolución que revocó la prisión preventiva de Nahuel fue emitida de forma oral. Integraron el tribunal: Héctor Dedominichi, Mario Rodríguez Gomez y Alfredo Elosú Larumbe.

En la audiencia estuvieron presentes el defensor, Gustavo Vitale, y el abogado querellante, Juan Coto, quien no se opuso al pedido de la contraparte. Faltó el fiscal Pablo Vignaroli.

Allí manifestaron que:

Una detención apoyada en una sentencia que no está ni siquiera confirmada por el Tribunal de Impugnación no es otra cosa que una prisión preventiva. No hay forma de llamarlo de otro modo.

A pesar de que se podría haber realizado el juicio de cesura, se podrían haber cumplido con las etapas de impugnación correspondientes, nada de eso se hizo. Entendemos que se trata de una dilación grave. Sobre todo si se tiene presente que todos los operadores judiciales conocíamos el artículo 119, y sabíamos perfectamente que los abogados defensores no iban a tardar ni un solo instante en solicitar el cese de la detención cautelar, una vez que se cumpla el plazo de un año contados a partir de la implementación del nuevo sistema procesal.

Nos encontramos frente a una posición incómoda. Decimos que es incómoda porque es dificil explicarle a la sociedad que una persona que ha sido declarada culpable por el propio pueblo queda en libertad, pero no porque se revocó la condena que es una de las posibilidades que existen desde el punto de vista procesal. Queda en libertad por la propia ineficiencia del Estado. Y cuando hablo de Estado me refiero concretamente a la fiscalía, porque más allá de que la Oficina Judicial es el órganos administrativo encargado de fijar las audiencias y de organizar las agendas judiciales, es el titular de la acción pública, quien debe instar el procedimiento si pretende evitar que se le venzan los plazos de la prisión preventiva.

Decir que el plazo del artículo 119 no es de aplicación automática es desconocer la letra del propio precepto.

Ya no se discute ni razonabilidad ni se discuten riesgos procesales que sirvan de base a la prisión preventiva. Se discute otra cosa, se discute el vencimiento de términos fatales.

La querella ha reconocido que debe cesar la prisión preventiva. Textualmente nos aclaró el doctor Coto que los representantes de la víctima “han decidido someterse a la voluntad de la ley.” Eso no significa que los familiares de la víctima quieran que quede en libertad. Ellos son los principales interesados en que se haga justicia, pero deciden y entienden que se debe respetar la ley.

Se prohibió la salida del país de la imputada y se dispuso que en forma urgente se fije una audiencia para debatir la imposición de otras medidas cautelares.

La audiencia completa:

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10 comentarios para “Al Estado se le terminó el plazo para tener detenida a una persona cautelarmente” Video y fallo completo

  1. Horacio Rachid
    11 marzo 2015, 9: 44 para 9:44

    En estos casos se está aplicando correctamente la nueva Procesal Penal, pero deja en evidencia la veracidad de mi objeción anterior en el caso de los condenados a perpetua y liberados de la preventiva por “no estar firme” en apelación. No soy abogado, pero tampoco como vidrio.

  2. Dr. Marcelo Inaudi
    11 marzo 2015, 16: 55 para 16:55

    Es impecable el voto de los jueces. Comparto su criterio. No puede ser que transcurran meses y meses de inacción entre la resolución que declara culpable al acusado y la realización del juicio de cesura para determinar la pena a aplicar. No se corresponde semejante pereza procesal, en causas con personas privadas de su libertad. El respeto por la ley es lo que distingue una sociedad civilizada de una tribu…

  3. Japones
    12 marzo 2015, 8: 57 para 8:57

    Muy bien Inaudi, ojalá se diera un buen debate al respecto dentro de su partido político (y de otros) para que no terminen haciendo política punitiva populista los que son presentados como sus referentes.

  4. ciudadano comun
    12 marzo 2015, 9: 01 para 9:01

    Señor Fiscal Gerez, quien va a ser el fusible que utilizara para evitar que sea su propia cabeza la que ruede por el piso???
    Alguna vez va a reconocer que no esta preparado para el cargo que ocupa???
    Dejese de hacer política y trabaje del cargo que ocupa que bastante caro le sale a la sociedad

  5. amazing
    12 marzo 2015, 9: 20 para 9:20

    Lo de Gerez ayer en la nota que le hicieron para la televisión es patético. Se hace el enojado, le tira tierra a los jueces y toda la respuesta que se le ocurre dar a que se tuvo sin fijar pena por más de un año es que la oficina judicial no fijaba la audiencia y que hay que modificar la ley para poder tener guardados a los imputados todo el tiempo que el estado quiera demorarse en juzgar correctamente.
    En un país serio ya le estarían pidiendo la renuncia.

    • ofiju
      16 marzo 2015, 21: 43 para 21:43

      La OFIJU depende de superintendencia no de Fiscal General. Habría que poner en comisión a los de las OFIJU y a la secretaria de Superintendencia del TSJ no pavear con la renuncia de un Fiscal.

  6. ofiju
    16 marzo 2015, 21: 41 para 21:41

    Todas las oficinas judiciales se armaron con los favoritos de la reforma. A dedo los puso Massei y ahora ocurre lo que pasa. Eso sí, lo importante es calificar jueces cada tres años.

  7. 22 abril 2015, 14: 45 para 14:45

    ¿Qué es lo que no se entiende del límite temporal de la prisión preventiva? Si el Estado tiene un plazo, debe cumplirlo. ¿Qué es lo que se va a litigar? ¿Si el plazo es fatal? Si no fuera fatal, no sería plazo…

    El plazo para presentar un recurso es de tres días. Si lo presento a los cuatro días, el plazo está vencido.

    El plazo de prisión es de un año. Al año vence y la prisión preventiva debe ser revocada. ¿Qué otra interpretación se puede aplicar de buena fe?

  8. 24 abril 2015, 20: 11 para 20:11

    Acá nadie es inocente, la contra reforma se lanzó desde el primer día, al mes ya estaban pidiendo reformar el código y siempre el eje es la prisión preventiva, aunque le agreguen otras cosas como “maquillaje”. Por ahora el Pino se mantiene firme…y cuando se vaya?

  9. favio
    30 enero 2018, 17: 38 para 17:38

    En mi parecer, es correcta la decisión del T.I; fundada en lo que establecen las normas Internacionales de Derechos Humanos, Constitución Nacional y lo dicho por la CSJN, como lo expresa el Juez Elosú Larumbe.

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