El Tribunal Superior revisará la sentencia de juicio por jurados que condenó al policía Méndez

19 diciembre 2014, 7: 11
Las partes durante el juicio por jurados. Foto Matías Subat.

Las partes durante el juicio por jurados. Foto Matías Subat.

La fiscalía y la querella atacaron la resolución del Tribunal de Impugnación que redujo la calificación, quitándole el agravante del abuso funcional. Los argumentos de los recursos extraordinarios.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ)  deberá revisar por primera vez una sentencia de juicio por jurados. Se trata del fallo que condenó al policía Héctor Méndez por el asesinato del joven Matías Casas. El tribunal popular lo declaró culpable por el delito de homicidio calificado por el uso de arma y el abuso de la función. En el juicio de cesura se le impuso la pena de prisión perpetua. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revocó la sentencia quintándole el agravante del abuso funcional. 

El fiscal ante el TSJ, José Gérez, planteó como motivación del recurso extraordinario (cuya presentación se puede ver aquí) la arbitrariedad de la resolución pues «se aparta y decide en contra de la ley» y por «extralimitarse en el control jurisdiccional de la decisión del Jurado Popular al modificar sustancialmente un veredicto unánime arribado de conformidad a las normas procesales que regulan la deliberación y el veredicto.»

Agregó:

Entiende esta Fiscalía que para ser sujeto activo del delito de Homicidio Calificado, tipificado en el artículo 80 inc. 9°, basta con revestir la calidad de integrante de una fuerza de seguridad, policial o del servicio penitenciario quedando exceptuados, únicamente, los funcionarios exonerados o dados de baja, debido a que pierden su condición policial, pero éste no es el caso porque Héctor Méndez, se encontraba de licencia y ello, de ningún modo, afecta su condición de policía provincial.

Asimismo, dicho sujeto debe realizar la acción típica “abusando” de la función o cargo. Ahora bien, abusa del cargo o de la función, quien aprovecha las facilidades que le otorga la condición que ostenta para cometer el homicidio (Gisela A. Icardi y Gabriel M. Vitale). (…)

El Tribunal de Impugnación afirma, a efectos de eliminar el calificante del inc. 9°, que “se trató de un accionar motivado en intereses personales ajenos a la función policial”. Ello así, porque Méndez fue a zanjar un pleito originado en un entredicho de su hijo con la víctima. Tal circunstancia, si bien es cierta, no resulta suficiente para eliminar el agravante porque la norma legal no exige una determinada motivación sino que exige como elemento subjetivo del tipo que el sujeto activo cometa el homicidio “abusando de la función o cargo”, y esto precisamente sucede cuando utiliza el arma de fuego provista por el Estado para zanjar cuestiones personales.

La abogada querellante Ivana Dal Bianco y su par Mariano Pedrero sostuvieron en la presentación (aquí completa) tres agravios. El primero es que el fallo no respeta el sistema adversarial pues consideran que se introducen cuestiones no planteadas por la defensa:

Los jueces equivocadamente se arrogan el poder de reemplazar lo que la defensa no adujo, planteando ellos hipótesis alternativas que en su visión se debieron ofrecer al jurado. De esta forma se vulnera el sistema adversarial que incorpora el nuevo Código Procesal puesto que el juez, lejos de ser un actor imparcial respecto de los planteos de las partes, se erige en quién decide las hipótesis o teorías del caso que se debieron, en su opinión, plantear al Jurado Popular. La defensa no adujo hipótesis ni veredictos alternativos porque su teoría del caso y su planteo al Jurado Popular era el de lograr un veredicto de no culpabilidad. Esto NO puede ser reemplazado por los jueces en la instancia superior, pues no hubo estado de indefensión del imputado, sino una estrategia elegida y sostenida ante el Jurado Popular por el abogado defensor.

El segundo es que el tribunal no respetó el veredicto popular:

Lo que queremos señalar es que la Jueza, mediante la llave que según entiende le abriría el recurso al abogado defensor (que sería el haber cuestionado la pregunta número cinco), en verdad lo utiliza para poder dar ella su opinión sobre la calificación que opina le corresponde a este caso. En otras palabras, la Dra. Martini opina que no se le dieron las instrucciones correctas al jurado “para resolver el caso adecuadamente” pero en verdad no analiza las instrucciones desde la perspectiva de la teoría del caso de las partes, sino que lo hace desde su propia opinión del caso. Para la Dra Martini “resolver el caso adecuadamente” significa su propia opinión respeto al mismo, más allá del veredicto unánime del jurado.

Por último se plantea la arbitrariedad de la sentencia y la errónea aplicación del derecho:

el homicidio no fue cometido por un autor cualquiera utilizando un arma cualquiera: se trató de un policía que, en pleno vigor del estado policial, usó ilícitamente el arma reglamentaria que por tal circunstancia poseía. Vale recordar que los jueces del Tribunal de Impugnación no discrepan respecto del carácter criminal del acto cometido: coinciden todos sus miembros en que Héctor David Méndez cometió un homicidio doloso calificado por abuso de arma. Ahora bien, dado el carácter criminal de la acción emprendida por Héctor David Méndez, mal puede afirmarse que la misma no constituya un abuso de función policial. Así, al homicidio, a la conducta lesiva, se suma la transgresión al deber especial que se deriva del estado policial en que se encontraba el autor, las facultades que tal estado le conferían (portar el arma reglamentaria y utilizarla en todo tiempo y lugar) y el uso abusivo que de tal arma se sirvió para sus objetivos criminales. En consecuencia corresponde la aplicación al caso del calificante del art. 89 inc. 9 del Código Penal.

El antecedente más reciente en un caso de gatillo fácil en el que intervino la sala penal del TSJ fue el de Braian Hernández. Allí se modificó la calificación, justamente quitándole el agravante del abuso de la función policial. Ricardo Kohon y Ricardo Cancela votaron por la revocación y en disiencia se expresó Evaldo Moya. De acuerdo a la designación de autoridades en 2015, Moya junto a la vocal Graciela Martínez serían los encargados de tratar los recursos.

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