Jurados populares: otra revocación parcial al juicio de cesura

10 diciembre 2014, 21: 36

El Tribunal de Impugnación volvió a reivindicar su atribución de efectuar una revisión amplia del juicio. De paso: un fallo dividido no es inconstitucional.

Juicio por jurados contra José Sebastián González.

Juicio por jurados contra José Sebastián González.

El caso es un homicidio agravado por su comisión con arma de fuego y con el concurso premeditado de dos o más personas. El autor, José Sebastián González, fue declarado culpable del crimen de Gabriel “Willy” Gutiérrez por 10 de los 12 votos del jurado popular. En el juicio de cesura le impusieron prisión perpetua.

Gutiérrez viajaba en el auto junto a Braian Hernández la madrugada en la que fue asesinado por el policía Claudio Salas. Su muerte se produjo después de haber comparecido como testigo en el juicio.

La defensa presentó varios agravios de los cuales resaltamos dos: la calificación legal y la constitucionalidad del voto dividido del jurado para una declaración de culpabilidad.

El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Andrés Repetto y Liliana Deiub, revocó el agravante del concurso premeditado y ordenó un nuevo juicio de cesura. El fallo completo en pdf está aquí.

Sommer, con la adhesión de Deiub, escribió:

“El Jurado  es el ‘Juez de los hechos’, en tanto que el Juez técnico que dirige el  debate es el ‘Juez del derecho’. El problema es que el  juez técnico instruyó al Jurado en forma completamente defectuosa sobre el modo en que se configura el delito calificado (derecho aplicable).

“De allí  que la flagrante violación al principio de  legalidad,  por una  interpretación arbitraria del  tipo penal calificado que  sostuvo la acusación,  al no respetar el  sentido de la norma, condujo  al ‘Juez  de los hechos’ (Jurado Popular), a  establecer  que José Sebastián González cometió  el homicidio calificado por el concurso premeditado de dos  o  más  personas. Si el Jurado hubiera sido debidamente instruido sobre los  hechos que constituían  la forma calificada del delito, jamás se podría haber arribado a  esta solución“.

Pero resulta que la defensa no se agravió por las instrucciones al jurado. Eso no impidió que el Tribunal de Impugnación ingresara en el punto (¿por qué no, si el Tribunal Superior también lo hace?). Así lo justificó Sommer:

“En principio existe un obstáculo formal para revisar  la decisión, desde que  la defensa no cuestionó la forma en que fue dada la instrucción sobre el derecho sustantivo aplicable (pero) la sentencia puede ser revisada en la medida en que  afecte derechos sustanciales del  acusado”.

La disidencia

Repetto enfocó el caso desde otro punto de vista:

“No existe ninguna duda de que es el jurado el que deberá  determinar si  se ha probado o  no  el hecho  atribuido (pero otra cosa) muy distinta es que sea el jurado el  que  deba realizar  el análisis jurídico tendiente a  determinar  a  qué  tipo penal en particular corresponde subsumir esa conducta humana que se dio por acreditada.

En el caso  de autos el juez no hizo  ningún análisis jurídico de la calificación legal que  correspondería aplicar al caso. Al contrario, rechazó la propuesta de la defensa de variar  la calificación legal que fuera objeto de veredicto,  y en función de ello,  declaró a  José  Sebastián González como autor penalmente  responsable del delito de homicidio calificado por su comisión con armas y por el concurso premeditado de dos o más  personas, afirmando en definitiva que no le corresponde  a  él determinar cuál es la calificación que  corresponde  aplicar al  caso porque ya lo hizo el jurado al tener por acreditado que  el imputado cometió el homicidio que le fuera reprochado  con el concurso premeditado de dos  o más personas.

“Esta  sola  circunstancia justifica  nulificar la segunda fase del juicio, en razón de haberse violado  las normas procesales, al haber delegado en el  jurado  la función  de determinar  la calificación jurídica que corresponde aplicar al caso, en función del  análisis técnico  que  debe  realizarse entre la conducta tenida por probada por el jurado y la  norma  jurídica que  en función de dicha  conducta corresponde aplicar”.

Culpable por mayoría

La defensa también planteó que en juicio por jurados resulta inconstitucional una declaración de culpabilidad por mayoría. Afirmó que “solo la unanimidad es la garantía de la máxima deliberación posible”.

La respuesta de Sommer fue:

“La pretensión de unanimidad entiendo que no conlleva  la máxima deliberación del jurado en el  sentido que una decisión razonada  del jurado no se obtiene a partir de una votación en forma democrática o  por consenso sino por elaboración científica de la decisión final de culpabilidad.

Como contrapartida, no puede afirmarse con certeza que un veredicto mayoritario, no haya sido consecuencia  de una deliberación seria y profunda de la totalidad de los miembros del jurado, en la que todos expresaron con libertad su opinión y participaron abiertamente del debate.

El segundo

Este es el segundo fallo del Tribunal de Impugnación que se mete con un juicio de cesura tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular.

El anterior benefició a un policía, Héctor Méndez. Lo contamos aquí.

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