Fallo Ni-Ni: ni comparten ni anulan

8 octubre 2014, 7: 11
Sobisch durante el juicio. Foto Matías Subat.

Sobisch durante el juicio. Foto Matías Subat.

El Tribunal de Impugnación confirmó la resolución que absolvió a Jorge Sobisch en la causa de la zona liberada.

No hubo sorpresas: el Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia dictada en junio pasado por el juez de Garantías, Marcelo Muñoz, que absolvió al ahora pre-candidato a gobernador 2015 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en alianza con el sector petrolero, Jorge Sobisch, en la causa conocida como «zona liberada.»

A Sobisch se lo acusaba de haber dado el 30 de marzo de 2006 la orden de no intervenir a la policía provincial cuando un grupo de supuestos obreros de la Uocra -entre los que se encontraban militantes del MPN- desalojó una manifestación docente en Plaza Huincul. En este post pueden encontrar las crónicas del juicio y en este la jornada final que incluyó gases y balas.

Los jueces Héctor Dedominichi, Andrés Repetto y Fernando Zvilling, encargados de revisar el fallo, adoptaron una posición Ni-Ni: ni comparten (aparentemente) la decisión de Muñoz, ni parecen encontrar elementos para anularla.

La resolución –aquí en pdf- repasa los argumentos de las partes (quien impugna es la querella, la fiscalía se abstuvo de acusar) para pasar luego a definir si hubo o no arbitrariedad o absurdidad.

El voto de Dedominichi, al que adhieren sus pares, marca distancia de la solución a la que arriba Muñoz. O por lo menos, lo insinúa:

«No se trata entonces de reeditar el juicio en esta segunda instancia, sino de verificar que el juicio llevado a cabo en la primera instancia responde  a estándares de justicia y legalidad. De allí que exista un límite en la valoración que el Tribunal de Impugnación pueda hacer de la sentencia dictada. El límite estará dado no por la empatía que se pueda o no tener con las conclusiones a las que arribó el juez de grado, sino por la concordancia que exista o no entre la conclusión a la que arribó el juez en su sentencia y lo que objetivamente se desprende de dicha prueba

(…)

«Lo relevante no es compartir el análisis de valor que pueda hacerse, sino verificar que en el marco de ese análisis no se haya excedido el límite de la razonabilidad, tergiversando el contenido de la prueba al punto de modificarla o directamente suplirla con información irreal, construida a partir de una falsa valoración. En definitiva, no compartir la valoración efectuada por el juez no torna necesariamente su sentencia como arbitraria o absurda, salvo que en el proceso de valoración de la prueba se haya producido una alteración de ésta, tergiversando el contenido mismo de las pruebas, al punto de hacerles decir lo que éstas no dicen

El magistrado sostiene que el fallo no resulta arbitrario ni es producto de una «valoración absurda de la prueba producida, como lo pretende la querella.»

Sobre la actuación de los policías denunciantes afirma:

«Las explicaciones que dio la querella en el sentido que Morales y Seguel, quienes habían denunciado el hecho que motivara el juicio, no podían actuar porque esa era la orden, no repara en que conforme los dichos de Zalazar (ex jefe sobreseído por falta de acusación fiscal), la jefatura de policía había dado una orden de carácter administrativo, consistente en el traslado del grupo especial de Zapala a Cutral Co, lo que permitía que el jefe de la Dirección de Interior y el Jefe del Operativo se encontraran en condiciones de decidir según las circunstancias en el lugar donde se produjeron los hechos.»

En cuanto a la orden de no intervenir asegura:

«La querella dijo que el Gobernador expresó en forma literal: «di la orden de no actuar», cuando se encontrara comprometida la paz social. Lo cierto, agregó el recurrente, que «el no actuar» debe ser visto en el contexto en el que la policía no actuó, y si lo hizo un grupo de para-estatales, de violentos que fueron a hacer el trabajo sucio. En función de ello calificó de confuso y extraño el razonamiento dado por el juez.

En tal sentido debo señalar dos cuestiones. La primera, que más allá de que resultara acertada la afirmación dada por la querella, en cuanto a que no resulta ajustado recurrir a la confesión, como lo hace el juez, y por otra parte la referencia a la posible violación de derechos consagrados por la Constitución, lo cierto y concreto es que el magistrado manifestó que dicho discurso fue dado en público en el día de la policía nacional, y como fuera escuchado en el video, en su introducción habló de las protestas de los docentes y de la forma de encarar las mismas, y dijo que está hablando un hombre político y un gobernador que le ordenó al jefe de policía y sus colaboradores que no actúen cuando esté en riesgo la paz social, y que es su responsabilidad política y que está la justicia para definirlo.

Ese discurso político, agregó el juez, más allá de la interpretación que hace la querella, es un claro respaldo al jefe de policía y a los integrantes de la fuerza, no una admisión de responsabilidad penal, tal es así que expresamente negó haber dado esa orden dicho día.»

Finalmente, respecto de la rebaja en la pena otorgada por Sobisch a Juan Antío, un empleado municipal de Cutral Co en cuyo domicilio fueron encontrados los cascos amarillos usados por los falsos obreros, Dedominichi plantea:

«Pretender que la conmutación de pena fue un reconocimiento por los «servicios prestados» el día de los acontecimientos motivo de análisis, es transformar la inferencia en una causi-deducción. Es decir, se trata de una posibilidad entre tantas otras, por lo que la inferencia no reúne el requisito de univocidad necesario para reforzar otras pruebas.»

Etiquetas , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.