Permiten querellante en una investigación por presuntos delitos de corrupción. Fallo completo

19 septiembre 2014, 7: 11

Se reabre una puerta que parecía cerrada. El concepto de víctima en debate. Un tratado internacional vale más que un código provincial.

¿Quién es una víctima, según el Código Procesal Penal de Neuquén?

“Este Código considera víctima al ofendido directamente por el delito” (artículo 60).

¿Y qué pasa cuando el delito ofende en forma colectiva o difusa, por ejemplo, un hecho de corrupción estatal?

A esta pregunta responde el fallo del Tribunal de Impugnación que pueden descargar completo aquí en pdf.

La causa se originó con una denuncia de la diputada provincial Beatriz Kreitman (CC-Ari) contra el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

La investigación fiscal es muy incipiente a hoy, 19 de septiembre de 2014. Pero una cosa hizo ya la fiscalía, representada por Marcelo Jara: rechazó a la diputada como querellante.

El juez Mauricio Zabala le dio la razón. Y Kreitman, con el asesoramiento legal de Federico Egea y Marcos Pastorutti, impugnó.

El Tribunal de Impugnación emitió un fallo dividido.

Daniel Varessio quedó en minoría. Su postura fue que Coco es imputado y tiene derecho a ser escuchado (algo que hasta ahora no sucedió), y que el legajo debe volver a otro juez o jueza de Garantías para que resuelva.

La mayoría que hace lugar a la incorporación de Kreitman como querellante la formaron Richard Trincheri y Fernando Zvilling.

Trincheri fue el que incluyó más consideraciones en su voto.

Señaló, por ejemplo: “nadie puede ignorar que en Neuquén los delitos de corrupción administrativa con contenido patrimonial son escasamente investigados o directamente no se investigan”.

Luego amplió: “Es una deuda de la justicia en el país”.

“Entonces –se preguntó- ¿por qué negar la intervención de querellante particular a quien desea investigar hechos de esta naturaleza, máxime cuando el Estado investiga defectuosamente o no investiga?”.

Zvilling, a su turno, escribió: “la interpretación extensiva del concepto de víctima se ve favorecida, o exigida, por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, fundamentalmente en lo que se refiere a los delitos de corrupción en la función pública”.

El abogado Egea dice que este es un fallo para ser citado cada vez que traten de impedir la participación de querellantes en hechos de presunta corrupción.

Suponemos que también será invocado ante otros hechos presuntamente delictivos de interés colectivo, como los ambientales.

Una puerta se abrió. ¿Quedará así?

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