Consejo de la Magistratura, poder discrecional e integración

18 Septiembre 2014, 12: 57

Banco de suplentesSituación blanqueada: la opinión de consejeros y consejeras está por encima de cualquier suma de puntajes. El orden de mérito definitivo de un concurso no es “un banco de suplentes.” El debate perdido sobre la composición del pleno.

El Consejo de la Magistratura rechazó por improcedente el recurso presentado por el postulante que había quedado ubicado en segundo lugar en el orden de mérito definitivo, Diego Piedrabuena, a la resolución que declaró fracasado el concurso para ocupar el cargo de juez correccional de Neuquén, luego de que la Legislatura no prestara acuerdo al pliego de designación de Silvia Ayala.

Al resolver este planteo quienes integran el Consejo revelaron, con una claridad nunca expuesta hasta ahora, su poder discrecional. El voto, al que adhirió el pleno en forma unánime, pertenece al presidente del cuerpo, Guillermo Labate (Tribunal Superior de Justicia), con aportes de Pedro Quarta (abogados de la provincia), y fundado en un dictamen del asesor jurídico del organismo.

Dijeron, por ejemplo, que “el orden de mérito definitivo no debe necesariamente elaborarse mediante la suma de los resultados totales de cada etapa”, con lo cual ratificaron que el rol no es el de “meros testigos de la corrección de lo que se lleva a cabo” sino que la función es definir quien es el ganador o ganadora de un concurso.

Y que no están obligados ni obligadas, en caso de que la Legislatura rechace un pliego, a remitir a quien sigue en el orden de mérito porque “no es un banco de suplentes”.

Pero una de las frases nodales es: “No olvidemos de dónde vienen los Consejeros en tanto exponenciales de intereses”.

En efecto, el Consejo tiene la siguiente composición sesgada: dos por el bloque mayoritario en la Legislatura, dos por los bloques minoritarios, dos por los Colegios de Abogados, y un representante del Tribunal Superior de Justicia.

En los hechos, el oficialismo (que en el caso de Neuquén es el mismo desde la década del 60) siempre tiene mayoría.

La discusión sobre la integración del Consejo se perdió en 2006 durante la reforma de la Constitución provincial. Había otras propuestas, más participativas, que quedaron en el camino por un acuerdo entre cúpulas partidarias. El debate nunca se retomó.

Veamos más en detalle el caso en cuestión y las definiciones, que exceden largamente la situación particular.

Conversión de cargos

En la acordada 155/14 que rechaza el recurso de Piedrabuena, las y los consejeros sostienen que la vacante de juez correccional de Neuquén no puede ser asimilada a la de juez de Garantías. Aseguran que el “objeto del nuevo código procesal penal no ha sido de por sí convertir cargos o disponer disoluciones de organismos o fusiones” que ese rol le cupo a la ley orgánica de la Justicia Penal que sí efectuó cambios (por ejemplo: creó 12 cargos de jueces y disolvió las cámaras multifueros).

“Esta ley no estaba ni siquiera sancionada cuando este Consejo designó a la Dra. Ayala y ulteriormente remitió su pliego”, consigna la acordada.

En suma: el Consejo concursó el cargo con dicha denominación antes de que la reforma del sistema procesal penal y de la justicia penal entrara en vigor y siguió la pauta encomendada por el Poder Judicial.

Doble vara

En cuanto a la no remisión del pliego de quien ocupaba el segundo puesto en el orden de mérito definitivo, lo justifican en que no podían “seguir adelante con un trámite concursal donde se terminaría designando y dando acuerdo a un juez correccional cuya actuación no podía tener lugar en el nuevo sistema porque su perfil y su función definitivamente no encajaría en éste porque la competencia de un juez correccional bajo los términos del anterior sistema (Ley 1677) no tenía nada que ver con la que luego la reforma operada por la ley 2784 asignó a los jueces miembros del Colegio de Jueces, cosa que no ha sucedido, por ejemplo con el caso del Dr. Fernando Diez (concurso Nº69) donde pese a la mutación de la denominación del cargo que operó después de iniciado dicho concurso ley 2892, en términos funcionales no estamos hablando de las diferencias funcionales esenciales que la reforma provocó respecto de los jueces correccionales.”

Meros testigos

El Consejo señala entonces que la designación de un postulante “no se trata de un acto de “mero trámite”. Sus integrantes aseguran que una vez que concluye la etapa de entrevista personal continúan otras dos: la evaluación general en la que se encomienda elaborar el orden de mérito definitivo y la designación del postulante.

Así lo explican:

“Que, este Pleno, en función de lo expresado, abriga la total convicción de que el orden de mérito definitivo no debe necesariamente elaborarse mediante la suma de los resultados totales de cada etapa, pudiendo los Consejeros establecer los puntajes de acuerdo a sus opiniones y evaluaciones personales de cada concursante y en tal sentido, cada Consejero puede merituar los puntajes de acuerdo a esa personal evaluación que practique (…) Tratándose de personas que designan esos magistrados y funcionarios pueden hacer prevalecer sus opiniones por sobre los resultados de las etapas de cada Concurso y elegir a quien demuestre mayor capacidad y aptitud para ejercer esos cargos, todo ello en el marco del pluralismo de opiniones y de diversidad política que inspira su propia creación como Órgano Constitucional. No olvidemos de dónde vienen los Consejeros en tanto exponenciales de intereses y se explicará esta afirmación. Pensar de otra manera sería reducir a los Consejeros a meros testigos de la corrección de lo que se lleva a cabo cada etapa y no tener posibilidad alguna de hacer prevalecer sus opiniones personales responsables”

Esa facultad de “Elaborar” el orden de mérito definitivo en el marco de la evaluación general, debe ser el resultad0 no sólo de la mera suma de los puntajes registrados en cada etapa sino una resultante sinérgica fruto de la opinión merituada y meditada de cada Consejero. Finalmente, se produce la designación del o de los postulantes que ocuparán el cargo, si es que la Legislatura de la Provincia le confiere Acuerdo Legislativo. Verdaderamente, este es el primer acto del curso complejo de los concursos donde se reconoce derechos adquiridos y limitados a los concursantes. Y ¿por qué esto es así?: Porque el derecho que se instaura con una designación, a su vez penden de una condición resolutoria cual que se presente el Acuerdo Legislativo, con lo que no resulta ser pleno. El concursante designado, en todo caso, tiene derecho a que se evalúe su acuerdo, pero no los tiene sobre el resultado del Acuerdo mismo. El segundo acto que perfecciona el derecho, claro está, es el Acuerdo mismo a partir del cual es designado tiene derecho a asumir la jurisdicción.”

Suplentes

¿Qué pasa entonces cuando no se presta acuerdo legislativo? Aquí se cita el artículo 27 de la ley 2533 que dice que: “En caso de denegatoria del Acuerdo, el Consejo de la Magistratura deberá respetar el orden de mérito definitivo oportunamente confeccionado, y remitir al siguiente postulante de la lista.”

Para las y los consejeros esta situación le impone “respetar el orden de mérito y de remitir al siguiente postulante de la lista (en realidad es remitir su pliego). Pero de ninguna manera le inhibe ejecutar la potestad inherente de resolver el concurso eliminándolo del sistema como mecanismo de contratación. Es decir: El Consejo resuelve designar, debe hacerlo conforme a la pauta de esta norma y no puede alterar el orden de mérito ni abstenerse de remitir el pliego respectivo. Pero si resuelve utilizar la potestad resolutoria, entonces esta obligación institucional no tiene lugar.”

La falta de acuerdo “que elimina como potencial juez, fiscal o defensor al ganador del concurso, en realidad obliga a una reedición de la situación decisional previa a la primera designación y a considerar realmente si los que no ganaron el concursos deben o no ser designados (…) remitir un nuevo pliego a la Legislatura presupone que antes haya necesariamente una nueva designación.”

Y concluyen: “no se trata de realizar un mero trámite acudiendo a una especie de “banco de suplentes”, o de producir una actuación meramente administrativa o de rutina (…) los concursos no fenecen cuando se designa al ganador de un concurso sino cuando son declarados fracasados o cuando el designado (sea el primero o los sucesivos) toma finalmente posesión del cargo.”

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Un comentario para Consejo de la Magistratura, poder discrecional e integración

  1. C.KELLY
    22 Septiembre 2014, 11: 49 para 11:49

    ¿Meros espectadores? ¿Facultades discresionales? Me suena a meras justificaciones para decir que pueden hacer lo que quieren.

    Me suena muy raro eso de que después de que se pase la evaluación de antecedentes, examen y entrevista, puedan modificar los puntajes que da la suma de ellas, es medio como que al final nada de eso vale, y que digan que si no lo pudieran hacer serían meros espectadores, porque en definitiva ya tuvieron discresionalidad para poner los puntajes de los antecedentes y en la entrevista, y solo en el examen fueron espectadores.

    ¿La nota considera que esto esta bien?

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