Parir dentro de la policía: una agente denunció a su jefe por hostigarla

21 Julio 2014, 11: 08

Desarchivaron una causa contra un policía rionegrino investigado por abuso de autoridad y pidieron su indagatoria. El caso fue encuadrado como una situación de violencia de género.

Foto Matías Subat

Foto Matías Subat

Graciela Almendra denunció el 18 de marzo de 2013 en fiscalía a quien era su jefe, el ahora subcomisario Fabián Fernández de la comisaria 32 de Cipolletti, por abuso de autoridad.

Los hechos comenzaron en noviembre de 2011 cuando la mujer se enteró de que estaba embarazada de un mes y medio. Al practicarse el control médico le fue informado que por sus antecedentes de presión arterial iba a cursar un posible embarazo de riesgo. Le presentó el certificado a Fernández y le solicitó cumplir laborales administrativas en la unidad. Su pedido le fue negado. Su superior le dijo: “el embarazo no es una enfermedad.”

Le ordenó cumplir su horario normal, sin reducción horaria ni readecuación de tareas.

A los dos meses de embarazo Almendra tuvo preeclampsia (conocida también como toxemia, se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial y proteinuria, presencia de proteínas en la orina) y debió pedir licencia por enfermedad, que luego se extendió durante todo el embarazo. Fernández le comunicó que le abriría un sumario “por las faltas”. Ella le respondió que iba a cuidarse y cuidar al bebé.

A su regreso, en noviembre de 2012, le correspondía por ley trabajar seis horas, lo que nunca se cumplió. Tampoco se respetó el horario de lactancia. En varias oportunidades Fernández la amenazó diciéndole que “iba a parir en la calle”. Y así fue. Largas horas sin relevos. En la ampliación de la denuncia, la agente precisó:

“Esta imposibilidad de tomar su descanso para amamantar en pleno período de lactancia, le provocó un fuerte dolor en sus pechos y que se le mojara la ropa con leche, sin dejar de mencionar la profunda angustia y tristeza de no poder alimentar a su hijo. Al comentarle y mostrarle a su compañera, el Cabo E.G., su padecimiento por dicha circunstancia, ésta le manifestó que Fernández le dijo y ordenó al encargado de calle, S.M. “A esa piba no le permita bajar a base, porque se tomó muchas atribuciones.”

Incluso se citó en el expediente una ocasión en que la mandaron a cubrir un puesto quedándose durante cuatro horas parada en la calle por disposición de Fernández.

El fiscal José Rodríguez Chazarreta desestimó la denuncia y procedió a su archivo. Consideró que se trataba de un caso de acoso laboral y no configuraba el delito de abuso de autoridad.

En su dictamen señaló:

“el relevo de un puesto no es algo que debe cumplirse a raja tabla, sino que depende de las necesidades del servicio, lo que significa que, ante diversos hechos acaecidos en la jurisdicción que revistan gravedad y que requieran la presencia de todos los empleados de la Unidad, es posible que el Agente que esté cumpliendo funciones en un puesto deba permanecer en el por más tiempo que el establecido reglamentariamente

“Tales conductas desplegadas por el subcomisario Fernández, serían más configurativas de situaciones de acoso laboral, conocido como “Mobbing” (asediar, acosar, acorralar en grupo), que comprende tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador”

A pedido del abogado querellante Pablo Gutiérrez la decisión fue revisada por el fiscal de Cámara Alejandro Silva, quien resolvió su desarchivo. Sostuvo que se había realizado “una apresurada, incompleta y defectuosa investigación.” Afirmó:

“es evidente que los diversos hechos denunciados merecen una minuciosa investigación a fin de determinar el correcto encuadre legal y quienes puedan resultar autores, coautores y/o partícipes e instigadores de ellos, a los efectos de dar una respuesta adecuada a la supuesta víctima, y no escapa a esta parte que el tenor de los mismos contienen una relevante violencia de género impresa conforme la conceptualiza la convención de “Belem do para”, por lo que en este punto deberá velarse por el cumplimiento íntegro de los deberes asumidos en dicha convención.”

La querella recusó a Chazarreta y la jueza Sonia Martin hizo lugar al pedido, al que se opuso el defensor Gustavo Lucero.

El fiscal que tomó el caso, Oscar Cid, promovió la acción el 3 de julio pasado y llamó a indagatoria a Fernández.

En su escrito (aquí en pdf), Cid indicó que el subcomisario amedrentó a Almendra -quien ahora está cumpliendo funciones en Cinco Saltos- a fin de que no hiciera uso de sus derechos laborales lo que produjo que sintiera temor por las represarias. Asimismo le endilgó haber dispuesto órdenes contrarias a las leyes vigentes, especialmente a la reglamentación policial y a lo normado por la ley 4542 de Rio Negro (régimen de licencia por maternidad). Sostuvo:

“Sin perjuicio del encuadre jurídico del hecho criminoso imputado en los presentes, no debe olvidarse que nos encontramos ante un hecho donde la víctima no solo se encuentra sometida en una relación de mando-obediencia, sino que también resulta encuadrable dentro de violencia de género, en razón no solo de tratarse de una víctima mujer, sino por las circunstancias especiales del caso, tratándose de una persona que cursaba un embarazo teniendo por dicha situación una especial protección legislativa, no siendo solo de aplicación lo establecido por la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, donde se afirmó que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.”

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