Revisión o impugnación, esa es la cuestión

28 mayo 2014, 20: 04

Fiscales que andan de aquí para allá buscando ante quien recurrir cuando ¡oh! les rechazan un pedido de prisión preventiva.

desorientado

Dicen que el lío se arma por la redacción del último párrafo del artículo 118 del Código Procesal Penal.

Artículo 118. Revisión. La resolución que ordene o mantenga la prisión preventiva será revisada, a pedido del imputado o su defensor, por otros tres magistrados del Colegio de Jueces. La solicitud deberá realizarse inmediatamente y la audiencia cumplida en el término de cinco (5) días. Los jueces resolverán inmediatamente.

También podrán ser revisadas, a pedido del imputado o de su defensa, las medidas previstas en los incisos 4), 5) y 6) del artículo 113.

La resolución que rechace o revoque una medida de coerción  podrá ser impugnada por el fiscal o la querella.

Impugnada dice.

Y antes, revisada.

En consecuencia, hay quienes interpretan que la revisión significa que la defensa tiene recurso ante el Colegio de Jueces (mediante recurso de revisión) y ante el Tribunal de Impugnación (mediante recurso de revisión).

La fiscalía, en cambio, sólo tiene recurso ante el Tribunal de Impugnación.

Aquí no

Algunos fiscales siguieron ese camino y se toparon con que en el Colegio de Jueces les dijeron: no señor, aquí no es, usted tiene que ir al Tribunal de Impugnación.

Y les citaron el artículo 233, que dice:

Artículo 233. Decisiones impugnables. Serán impugnables las sentencias definitivas; el sobreseimiento; la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba; la decisión que imponga mantenga o rechace una medida de coerción y todos los autos procesales importantes. Cuando el gravamen sea reparable en ocasión de revisarse la sentencia definitiva, el recurso se reservará para ser tramitado en esta última etapa.

Aquí tampoco

Pero hubo fiscales que fueron directamente al Tribunal de Impugnación y también les dijeron que no señor, que aquí no es.

Y les citaron el artículo 241, que dice:

Artículo 241.Legitimación del fiscal. El fiscal podrá impugnar las decisiones judiciales en los siguientes casos:

1) El sobreseimiento, si el delito tiene prevista una pena máxima superior a los seis (6) años de privación de libertad.

2) La sentencia absolutoria, si hubiere requerido una pena superior a los tres (3) años de privación de libertad. En los casos de juicios por jurados, sólo podrá impugnar la sentencia absolutoria cuando demuestre fehacientemente que el veredicto absolutorio del jurado fue obtenido mediante el soborno.

3) La sentencia condenatoria, si la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida.

Estos límites no regirán si el imputado es funcionario público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la función o en ocasión de ella.

Como se ve, en el listado no figura nada relativo a las medidas cautelares.

El tema ya dio materia para un artículo del juez del Tribunal de Impugnación Alfredo Elosu Larumbe.

En su opinión sobre el último párrafo del 118, «una interpretación conglobada y armónica de los demás preceptos legales que regulan el control de las decisiones judiciales nos lleva a afirmar que se trata de una “revisión” ante el Colegio de Jueces». Aquí el artículo completo.

La última palabra

¿Qué opinará de todo esto el Tribunal Superior de Justicia?

La sala penal ya dijo (aquí en pdf) que el fiscal no tiene recurso ante una decisión del Tribunal de Impugnación.

Le acaba de decir lo mismo a la defensa, con similares argumentos: hay tres supuestos para que intervenga la sala penal. Ellos son que se trate de un cuestionamiento a la validez de una ley, ordenanza o reglamento; que se analice localmente algún aspecto que luego pueda llegar al análisis de la Corte Suprema de Justicia, vía recurso extraordinario federal; y que la decisión del Tribunal de Impugnación sea contradictoria respecto de un fallo previo del mismo tribunal o del TSJ.

Aquí el fallo completo en pdf.

¿Y ahora?

Alguna vez dijimos que no hay una visión homogénea sobre ciertos temas, ni entre quienes integran el Colegio de Jueces ni en el Tribunal de Impugnación.

El Tribunal tiene 13 miembros. Resuelven en salas de 3 que surgen de modo aleatorio, y hay 220 combinaciones posibles.

¿Será cuestión de seguir probando hasta encontrar la integración acorde al interés de la parte, o se «bajará» una interpretación definitiva?

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