La interna, episodio I

13 abril 2014, 7: 00

¿La corrupción? ¿La tortura en las cárceles? ¿La violencia de género? No. El tema del que más se habla en el Poder Judicial tiene que ver con…

…un antiguo asesinato que nunca llegó a juicio. Es motivo de pases de factura y acusaciones mutuas, en las que se mezclan cuestiones procesales con personales. Y en el medio, un hombre que lleva casi dos años preso sin sentencia firme, y sin siquiera haber sido juzgado.

La explicación que sigue es un poco extensa y habrá quienes encuentren lo más interesante recién al final. Cuestión de gustos.

El caso

Daniel Landaeta está acusado del homicidio de una mujer en 2011.

Fue detenido en abril de 2012, y el expediente que lo involucra quedó radicado en la Cámara Criminal Segunda el 26 de octubre de ese año, listo para el juicio. Pero el juicio, por distintos avatares, nunca se realizó.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el 14 de enero de 2014, la situación de Landaeta ingresó en la rueda de revisiones de las prisiones preventivas. Y se la confirmaron.

20 días

Su defensor, Carlos Vaccaro, recorrió todas las instancias recursivas hasta llegar al Tribunal de Impugnación que, en una resolución dividida, fijó en 20 días hábiles el plazo para realizar el debate. En caso contrario, Landaeta debía quedar en libertad.

La resolución fue dividida… y conversada, podríamos decir. Aquí está video de la audiencia, subido a YouTube por el defensor.

El fiscal Pablo Vignaroli protestó, porque pidió una pena tan alta que Landaeta debe ser juzgado por jurados populares y no hay tiempo material para realizar el juicio en ese plazo (a propósito, el 24 de abril se realizaría la audiencia de selección de los jurados).

No y no, ¿o sí?

Vignaroli recurrió a la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, que en otra curiosa resolución (aquí en pdf), le contestó al fiscal que no tiene recurso frente a la decisión del Tribunal de Impugnación.

A la vez, los vocales Graciela Martínez y Guillermo Labate criticaron a los jueces Alejandro Cabral y Alfredo Elosu Larumbe porque supuestamente resolvieron una cuestión que no fue introducida por las partes (el plazo de 20 días).

Esto último no es cierto: si observan a partir del minuto 15 del video que publicó Vaccaro, queda claro que el defensor sí introduce el tema del plazo de la prisión preventiva.

Dos meses

El siguiente paso fue la audiencia de control de acusación. Aquí está el video que publicamos en su momento:

En esa audiencia Vignaroli le pidió a la jueza de Garantías Mara Suste que extienda la preventiva de Landaeta.

La jueza le contestó que no era el motivo de la audiencia, pero ella misma pidió a la Oficina Judicial que fijara otra para que se discutiera lo que le interesaba al fiscal, es decir, que revocaran el plazo de 20 días fijado por el Tribunal de Impugnación.

Esa nueva audiencia le tocó a la jueza de Garantías Ana Malvido, quien dispuso que Landaeta debe seguir detenido dos meses.

¿Revocó Malvido una decisión de una instancia superior? Hay quienes interpretan que no, y dicen que no revocó, sino que extendió la cautelar.

Por supuesto no es lo que piensan algunos y algunas en el Tribunal de Impugnación.

Vaccaro impugnó, y así llegamos a la última audiencia hasta ahora, en la cual el Colegio de Jueces confirmó la decisión de Malvido.

El límite

Pero el Colegio, integrado por Mauricio Zabala, Cristian Piana y Marcelo Benavides, hizo algo más: dispuso por unanimidad y de oficio ordenarle a la Oficina Judicial que remita las actuaciones a la Auditoría del Poder Judicial para investigar las responsabilidades administrativas que pudiera haber.

«El tiempo que demoró el tribunal de juicio para realizar el mismo no encuentra ningún tipo de justificación«, dijeron. Aquí está el video:

Este fue un punto de quiebre.

Las relaciones entre el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación no son buenas desde antes de la entrada en vigencia del nuevo Código (basta recordar como ejemplo la célebre reunión en la Legislatura) pero tampoco eran las mejores cuando el proceso se dividía entre juzgados de Instrucción y Cámaras Criminales.

Sin embargo, pedir que un tercero se meta a hurgar en el trabajo ajeno parece ser el límite que se traspasó.

El viernes 11 de abril hubo una agria discusión delante de testigos por esa decisión de oficio del Colegio de Jueces de pedir una investigación administrativa. Hubo promesas, de ambos lados, de que esto no termina acá.

Y ese mismo día, el Tribunal de Impugnación se reunió en pleno (faltaron los miembros del interior provincial) para discutir el asunto.

En los próximos días le llevarán el tema al Tribunal Superior de Justicia, que hasta ahora mira para otro lado.

Cuando parecía que la peor interna era entre el Colegio de Jueces y la fiscalía (que escondiste un expediente, que lo viste y no debías, y así), ahora surge con fuerza esta diferencia entre el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación, alimentada por rencores antiguos y presentes (que la demora es tuya, que no te fuiste de licencia, que me revocaste tal cosa).

Podría decirse que son las tensiones propias de un universo relativamente pequeño sometido a nuevas reglas de juego que tienen a medio mundo un poco nervioso.

Lo peor es cuando estos juegos de guerra distraen del objetivo principal que debería tener el Poder Judicial.

A propósito, ¿cuál es?

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7 comentarios para La interna, episodio I

  1. 13 abril 2014, 12: 27 para 12:27

    Estimado Berto, la respuesta a esa pregunta marca una diferencia tajante entre lo que es en todas las jurisdicciones, nacional y provincial, el objetivo del Poder Judicial esto es » Hallar la verdad de lo sucedido según la ley» y el objetivo del es novedoso CPPN «resolver el conflicto» como si para los neuquinos el conflicto no se resolviera realizando la verdad, fin último del proceso Penal (Ver Almeyra – Baez). Fui victima de ese error fatal del nuevo trámite cuando las lesiones gravísimas con alevosía de Pablo que las sufre cada día se convirtieron, para resolver el conflicto – esto es que los amigos del poder siguieran x siempre en libertad – en lesiones graves y que le voy a cobrar por una prisión en suspenso o un sobreseimiento, en virtud de la comunión de Juez, Fiscal y Defensor que obligó a la querella a desistir luego de 6 y 1/2 años de trabajo solitario.
    En suma, estimado Berto, o la solución del conflicto coincide con la verdad según la ley o nunca se logrará el fín último que justifica el proceso penal. A veces – con todo respeto – me parece que jueces y fiscales con poca experiencia, con notas de aplazo en el CM jugaran a hacer justicia.
    Habría que reflexionar sin soberbia sobre este trámite ajeno a lo que implica el proceso penal y el objetivo de procurar la verdad al que se ha renunciado.

  2. Eloy
    13 abril 2014, 12: 58 para 12:58

    Lo de la Sala Penal del TSj es desopilante. Cuando Cabral declaró la prescripción de la acción contra Sobisch computando el máximo de la pena de prisión le revocaron el fallo diciendo que el término se contaba conforme al plazo de la pena accesoria de inhabilitación, pese a que el recurso de la querella no introducía ese planteo. Ahora primero dicen que no hay recurso y después se meten igual a tratarlo diciendo que el planteo del plazo de la prisión preventiva no había sido introducido cuando verdaderamente lo había sido. Lo de Malvido es una clara revocación de una instancia superior, porque la extensión de la cautelar sólo puede dictarse si se modificaron las cirunstancias tenidas en cuenta al momento de decretar la cautelar original y acá no se ve cuál ha sido la variación en los hechos, con lo cual se ha vuelto a juzgar la misma situación por segunda vez, y eso que la primera decisión ya estaba confirmada por el tribunal de impugnación. Si además no sabemos por qué hace dos años que el tipo está guardado y no se lo juzgó es para echarlos a todos ya mismo. Que agradezcan que esto muere en una auditoría porque daba para jurado de enjuiciamiento.

  3. Alejandra
    13 abril 2014, 13: 11 para 13:11

    Berto:
    Hay un error de interpretación suyo en la nota, cuando afirma que el TSJ se equivocó en reprender a Elosu y Cabral por haber dispuesto un plazo de 20 días para hacer el juicio contra Landaeta, porque (según ud. afirma) ese plazo sí había sido solicitado por el defensor.
    Si mira bien el video podrá advertir que Vacarro (en el minuto 15) sostienen (con razón) que no se dispuso un plazo máximo de duración de la prisión preventiva, como indica el nuevo código procesal.
    Lo que Elosu y Carbal resolvieron no es que la prisión preventiva dure 20 días como máximo (resolviendo así el supuesto pedido del defensor) sino que dispusieron que el plazo de 20 días ES PARA QUE SE HAGA EL JUICIO (ver minuto 45 voto de Elosu y minuto 52:10 voto de Caral). La situación la explica claramente Rodríguez Gómez en el minuto 50.
    Es muy diferente fijar un plazo máximo de prisión preventiva que un plazo máximo para que se haga el juicio.
    Lo que el TSJ les dijo a los jueces de la mayoría es que no pueden fijar un plazo máximo para que se haga el juicio porque ELLO ES LO QUE NO FUE PEDIDO POR NINGUNA DE LAS PARTES.
    La resolución adoptada por la mayoría fue equivocada y la forma en que se comunicó la sentencia pésima.

  4. criterio puro
    13 abril 2014, 13: 34 para 13:34

    Solo me importa remarcar lo que mas vale la pena…que los vocales del tribunal que se encargan del derecho penal son como todos lo sabemos dos burros…ni siquiera entienden lo que se plantea…no leen, no escuchan, solo tienen en su básica cabecita que siempre deben estar en contra del imputado…no importan los derechos, las pruebas de la causa, lo que realmente corresponde que resuelvan con objetividad dejando de lado sus creencias, sus criterios personales, «su ética»…

  5. 13 abril 2014, 18: 14 para 18:14

    En mi carácter de defensor del Sr. Daniel Landatea y dejando sentado que no tengo opinión ni interés alguno el la posible interna que pudiera existir entre los distintos estamentos y/o funcionarios del poder judicial deseo aclarar que el objetivo permanente que me ha guiado en esta causa, como en tantas otras, es el estricto cumplimiento de la ley y de las garantías que resguardan los derechos de todos los ciudadanos, aún de quienes se encuentren sospechados de la comisión del algún ilícito.-
    Concretamente en este caso la prisión preventiva de Daniel Landaeta es claramente irrazonable a la luz de nuestra Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos que han sido incorporados al denominado bloque constitucional a partir de 1994, en tanto la misma se sustenta en la flagrante violación por parte del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén del Art. 8 Inc.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,”.-
    La norma mencionada garantiza a quien ha sido imputado de un delito ejercer su derecho de defensa, o sea ser sometido a juicio en un plazo razonable más allá de que se encuentre o no privado de la libertad y habiendo sido Daniel Landaeta imputado de un hecho el 1 de mayo del 2012 resulta una palmaria violación a esta garantía que habiendo transcurrido dos años no se haya efectuado el juicio.-
    La privación de la libertad, mediante la aplicación de la prisión preventiva, si bien es la cuestión más agraviante de la situación que viene sufriendo Daniel Landaeta no es el punto esencial, sino que como bien lo reconocieron los miembros del Colegio de Jueces al solicitar la intervención de la Auditoría del Poder Judicial es la demora injustificada de realizar el juicio en un plazo razonable.-
    Si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha establecido un plazo determinado como plazo razonable si ha “establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales.” (Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el “Caso Valle Jaramillo y otros” del 27 de noviembre de 2008).-
    En el presente caso podemos desechar la posible complejidad del asunto en tanto Daniel Landaeta fue imputado el 1 de mayo del 2012 y en menos de cuatro meses, el 27 de agosto del 2012 la causa fue elevada a juicio. Tampoco se puede alegar una actividad obstructiva por parte de la defensa en tanto en el período comprendido entre el 27 de agosto del 2012 y el 15 de enero del 2014 no se realizó planteo alguno que pudiera dilatar el trámite.-
    Distinta es la situación cuando debemos analizar la conducta de las autoridades judiciales en tanto y tal como ha sido reconocido implícitamente en cada audiencia que se llevó a cabo resulta inexplicable como esta causa estuvo durante un año y cuatro meses en el tribunal de juicio a la espera que se llevara a cabo el debate y lleva ya desde la implementación del nuevo Código Procesal tres meses sin que aún se haya fijado la fecha de juicio, lo que fue explicitado en la última audiencia realizada ante el Colegio de Jueces que ordenó la intervención de la Auditoría del Poder Judicial.-
    Establecida, como se ha explicado la flagrante violación por parte del estado de la garantía a ser sometido a juicio en plazo razonable, la consecuencia inmediata y directa es la ilegalidad de la detención que viene sufriendo Daniel Landaeta en tanto nunca la privación de la libertad de un ciudadano puede fundarse en el incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos por parte del estado y es por ello que esta defensa viene bregando por la libertad de su defendido.-

  6. 13 abril 2014, 18: 39 para 18:39

    En relación a la controversia suscitada a si esta defensa había solicitado o no la fijación de un plazo al respecto debo afirmar categóricamente que esta defensa expresamente primero por escrito impugno la falta de fijación de plazo de la prisión preventiva al momento de establecerse la misma y luego lo ratifico en forma oral en la audiencia o sea como bien dice Berto y ratifica en su intervención Alejandra la cuestión del plazo fue introducida en el debate y por lo tanto debía ser materia de resolución.-
    Lo que también es cierto es que esta defensa nunca solicito que se fijara un plazo expreso para la prisión preventiva y ello en función de las siguientes cuestiones: primero porque esta defensa sostuvo en todo momento que debía disponerse la libertad de Daniel Landaeta en forma inmediata y en segundo lugar porque quien tiene la obligación de solicitar el plazo es el Ministerio Fiscal ya que es quien pretende mantener la privación de la libertad.-
    Ahora bien, si el Ministerio Fiscal omite, tal como ocurrió en el presente caso, solicitar un plazo determinado, por aplicación del Art. 116 del Código Procesal Penal de Neuquén que dice que la resolución que imponga medidas cautelares deberá “si se tratare de la imposición de prisión preventiva deberá además determinar la duración de la misma” necesariamente el magistrado interviniente o revoca la prisión preventiva o debe establecer el plazo de la misma tal como lo entendió el tribunal de impugnación.-
    Es errada la afirmación de Alejandra que el tribunal estableció un plazo para la realización del juicio, lo que el tribunal hizo fue fijar un plazo máximo a la prisión preventiva sujeto a la posibilidad que el juicio se realizara antes de dicho término, si se escucha con atención lo resuelto por el Tribunal de Impugnación el mismo fija un plazo de veinte días para que se realice el juicio y en caso contrario que cese la prisión preventiva y no la posibilidad de realizar el juicio para lo cual no fijo plazo alguno. De interpretar que el plazo de veinte días fuera para realizar el juicio implicaría que transcurrido dicho plazo el juicio no podría llevarse a cabo.-
    Finalmente y ya que no se menciona en la nota debo destacar que habiendo esta defensa impugnado la última resolución del Colegio de Jueces, en tanto a nuestro entender es contradictoria (ver video) puesto por un lado sostiene que “El tiempo que demoró el tribunal de juicio para realizar el mismo no encuentra ningún tipo de justificación” por otro considera justificada la privación de la libertad de Landaeta el Tribunal de Impugnación deberá volver a expedirse sobre la cuestión.-

  7. Alejandro
    16 abril 2014, 11: 13 para 11:13

    Al final, para saber cuestiones simples como que se pidió y que se resolvió hay que recorrer un video de una hora. ESto atenta contra el objetivo de celeridad que busca la reforma. No costaría nada realizar un acta en donde se coloquen las peticiones concretas de las partes y lo resuelto por el tribunal, y atenerse a ello. Quien esté interesado en los fundamentos de las peticiones y decisiones puede tomarse el trabajo de mirar la grabación, pero para verificar la congruencia o cumplir lo resuelto bastaría con leer pocas líneas en unos minutos.

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