La justicia administrativa sigue en sala de espera

13 octubre 2013, 10: 00

El autor, Pablo Gutiérrez Colantuono, plantea que “en estos tiempos reformistas poco o nada se ha escuchado de una asignatura pendiente: la instrumentación del fuero procesal administrativo” y recuerda que la manda constitucional cumplirá 8 años en febrero próximo.

Por Pablo Gutiérrez Colantuono. Abogado.

Tiempos de descuento corren para que la justicia neuquina logre la efectiva implementación de la reforma procesal penal; reforma que ha marcado un hito en la mirada institucional provincial en estos asuntos, ya que ha emergido como una verdadera política de Estado. Ello permitirá su permanencia en el tiempo atravesando con indiferencia e inmunidad las diversas composiciones políticas partidarias y/o institucionales de cada uno de los poderes. Al menos de eso trata, cuando hablamos de construir políticas de Estado.

En realidad la reforma procesal penal no debería agotar tal decisión estatal de preservar valores superiores del sistema, si no por el contrario debería multiplicarse en diversas regulaciones que concurran todas ellas en un valor común: el valor justicia. Es por ello que quizás se haya dado inicio, luego de tal reforma procesal, al debate de aquella otra vinculada con el proceso civil.

Esta también es una deuda de nuestro sistema provincial que parece ahora querer saldarse – esperemos – con la misma impronta metodológica que guiara su antecedente inmediato anterior.

Hablar del proceso civil importa adecuar la porción de la realización del valor justicia a un gran número de derechos que por tal vía se discuten tanto en su alcance y certeza, como en la finalización de situaciones conflictivas generadas en una sociedad un tanto propensa a encontrar en el ámbito judicial la posibilidad de resolver sus desavenencias.

Se buscará seguramente aquí también adecuar los procesos judiciales a las garantías que se integran dentro del denominado debido proceso: ingreso al sistema no traumático, permanencia en el mismo el menor tiempo posible para fundar, probar, alegar suficiente y equitativamente y finalmente salir del sistema por medio de una decisión estatal clara, sencilla, lógica y suficientemente motivada.

Los procesos, creemos, deben migrar hacia la mirada del pretensor – necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal, por la situación específica en que se encuentra quién solicita justicia o bien qué tipo de situación registra sus derechos – y no sostenerse exclusivamente en la mirada tradicional en donde la pretensión – la materia sobre la cual discurrirá el proceso – aparece como la llave que abre el proceso, sin importar la condición de quién la titulariza.

En estos tiempos reformistas, sin embargo, poco o nada se ha escuchado de una asignatura pendiente: la instrumentación del fuero procesal administrativo, comúnmente llamado justicia administrativa.

Es sabida la obligación de organizar la justicia administrativa bajo los principios que la constitución provincial ha fijado: especialidad, descentralización y tutela efectiva – judicial y administrativa – .

Es cierto que hoy no existe un vacío en el tema, ya que tal justicia se despliega en competencia originaria del TSJNQN; no menos cierto es existen empleados y funcionarios judiciales altamente capacitados en la materia en las distintas instancias del poder judicial provincial.

Ellos saben de qué se trata, conocen las particularidades de este tipo de proceso. Pero, como a veces sucede en la vida de nuestras instituciones, no todo aquello que funciona es ajustado a los parámetros constitucionales.

Y es aquí donde nos animamos una vez más a llamar la atención de los distintos poderes, colegios de abogados, abogados, asociaciones intermedias, medios de comunicación, entre otros posibles, sobre la tarea aún incumplida.

Conformar la justicia administrativa es una necesidad que nos viene impuesta desde la perspectiva de la realización de los valores de la justicia, pero antes que ello es una obligación constitucional según así se estructuró en la constitución provincial reformada y que en febrero del año entrante cumplirá ya ocho – 8 – años de vigencia más no de efectividad en este tema.

Aquí tan solo falta la decisión institucional para organizarla, ya que presupuestariamente los requerimientos seguramente no habrán de ser mayores ni traumáticos – menos aún si los comparamos con la justicia penal – pensándola en una justicia que se estructure modestamente, reubicando a los recursos altamente capacitados que hoy ya existen.

Tampoco se necesitan grandes debates, ni complejos mecanismos de consensos sean estos técnicos o políticos, ya que el proceso contencioso administrativo local luce fresco, moderno, ágil, tutelar de los derechos y permisivo a la defensa de los intereses estatales, ambos bajo el principio de igualdad procesal.

Bastarán unas pocas adecuaciones de tipo organizacional en la ley que regula el proceso contencioso administrativo y aquella otra orgánica del poder judicial. Claro, siempre tendremos medidas que sugerir para mejorar lo ya existente, pero creemos que por ahora deberíamos priorizar efectivizar en la organización judicial este nuevo fuero.

Pueden existir tensiones y temores en rededor de la organización de esta justicia; y ello es esperable – aunque no lo comportamos – porque culturalmente el poder está acostumbrado a exhibirse como parte o contraparte en un sólo lugar, justo allí donde los jueces son seleccionados y designados por una doble mirada, política y técnica.

Desplazar la justicia administrativa hacia instancias inferiores puede acaso generar resistencia, más luego de echarse a andar la maquinaria todos seguramente reconocerán que nuevamente se ha contribuido a afianzar aquel valor superior de justicia al que hemos aludido, en sintonía con aquello que se viene realizando respecto de los otros dos fueros.

Es importante fomentar el debate sobre la necesidad de instrumentar la justicia administrativa, no es un tema menor al igual que no lo ha sido la reforma procesal penal ni lo será seguramente la civil.

Es un asunto trascendente para nuestros derechos, ya que la justicia administrativa permite asegurar la vigencia del derecho sobre el poder, lograr la realización social y no tan solo liberal de los derechos, y servir a la protección del interés público cuando este así lo requiera y sea efectivamente acreditado en la instancia judicial por quién lo titularice.

Descentralizar y especializar la justicia administrativa en la organización provincial permitirá, junto a otras medidas, dotar de mayores niveles de legitimidad las decisiones judiciales en los casos contenciosos administrativos. Es tiempo ya.

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