Foto del diario Rio Negro
Las comparaciones son odiosas, y no hay dos casos iguales. Pero justo cuando el gremio judicial de Neuquén es denunciado por impedir el acceso a organismos judiciales, aparece un fallo que pone el punto en debate.
La sentencia es de la sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, integrada por Benjamín Ramón María Sal Llargués y Daniel Carral.
Lo pueden descargar completo aquí en word. Rescatamos algunos párrafos que nos parecen pertinentes:
los empleados de la firma de mención utilizaron como forma de reclamo la obstaculización del ingreso y egreso de transportes al predio de la misma. Empero, no advierto de las constancias de autos que tal proceder se haya visto signado por algo distinto al reclamo laboral, poniendo en su justo lugar el derecho a trabajar y a la huelga amparado constitucionalmente por los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
De modo que no se trató de un accionar delictual sino una forma de ejercicio de un derecho constitucional que importó, en la práctica –es cierto- alguna afectación del normal desarrollo de las actividades de la empresa que había despedido a los trabajadores.
Desde aquellos cortes de ruta en los parajes del sur hasta las asambleas populares, el pueblo argentino ha hecho uso de su derecho democrático a opinar, expresarse y reclamar ante todo aquello que estimó injusto. Ello no es más que la base misma del sistema democrático y mal puede el propio Estado, a través de sus órganos, perseguir y criminalizar a quienes participan de tales protestas amparadas constitucionalmente, cuando no surgen manifiestos excesos o flagrantes actos delictuales. La vida en una sociedad democrática implica tolerancia.
Volvamos a Neuquén. Este viernes el gremio judicial no bloqueará el ingreso a ninguna dependencia, porque fue convocado a una reunión por el Tribunal Superior de Justicia.
El jueves, el fiscal general José Gerez recorrió las dependencias afectadas por la medida de fuerza.
“Como existe una denuncia penal, desde el Ministerio Público Fiscal se continuarán con las medidas que la fiscal del caso considere necesarias para avanzar con la investigación y evaluar eventualmente si en el contexto de la protesta se cometió algún delito”, dijo.
No es lo mismo una empresa privada que un organismo del Estado. Esto último es delito.
Como les gusta a todos convertir las cosas en delito y denunciar a lo tonto. Lo unico que hacen asi es molestar y entorpecer las investigaciones serias. Los abogados saben muy bien, o deberian saberlo que la via correspondiente para resolver este tipo de situaciones es la presentación de un amparo, y no una denuncia.
En que juzgado sos delegado de SEJUN, diego?? …
Empujar a una funcionaria embarazada que bajaba las escaleras con un escrito no es un delito tampoco???
Para empezar ni soy delegado, ni de sejun y mucho menos trabajo en un juzgado. Para continuar aca lo que se trata es el bloqueo de los juzgado civiles. Los temas aparte como lo que planteas son otra cosa, si te queres salir del tema alla vos.