Exigen al Tribunal Superior que les pida explicaciones al jefe de la Policía y al fiscal general

26 abril 2013, 7: 11

El reclamo ante los exabruptos tardó, pero llegó y de la mano de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. El poder político sigue en silencio.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén le reclamó al Tribunal Superior de Justicia que les pida explicaciones al jefe de la Policía, Raúl Laserna, y al fiscal general José Gerez, por la «gravedad» de las declaraciones públicas que emitieron con desapego a los principios constitucionales.

Se refieren a estas y estas declaraciones de Laserna, a quien aquí salió a repaldar Gerez. Nos ocupamos del tema aquí, donde dijimos que el pensamiento de ambos funcionarios va en contra del espíritu del nuevo Código Procesal Penal y de la ley 2302, algo que recoge la Asociación de Magistrados.

La carta dirigida al presidente del Tribunal, Evaldo Moya, es la siguiente (las negritas son de FdE).

Sr. Presidente del Tribunal
Superior de Justicia
Dr. Evaldo D. MOYA
SU DESPACHO.-

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén se dirige al señor Presidente y, por su intermedio, al Alto Cuerpo con el objeto de poner en vuestro conocimiento la profunda preocupación generada en el seno del Poder Judicial de la Provincia con motivo de las declaraciones del señor Jefe de Policía y el señor Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, publicadas en el diario Río Negro, en sus ediciones de los días 7 de abril y 9 de abril del corriente año, respectivamente.

Magistrados y funcionarios judiciales somos respetuosos de las opiniones de cada una de las personas que integran la sociedad neuquina, pero cuando esas personas cumplen funciones públicas, con capacidad de decisión y de imponer normas respecto del funcionamiento de instituciones como la Policía de la Provincia del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal, esas opiniones deben mostrar prudencia, y estricto apego a la legalidad, como así también a los principios fundantes plasmados en las Constituciones Nacional y Provincial y el bloque de constitucionalidad, conformado por los tratados internacionales que la República Argentina ha no sólo ratificado sino también incorporado al texto de su Carta Magna.

Ha causado inquietud en nuestros asociados que varios de los conceptos vertidos por el señor Jefe de Policía y por el señor Fiscal del Tribunal Superior de Justicia se contraponen con aquellos principios, y desconocen los lineamientos ideológicos seguidos por la Legislatura de la Provincia al sancionar el nuevo código de procedimientos en lo penal y correccional.

El señor Jefe de Policía no sólo vulnera la Ley 2302 y la Convención sobre los Derechos del Niño  individualizando de forma pública a un adolescente infractor de la ley penal, sino que descalifica a los jueces provinciales por el solo hecho de aplicar la legislación vigente, sin dejar de destacar la desafortunada terminología que emplea y que denota una estigmatización respecto de determinados sectores sociales (“loquitos pasados de rosca”).

Por su parte, el señor Fiscal del Tribunal Superior de Justicia avala esta descalificación de la magistratura provincial, pretendiendo que la única responsabilidad en el estado de situación actual es de los jueces, sin hacerse cargo del rol que cumple dentro del Poder Judicial, y de las deficiencias que se advierten en otros organismos del Estado Provincial vinculados estrechamente con la actividad judicial.

Mención aparte merecen los dichos del señor Fiscal referidos a los funcionarios judiciales que garantizan efectivamente el derecho de defensa (art. 18, Constitución Nacional). Pretender que los defensores oficiales tienen como objetivo “hacer caer la causa o embarrar todo” no solamente constituye un agravio al Ministerio Público de la Defensa, sino que importa un desconocimiento de las tareas que a diario aquellos desempeñan.

Por otra parte, debería tener en cuenta que la aplicación estricta de las garantías que se deben respetar a los imputados de delitos, no convierte a los jueces penales en “cuasi-abolicionistas” sino en magistrados respetuosos de la Constitución y las leyes que rigen en nuestra provincia y, en todo caso, existen los recursos a otras instancias judiciales para poner remedio a cualquier interpretación errónea, arbitrariedad o ilegalidad que se pueda haber cometido.

En el entendimiento que estas declaraciones públicas revisten gravedad, en atención a los cargos que sus emisores ocupan, es que solicitamos al Tribunal Superior de Justicia se arbitren los medios para que ambos funcionarios brinden las explicaciones pertinentes, y se retracten en caso de considerarse necesario.

Somos conscientes que el Poder Judicial, como toda organización pública o privada, tiene aspectos que mejorar, y que sus integrantes debemos estar dispuestos a la autocrítica y a corregir aquellos errores que entorpecen los procedimientos, pero esta mejora no se ha de lograr, de ninguna manera, denostando y agraviando a magistrados y funcionarios, y menos aún, alimentando conceptos equivocados que la sociedad puede tener respecto de la función del Poder Judicial.

Conforme lo dice uno de los señores Vocales en la reciente sentencia dictada en el expediente nº 7/2013 del registro de la Secretaría Penal, frente a la tutela de los derechos fundamentales de la persona no hay opinión mayoritaria, ni bien público, ni consenso social que pueda prevalecer, y lo menos que se espera de quienes integran el Poder Judicial y los organismos que colaboran con él es que tomen conciencia y asuman este rol “contramayoritario” de este poder del Estado, que es el que le han otorgado, por otra parte, los constituyentes nacionales y provinciales.

Los saludamos atentamente.

Dra. Patricia M. Clerici
Presidente

Dra. María Dolores Finochietti

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4 comentarios para Exigen al Tribunal Superior que les pida explicaciones al jefe de la Policía y al fiscal general

  1. criterio puro
    26 abril 2013, 13: 30 para 13:30

    Acabo de leer las declaraciones que hizo Gerez. Obviamente que las mismas no deben sorprender. Este «criterio» del fiscal no es nuevo y es consecuencia de su «formación», si es que podemos hablar de alguna formación del señor fiscal. Todos los que lo conocemos, desde su nombramiento, o por lo menos yo, -repasen los comentarios- hablábamos de «su formación». Aquí está la confirmación de lo dicho. Un tipo que no respeta garantías constitucionales, que critica a sus pares, ya que se pasea por las cámaras criminales hablando mal de los fiscales, que pretende dar lecciones a quiénes bien o mal están a cargo de las fiscalías habiendo rendido examen, como por ejemplo la Dra. Finochietti. Criticando resoluciones o criterios de señores magistrados como el Dr. Trincheri. En fin, un verdadero irrespetuoso. Además de estas declaraciones, también cometió la torpeza de emitir «un comunicado de prensa» -nunca visto- para deslindar responsabilidades por la libertad de imputados en la causa del supermercado. Un verdadero disparate!!! además de una burrada…pregúntele a las empleadas de la fiscalía que les está pasando con los «grandes conocimientos» del fiscal…

    • Horacio Rachid
      27 abril 2013, 13: 05 para 13:05

      La Asociación tiene el derecho de representar la inquietud de parte de sus afiliados, pero no se los reconoce a quienes tienen responsabilidades judiciales y de seguridad que, por fin, se hacen cargo de la voz de las víctimas y sectores vulnerables de la sociedad. He formado parte de la Comisión Interpoderes que concretó el proyecto de Reforma Procesal Penal que dió lugar a la Ley y desconozco y rechazo ningún lineamiento ideológico y sí, por el contrario, la concepción de una doctrina de modernización de los procedimientos judiciales para ponerlos mas cerca de la gente. Para nosotros la ciudadanía es una integralidad y el delito lo sufren más los sectores sociales medios y bajos, especialmente el grupo etáreo de niños y adolecentes, víctimas que deben recibir atenciones especiales del servicio de Justicia, justamente por su vulnerabilidad. Nunca pensamos en «los loquitos pasados de rosca» como un sector social, ni que los niños y adolecentes protegidos por la 2302 fueran los que delinquen, sino los jóvenes víctimas del delito. Acentuar el mundo de los derechos en los victimarios sí es una ideologización inaceptable de la Justicia.

  2. Temis
    27 abril 2013, 8: 42 para 8:42

    Che estos de la Asociacion, no tienen otra cosa mas importante que hacer que escribir sus reflexionen, saliendo en defensa del Dr. Trincheri? Que se ocupen de mejorar el servicio de administracion de justicia, que por la opinion de todos los neuquinos es un desastre universalm saludos Don Berto

  3. Fernanda
    29 abril 2013, 7: 01 para 7:01

    Varias son las reflexiones que me nacen en torno a este intercambio dialéctico planteado entre el Sr. Jefe de Policía, el Sr. Fiscal del TSJ y los miembros de la Asociación de Magistrados (es decir, entre miembros de dos poderes del Estado -Ejecutivo Y Judicial respectivamente-).
    La primera, el Sr. Laserna no puede salir a efectuar ese tipo de declaraciones, así como así sí, como si fuera una persona cualquiera, ajena al mundo penal, como si desconociera absolutamente cómo es que funciona el sistema y sobre todo como funcionan las leyes y las garantías constitucionales. Es totalmente ingenuo pensar que las desconoce (o no?)…. entonces, qué hay detrás de sus declaraciones? qué busca? quién lo mandó a decir lo que dijo? por qué? las respuestas no las tengo.
    La segunda, lo de Gerez es impresentable también, sigue siendo, como el anterior, un discurso «para la tribuna». Los jueces pueden estar errados o no al momento de decidir conceder la libertad a una persona, y como toda resolución, es apelable, discutible, en una instancia superior. Qué hacen entonces los integrantes del Ministerio Público Fiscal que no apelan esas decisiones? digo, se queja se queja para la «gilada» como por ahí dicen, pero en los hechos no hace nada para evitar que ello suceda.
    Tercero, cuándo el Estado (provincial, municipal) va a tratar las causas, los motivos, el por qué los jóvenes delinquen, en vez de criticar -sin hacerse cargo de la parte que le toca (velar por la seguridad de todos)- o mirar para otro lado cuando ya la consecuencia se produjo? qué hace el Estado para evitar que los jóvenes -principalmente del Oeste capitalino- no caigan en el delito? silencio de radio…. o no, manda/sale el Sr Jefe de Policia a decir que las cosas están como están, que «los delincuentes» salen «como panchos por su casa» de las comisarías /juzgados, por culpa de los jueces (o del Poder Judicial)…. cuando a esta última, recordemos, le toca actuar sobre la consecuencia y no sobre las causas -cuya evitación, tratamiento y/o abordaje, debe ser y es obligación del Poder Ejecutivo-…
    Finalmente creo que si cada uno hace lo que tiene que hacer, a conciencia, analizando críticamente qué cosas mejorar, qué otras prácticas hay que dejar de lado, etc, etc, las cosas estarían por lo menos un poco mejor….
    Si queremos que las cosas cambien, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo, utilizando las mismas fórmulas, ya que necesaria y lógicamente seguirá sucediendo lo mismo!
    Que se abra el debate entonces, un debate crítico, que construya, a conciencia y despojado de chicanas -como lo es, en mi opinión, este entredicho dialectico entre los protagonistas que al principio mencione-, donde cada uno se haga cargo de la parte que le toca.

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