Escuelita II: los recursos de casación de la fiscalía y las querellas, y el caso Joubert

22 febrero 2013, 10: 33
El fiscal Marcelo Grosso conversa con la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco durante el juicio oral. Foto: Emiliano Ortiz para 8300.

El fiscal Marcelo Grosso conversa con la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, durante el juicio oral. Foto: Emiliano Ortiz para 8300.

En la resolución que impugnan las partes, trece acusados fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la región durante el terrorismo de Estado, y ocho resultaron absueltos.

La fiscalía federal y las organizaciones de Derechos Humanos constituidas como querellantes, Apdh Neuquén y Ceprodh, recurrieron la sentencia en la causa conocida como «Escuelita II», el lunes pasado. Los recursos están disponibles aquí, aquí  y aquíQuienes representan a las defensas también hicieron lo propio.

El Tribunal Oral Federal de Neuquén deberá determinar la admisibilidad de las presentaciones, que luego analizará la Cámara Nacional de Casación Penal.

El debate oral se desarrolló el año pasado en el salón verde de la mutual Amuc. Por los hechos que damnificaron a 39 víctimas fueron imputados 21 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, que cumplieron funciones en la última dictadura cívico-militar.

Cada una de las partes atacó distintos aspectos del fallo, pero los acusadores coincidieron en sus argumentaciones en lo que respecta a la absolución del gendarme retirado Emilio Sacchitella, que llegó al juicio imputado por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a Ernesto Joubert, detenido en 1977 en Junín de los Andes, y trasladado a la Sección de Gendarmería de la ciudad cordillerana, de la que Sacchitella era jefe.

Posteriormente permaneció en cautiverio en el centro clandestino de detención y tortura «La Escuelita», ubicado en el predio del Batallón de Ingenieros de Construcciones 161, y finalmente ingresado en la Unidad 9 del servicio penitenciario federal.

«Yo te voy ablandar»

En su voto, el presidente del tribunal, Orlando Coscia, sostuvo que:

«Contrapuestas que fueron las expresiones de Ernesto JOUBERT en debate, con las brindadas en oportunidades anteriores, sumadas a la incuestionable prueba documental existente (sobre lo que volveré más abajo), resultaron contradictorias e insuficientes para probar la pretendida ilegalidad de su detención en la faz inicial, como así también respecto de los maltratos referenciados durante su permanencia en dependencia de Gendarmería nacional.

En efecto, surge del análisis del Libro de Guardia de la Sección JUNIN de los ANDES, que la detención de JOUBERT encuentra su causa en una denuncia realizada por su ex concubina Olga Magdalena BUSTOS. A raíz de ello, una comisión sale hacia el domicilio del denunciado para proceder a su allanamiento. Al poco tiempo, regresan a la dependencia con ‘…el detenido Ernesto JOUBERT y dos pistolas calibre 22 marca Bersa y Punta Alta, algunos proyectiles y bibliografía…’. Continúa detallando el libro un traslado por el día (31 de mayo) al RIM 26 y su retiro definitivo por personal del Ejército Argentino el día 03 de junio del mismo año.

Desde esa perspectiva, ninguna de las pruebas colectadas y agregadas a la discusión final indica que SACCHITELLA pudiera conocer el posterior destino de JOUBERT, ya en manos del EA, ni mucho menos autorizar o consentir, a partir de aquella detención inicial legal, que el mismo fuera sometido a una privación ilícita de libertad posterior y mucho menos a los tormentos que efectivamente sufriera.

El aquí imputado obró en su oportunidad de acuerdo a la ley vigente y procedió con ello a entregar al detenido a quien efectivamente lo requería. De allí la solución liberatoria que se postula, toda vez que no obra prueba que indique directa o al menos larvadamente, su participación en los hechos que posteriormente damnificaron a JOUBERT…».

A sus fundamentos adhirieron los magistrados Eugenio Krom y Mariano Lozano.

El representante del ministerio público fiscal, Marcelo Grosso, impugnó la argumentación:

«Jamás estuvo Joubert, siquiera, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Jamás, y mucho menos –aunque parezca absurdo-, estuvo a disposición de un Juez, lo único que hubiera podido otorgar legalidad a esa detención, más allá de los prolijos pero inservibles registros que no legalizan nada.

Las declaraciones de la víctima, no fueron contradictorias. Contó haber estado en la Sección, contó en qué consistieron los tormentos que padeció, aportó los nombres de algunos gendarmes, narró su traslado al RIM del EA, y a ello debe sumársele, no sólo las constancias en los libros (que avalarían al menos el ingreso de Joubert y su egreso al RIM), sino también lo que contara la hermana de la víctima, en cuanto a la falta de información a la madre sobre el lugar donde estaba su hijo, a la que ya me referí.

Claro, en el libro no se registraron los golpes y padecimientos sufridos por la víctima. Ingenuo sería pensar que algún personal de cualquier fuerza de seguridad por aquél entonces, se le ocurriera dejar constancia en el libro que su jefe golpeaba a un detenido (agrego, ni en aquélla época ni en esta).

Por otra parte, si bien Sacchitella niega que a Joubert se le haya pegado (no obstante referir que solo recuerda a dicha víctima en función de lo que dicen los libros), agrega un dato no menor: No se le pegó a Joubert, porque “no había motivo para hacerlo”. Pregunto ¿cuándo hay motivo para hacerlo? Respondo: Nunca.»

Afirmó que el plan sistemático estableció desde sus inicios «la subordinación de todas las fuerzas policiales y de seguridad, a las Fuerzas Armadas», y además mencionó la existencia de la comunidad informativa «compuesta por autoridades de todas las fuerzas armadas y de seguridad, que intercambiaban información sobre personas “sospechosas” y de la cual participaba Gendarmería Nacional.» Por eso descartó que Sacchitella haya actuado de acuerdo, como él dice, al «Manual del Sumariante» de la fuerza a la que pertenecía, brindándole al detenido las «garantías legales».

Las abogadas del Ceprodh, Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, expresaron en su escrito:

«A esta querella le parece realmente inadmisible que la sentencia tome la increíble versión del imputado, quien reconoce él mismo que fue quien detuvo a Joubert, y que esa detención fue el primer paso del circuito por el cual iba a ser llevado, si hubiera sido todo legal como afirma el imputado, ¿Por qué Joubert hubiera de terminar en La Escuelita?

Pero además la propia víctima afirma que fue el imputado uno de los que le aplicó tormentos, y el juez desestima su testimonio sin ningún fundamento valido

Desde la querella de la Apdh destacaron que las contradicciones aludidas por el tribunal, sobre las expresiones de la víctima «no fueron mínimamente explicitadas», y trajeron a colación sus palabras en el juicio:

“…muy muy áspero este hombre (por SACCHITELLA), muy violento… Primero me interroga sentado, como en una mesa así, esposado de atrás, él ahí,…. No sé cuáles eran los otros tipos que habían ahí…y ahí ese hombre, SACCHITELLA, empieza a preguntarme, me dice “Zurdo hijo de puta, vos quemaste una bandera norteamericana”… por ahí empezó. Me pegó dos trompadas… y me golpeó ahí, y después me dejan ahí adentro, me tiene esposado continuamente, me trata de ablandar, me dice “vos sos duro”, me dice “yo te voy a ablandar” me dice…Un gendarme, …. Un tal AGUIRRE, ése me retorcía las esposas, se me clavaron en las manos, que tengo los agujeros todavía… Este hombre SACCHITELLA me golpeaba, me tiró al piso…”

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