Procesan a 18 penitenciarios por la muerte de un interno en la Unidad 9 de Neuquén. Resolución completa

6 Febrero 2013, 20: 02
Foto: diario Río Negro

Foto: diario Río Negro

Argentino Peloso Iturri fue golpeado hasta morir. Después se montó la clásica operación de encubrimiento, con falsificación de datos y amenazas a los testigos. Casi 5 años después del crimen llegaron los procesamientos por torturas, sin prisión preventiva.

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, dictó el procesamiento de directivos de la Unidad 9, médicos e integrantes del grupo Requisa que, a su criterio, tuvieron participación en la muerte de Argentino Peloso Iturri. La resolución completa, de 144 páginas, está aquí en word.

La Unidad 9 fue caracterizada como una de las cárceles más violentas del país por un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El 8 de abril de 2008 fue golpeado allí hasta morir Peloso Iturri, quien había pedido que no lo alojaran en la cárcel neuquina mediante una acción de amparo porque sabía que se la tenían jurada.

Era un preso viejo, que llevaba 20 años circulando por las prisiones de todo el país a las que había entrado por primera vez a los 18 años. Padecía serios problemas de salud y no recibía la medicación correspondiente. Puede decirse que era un claro ejemplo de que la cárcel no sirve para lo que se dice que sirve, y que debió recibir un tratamiento distinto si se procuraba su declamada recuperación.

Distinto pensaba el prefecto Héctor Ledesma, jefe de la cárcel, quien dijo en su indagatoria:

En una cárcel de máxima seguridad se torna difícil lograr que el interno internalice pautas de conducta que lo haga cambiar de actitud. Lamentablemente, por la extensión de la condena o por la forma de vida que han elegido, no tienen actitud de cambio”.

Según la resolución del juez Villanueva, a Peloso Iturri lo sacaron de su celda violentamente, y a los golpes lo llevaron hasta la enfermería. “Sus gritos eran desgarradores”, relataron los testigos.

Golpeado brutalmente, con una crisis de salud, sin la atención médica adecuada, sufrió un paro cardíaco y murió.

Después, dice el juez, las autoridades de la cárcel “montaron una verdadera mise en escène para tratar de ocultar rastros” e instruyeron a los agentes “acerca de cómo testificar y así evitar eventuales responsabilidades”.

Desaparecieron pruebas, se adulteraron registros, amenazaron a los internos que declararon como testigos.

Pese a todo la investigación avanzó impulsada por la fiscal Cristina Beute, con los abogados Angie Acosta y Federico Egea como patrocinantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Así se llegó a los 18 procesamientos conocidos hoy. Sin prisión preventiva, porque con cita al plenario Díaz Bessone el juez entendió que “no existe ningún tipo de peligro de que puedan obstruir a esta altura la investigación (debido a que la prueba en general ya se encuentra producida) y que todos ellos cuentan con arraigo habiendo presentado ante el Tribunal cada vez que fueron requeridos”.

Les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse el primer y tercer lunes de cada mes en la comisaría más cercana a su domicilio.

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