La justicia de Neuquén frente al delito de torturas

8 junio 2010, 13: 57

Aquí se publica completa la sentencia de la causa “Zárate”, en la que 27 policías fueron llevados a juicio acusados de torturas y sólo 6 de ellos fueron condenados por severidades y vejaciones.

También pueden descargar al final del post el alegato completo de la querella. Considero que resulta valioso por los argumentos que despliega para explicar por qué el caso debe encuadrarse como torturas, lo que se constituyó en uno de los nudos del juicio y de la sentencia. Además tiene un resumen de los hechos, útil para quienes aspiran a conocer más detalles del caso.

Roberto Cipriano García, del Comité contra la Tortura, ya había anticipado en esta entrevista que tenía expectativas por conocer la postura del Tribunal de juicio en cuanto a la calificación legal de los hechos.

Dijo Cipriano García en esa ocasión: “En la provincia de Buenos Aires, entre 2000 y 2008 se iniciaron 12.000 investigaciones judiciales contra agentes penitenciarios o policías, de las cuales 9.000 están caratuladas como apremios ilegales y sólo 13 como torturas. Hay una complicidad muy importante del Poder Judicial en cómo se para frente a estos delitos”.

Hice un escueto resumen de los dos votos que componen la sentencia. Mario Rodríguez Gómez califica como tortura, Luis María Fernández como severidades y vejaciones. Juan Gago adhiere a Fernández.

Esto motivó quejas durante la lectura del juicio, por las cuales Fernández hizo una denuncia penal contra integrantes de organismos de Derechos Humanos que le dieron una inmediata respuesta.

Dijo Mario Rodríguez Gómez en su voto:

“En base a los elementos de prueba (…) considero que en abril de 2004 en los días citados, se ejecutaron abusos, reiterados y progresivos en su intensidad y gravedad, malos tratos, agresiones físicas y psíquicas, manipulando armas provistas para facilitar el control y orden de la cárcel (granadas de gas lacrimógeno, escopetas con munición antitumulto, bastones y escudos) con el claro propósito de mortificar, atormentar y ultrajar, confiados de la impunidad que suponían le proporcionaba el caos de la situación, rostros ocultos, humo, grupos mezclados (celadores, metropolitana y requisa) y la permanente coacción de una tensa convivencia, vigente aún hoy luego de seis años de ocurridos los hechos, basta citar los internos que se negaron a declarar como testigos, pese a que el tribunal les hizo saber de la carga que la citación imponía y las ordenes impartidas para garantizar su integridad (…).

“Quedó evidenciado que esta violencia injustificada fue producto de la ausencia absoluta del más mínimo equilibrio, conocimiento y medida para hacer cesar reclamos propios y cotidianos en una unidad de detención (abusos en el trato a la visita, estado de los alimentos, condiciones habitacionales) que la magnitud y gravedad que adquirió, fue exclusivamente a causa del abuso de la fuerza y la comisión de delitos, por los que deben responder los acusados (…).

Respecto de la calificación legal sostuvo:

“El progresivo padecimiento físico y psicológico, las conductas degradantes y sádicas, la cantidad de días que duró el tormento, los elementos utilizados, la gravedad de las lesiones producidas, son una muestra palpable del compromiso de la acción cuyo tipo excede las severidades, vejaciones o apremios. Los sofocaron con gas, les produjeron irritaciones con químicos y agua, les aplicaron golpes de puño y puntapiés, los aporrearon con una barra de hierro en la planta de los pies, en la cabeza y en las piernas, los mojaron, los desvistieron, los obligaron a cantar, les robaron las pertenencias”.

Por su parte Luis Fernández escribió en su voto:

“Lo que entiendo que es materia de discusión entre las partes es que tal proceder llevado a cabo por la fuerza policial, obedeciera o no a “una causa que lo justificara” (…).

“Es evidente que el lanzamiento de gases lacrimógenos fue utilizado para normalizar el pabellón, ante el clima de violencia que se vivía, rotura de mampostería, presencia de internos armados con facas, amenazas, imposibilidad de encerrar a los internos en la celda, tal accionar por parte de la fuerza policial lo considero justificado, a fin de reinstaurar el orden y la disciplina que debe imperar en los establecimientos de ejecución de la pena (…).

Sobre la calificación legal postuló:

“Es evidente que el parámetro para discriminar en relación a si nos encontramos ante una tortura o una severidad o vejación, debe ser la gravedad. Entiendo que tal parámetro debe tener un baremo objetivo para medirlo, ya que de no ser así su encuadramiento dependería de impresiones subjetivas del juzgador. Entiendo que el parámetro a tener en cuenta es el de las lesiones graves (…). Cabe hacer notar, que de acuerdo a los informes médicos forenses agregados en autos, las lesiones detectadas en ningún momento tuvieron un tiempo de curación y de inutilidad del trabajo que haya superado el parámetro establecido en el artículo 90 del CP”.

Una última aclaración: la copia de la sentencia que pueden descargar a continuación pasó por las Reglas de Heredia de modo que, en cierto modo, su lectura puede resultar por momentos confusa. Pero el objetivo central de la publicación es difundir los criterios de los camaristas al momento de establecer la calificación legal, y eso excede a los personajes.

SENTENCIA

ALEGATOS

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