"La cárcel ya no está pensada para resocializar, es un depósito donde van los peores de los peores"

26 mayo 2010, 11: 04

Este jueves 27 se conocerá el fallo tras el juicio contra 27 policías de Neuquén acusados de torturar a medio centenar de presos en la Unidad 11 del Parque Industrial, en abril de 2004. Como recuerda la Asociación Zainuco, querellante en el caso, justo esta semana se cumplen 94 años de la Masacre de Zainuco.

Aprovecho para publicar completa la entrevista con Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires.

La tortura está asociada con la obtención de información, pero en el juicio realizado en Neuquén se acusó de torturas a policías que cometieron acciones sin esa finalidad. ¿Qué se considera tortura?

La Convención Interamericana contra la Tortura dejó de lado la cuestión de la finalidad. Se haga por lo que se haga, el padecimiento de la persona constituye tortura cuando sea hecho por un funcionario del Estado. No toma el concepto de gravedad, habla de padecimientos. Esto está vinculado con el fin que tiene la cárcel. Es una institución que nace con el capitalismo, y fue pensada para resocializar a la persona. El lugar de la clase trabajadora era la fábrica, y cuando se descarriaba tenía la cárcel para resocializarse y volver a insertarse en el mercado del trabajo.

A partir del neoliberalismo ya no existe una clase trabajadora como hace 200 años, y lo que hay es un gran sector de la sociedad que está excluido. Entonces surgió el problema del gobierno de esa parte excluida de la sociedad. La cárcel pasó a tener una misión diferente: ya no está pensada para resocializar sino para ser un depósito adonde van a parar los peores de los peores. Y lo que se genera es una situación de disciplinamiento a partir de un sistema de premios y castigos. Aquellos que no se adaptan son torturados, vejados, se los deposita por muchos años en un lugar donde lo que no ha hecho el Estado nunca es renunciar a ese poder soberano de dar muerte. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires muere una persona cada dos días.

-Y con este nuevo objetivo, ¿qué se espera del interno cuando recupere su libertad?

-Lo que se pretende es anular la personalidad, disciplinarlo, someterlo, y que cuando salga no sea alguien que cometa delitos que alteren el orden establecido. En la provincia de Buenos Aires vemos cómo ese sometimiento adquiere distintas formas. Hay 31.000 personas detenidas. La Unidad 9 de Olmos tiene 1.800 detenidos y 16 agentes penitenciarios por turno. En esa cárcel se pacta el control con los detenidos que se llaman “limpieza”, y que es responsable de mantener el orden en el pabellón a cambio de algún beneficio. Eso genera muchos problemas entre los detenidos por la disputa de ese lugar de privilegio. Olmos es la cárcel del sistema que mayor cantidad de muertos registra. En la cárcel de Alvear en cambio, la segunda más importante del sistema con 1.600 detenidos, hay cinco veces más agentes penitenciarios que en Olmos. Se maneja con una lógica de encierro permanente, casi no hay circulación de detenidos por la unidad, y registra sólo el 25% de las muertes que registra Olmos. Pero está primera en el ránking de las unidades donde más se tortura. Al haber más control del agente penitenciario, es donde más se denuncian torturas.

-¿Quién controla al sistema penitenciario?

-El sistema criminal en nuestro país es selectivo, en las cárceles sólo hay pibes jóvenes, pobres, no hay detenidos por estafa, ni empresarios, o un político corrupto. Este tipo de delitos no se persiguen pese a que causan mucho daño a muchas personas. Por otro lado hay un pacto muy importante del poder político con la fuerza penitenciaria y con la policial. Son dos mega instituciones en la provincia de Buenos Aires. La Policía tiene 52.000 agentes, y el servicio penitenciario 22.000, ambas con un extenso despliegue territorial. Hay un pacto por los altos niveles de corrupción. En 2008 cada detenido le costaba por mes 4.050 pesos a la provincia de Buenos Aires. Con eso el servicio tenía que darle de comer, los medicamentos, cuidarlo, pagar los sueldos de los agentes, etcétera.

Cuando uno recorre los lugares de detención se encuentra con que los detenidos no comen, en muchos casos los medicamentos están vencidos porque hay grandes negociados con las compras. Entonces se termina generando una gran organización delictiva que está conectado con los sectores políticos. Cada político que va pasando pacta con la policía el orden, la disciplina, a cambio de una ecuación económica para todos.

Lo que no hay es una decisión política, un gobierno civil de esa fuerza, que viene con unas prácticas que se siguen reproduciendo de la dictadura para acá. En la policía bonaerense hay 10 mil agentes que comenzaron a trabajar en la época de la dictadura. También tiene que ver con la escasa formación. Los agentes entran con un curso de 15 días, ni siquiera se les pide secundario, y se genera el denominado síndrome de la reja: los agentes hablan el mismo lenguaje que los detenidos y tienen comportamientos similares, no pueden mediar en ningún planteo y apelan a la violencia como forma de resolver cualquier conflicto.

-¿Cuál es el rol del Poder Judicial en este cuadro?

-Es un problema de clase, una cuestión ideológica, es a quién juzgan los jueces y de qué sectores provienen hoy los magistrados. Están juzgando a alguien que ven como peligroso para su propia condición, piensan que ese delincuente puede robarle a él, a un familiar. Ese magistrado no va a juzgar de la misma manera, habrá excepciones, al político o al empresario corrupto con el que tiene vinculación, del que necesita para seguir ascendiendo. Los jueces sienten a la policía como instrumentos que están al servicio de esa clase que ellos integran, entonces van a mirar con benevolencia la actuación de esos policías, porque en definitiva tampoco consideran personas a esos detenidos. Hay otra cuestión que va a atravesar la sentencia de este juicio en Neuquén que es cómo se tipifica el delito de torturas. En la provincia de Buenos Aires, entre 2000 y 2008 se iniciaron 12.000 investigaciones judiciales contra agentes penitenciarios o policías, de las cuales 9.000 están caratuladas como apremios ilegales y sólo 13 como torturas. Hay una complicidad muy importante del Poder Judicial en cómo se para frente a estos delitos.

-¿A la víctima se le dan garantías?

-Está instalado que el detenido miente para obtener un beneficio. Le puedo asegurar que los hechos de tortura que llegan a denunciarse son muy pocos porque el detenido sabe que no tiene protección judicial, que esa causa no va a llegar a ningún destino, que los responsables no van a pagar ningún costo, y sabe que corre el riesgo de seguir siendo custodiado por los mismos represores o sus compañeros. Hay muchos casos de detenidos asesinados por haber denunciado.

-¿Dónde pone el acento de su trabajo el Comité contra la Tortura en estos momentos?

Uno de los ejes es la impunidad, porque nos parece que si bien llevar a varios agentes a juicio no va a resolver el problema estructural, es una señal para que la próxima vez se cuiden. Por eso este juicio en Neuquén es importante. Si se condena a los torturadores, seguramente a futuro van a tener mucho más cuidado. También seguimos la impunidad de los jueces. El año pasado hicimos varias denuncias por su comportamiento en el cuidado de detenidos, en la tramitación de hábeas corpus. Hay 3 o 4 pedidos de jury a partir de denuncias que hemos hecho.

Por otra parte es tremendo que en Neuquén no se permita el acceso de la defensa pública y de las organizaciones de derechos humanos a los lugares de detención. Esto es una falta gravísima del gobierno provincial, que incluso va contra la Convención contra la Tortura que es un pacto internacional aprobado por nuestro país, y el Estado nacional está en mora en la implementación. Neuquén está en la prehistoria, porque no dejar entrar a los defensores públicos a los lugares de detención es algo que no se vé en otros lugares. Lo mismo con organizaciones que trabajan con el tema carcelario. El trabajo de Zainuco es ejemplar, de un compromiso, una militancia, que logró llevar adelante este juicio con grandes trabas, a pulmón.

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2 comentarios para "La cárcel ya no está pensada para resocializar, es un depósito donde van los peores de los peores"

  1. lucecita
    29 mayo 2010, 11: 52 para 11:52

    Para ver que el problema de la población carcelaria no es nuevo, transcribo un párrafo de Felipe Pigna, en relación a algunas disposiciones y asuntos en los que se ocupo el Gral. Jose de San Martin:» Se ocupó personalmente de mejorar el sistema carcelario, ordenado la construcción de un nuevo establecimiento, y dictando un reglamento sobre orden, higiene y visitas. En los considerandos del documento, redactado el 23 de marzo de 1816, decía algo que vendría muy bien a nuestros contemporáneos partidarios de la «mano dura»: «Me ha conmovido la noticia que acabo de oir, de que a los infelices encarcelados no se les suministra sino una comida cada veinticuatro horas. La transmito a V.S. sin embargo del feriado, para que penetrado de iguales sentimientos propios de su conmiseración, se sirva disponer se les proporcione cena a horas que no alteren el régimen de cárcel. Aquel escaso alimento no puede conservar a unos hombres, que no dejan de serlo por considerarlos delincuentes. Muchos de ellos sufren un arresto precautorio sólo en clase de reos presuntos»…(Los Mitos de la Historia 2,Felipe Pigna, pag.- 31)

  2. Fernando
    31 mayo 2010, 13: 23 para 13:23

    La verdad es que si pudieron torturar durante 4 días a madio centenar de presos es precisamente porque los defensores no pueden entrar a la carcel y otros funcionarios no van, al menos con la asiduidad minima que requiere un control racional de este tipo de lamentables sucesos

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