Tres fallos judiciales ordenan exhibir a un periodista los decretos secretos de la época de Sobisch

7 mayo 2010, 17: 06

El año 2004 fue clave en la historia de la provincia.

El entonces gobernador Jorge Sobich lanzó su candidatura presidencial en alianza con Mauricio Macri, y convirtió a la seguridad en uno de los ejes de su campaña, al mismo tiempo que iniciaba la demolición del Poder Judicial para reemplazarlo por otro.

Sobisch gastó 50 millones de dólares en un Plan Integral de Seguridad (PIS) en contrataciones directas dispuestas por decretos secretos (el monto lo dijo en una entrevista con Mariano Grondona).

En una sesión legislativa de ese año, los diputados le preguntaron al entonces ministro de Seguridad, Luis Manganaro, si era cierto que habían comprado equipamiento tecnológico para la intercepción de telefonía móvil y fija.

El ministro contestó “con una jerga que me estoy acostumbrando a usar: negativo”. Y agregó: “sí vamos a adquirir equipamiento. Lo que no voy a dar es ningún tipo de detalle, porque no voy a cometer la torpeza estratégica de avisarles a los delincuentes con qué tipo de características técnicas les voy a pinchar las grabaciones telefónicas. El éxito de mi gestión es meter presos a los delincuentes, no contestarle a usted cosas que no puedo contestar porque son reservadas”.

Hay que recordar que 2004 fue el año de la desaparición del estudiante universitario Segio Ávalos, de quien aún se desconoce el paradero, de las torturas en la Unidad 11 que se están juzgando en estos días, y de muchos otros delitos y crímenes que no bajaron pese al gasto que se dice que se hizo en seguridad. Y hasta se debe tener presente que tanta compra de armas terminó, tres años después, con la más terrible represión de la historia de la provincia y la muerte de Carlos Fuentealba.

La cuestión es que al periodista Jorge Gadano le pareció que correspondía hacer público el contenido de esos decretos de compra directa que el gobierno mantiene en secreto.

Tras pedirlo sin obtener respuesta, presentó un recurso de amparo que fue resuelto favorablemente en tres instancias porque el Estado apeló sucesivamente a medida que perdía.

Al final de este post encontrarán un enlace para descargar los tres fallos en formato word.

El de primera instancia, dictado por la jueza Paula Stanislavksy, tiene algunos párrafos para rescatar.

Por ejemplo, cuál fue uno de los argumentos del Estado neuquino para negarle la información a Gadano: “El derecho a la información pública no es ilimitado y que razones de secreto o confidencialidad pueden limitarlo, tal lo sucedido con relación al expediente de marras, ello en virtud de la confidencialidad que dice dimana del Decreto 007/005, ley nacional 24.059 (Sistema de Seguridad Interior), leyes provinciales 1957 (que adhiere a la ley 24059) y 2294 y lo normado por el art. 75 inc.s del Reglamento de Contrataciones de la Provincia”.

La jueza respondió: “La negativa de acceso a la documentación requerida resulta arbitraria e ilegítima, no sólo por el interés legítimo reconocido al actor, sino  porque, como se viera, en estos obrados no resulta acreditada la existencia de motivos insoslayables y precisos que hagan a la seguridad del Estado, atento el tenor –reitero- de la información que se pretende sea exhibida”.

Y le manda un mensaje a los legisladores: “Un punto importante a desentrañar es la determinación de la autoridad competente para establecer las limitaciones al acceso. En nuestro derecho, la ausencia de disposiciones constitucionales expresas y de una ley marco que regule el acceso a la información ha provocado que este último punto no tenga una definición clara y precisa. Así, algunas de las restricciones son de índole constitucional, mientras que otras han sido instituidas por la legislación, e incluso por la vía del decreto, situación que podría teñir de precariedad su regulación”.

La cuestión es que aun hoy, con un fallo del Tribunal Superior de Justicia a favor, Gadano no pudo acceder a los decretos.

La imagen es de 8300.

GADANO FALLO CIVIL 1

GADANO FALLO CAMARA

GADANO FALLO TSJ

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