La confesión del gobernador no es judiciable; la fiscal tuvo un fallido

19 Abril 2010, 20: 52

(Actualizado 23-4-10: Para los interesados, al final está el dictamen completo de la fiscal en formato pdf para descargar)

La fiscal Gloria Lucero pidió el sobreseimiento de Jorge Sobisch en la causa de la zona liberada. Dijo que “mal puede otorgársele el carácter de confesión” al discurso en el cual el ex gobernador se atribuyó haber dado la orden a la policía de no intervenir. Y si así hubiera sido, se trata de un acto “administrativo no judiciable, que sólo importan responsabilidad política por lo que no son susceptibles de juzgamiento”.

El dictamen de la fiscal Lucero tiene un fallido notable: al mencionar el contexto en el cual se produjeron los incidentes de la zona liberada, mencionó “el trágico suceso que derivó en la muerte del docente Fuentealba”, hecho que se produjo un año después.

Tras el pronunciamiento fiscal, el juez Alfredo Elosu Larumbe le pasó el expediente a la defensa de Sobisch que, se descuenta, también pedirá el sobreseimiento del ex gobernador.

Luego el magistrado definirá el futuro de la causa.

Hasta ahora la elevación a juicio sólo la pidieron los querellantes Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña.

Los hechos de la zona liberada ocurrieron el 30 de marzo de 2006 frente a la destilería de Plaza Huincul, cuando supuestos obreros de la Uocra desalojaron a golpes un piquete docente. La policía no intervino para impedir los incidentes, y el 19 de abril (hoy se cumplen cuatro años), Sobisch dijo en un discurso público que la orden la había dado él.

La fiscal Lucero se ubicó en la misma línea que su colega Ignacio Di Maggio, quien también había pedido el sobreseimiento del ex gobernador.

Además de señalar que el discurso de Sobisch fue político, acusó a “los medios masivos de comunicación” porque “a través de titulares comenzaron a utilizar denominaciones tales como ‘zona liberada’, ‘grupos paramilitares’, ‘cascos amarillos’, ‘Sobisch admite haber ordenado a la policía no actuar’, advirtiéndose en los artículos de prensa la utilización del evento ocurrido frente a la destilería como eje de un debate político sectorial a fin de generar en la opinión pública cierto sentir a su respecto, el que variaba según el signo político o sector que se expresara”.

En su dictamen, la fiscal Lucero transcribe el discurso de Sobisch en cuestión, pronunciado hace hoy 4 años.

Copio y pego para quienes no lo tienen presente:

“Aquí está sentado el Intendente de la ciudad de Neuquén, y todos saben que no somos del mismo signo político, pero cuando se cortaban rutas y se decía que era en defensa de la escuela pública, este, es el mensaje que le darán los dirigentes de los gremios docentes a nuestros alumnos, que la fuerza está por sobre la Constitución y la ley, y que el aula es el laboratorio para construir y decir que un uniformado es un represor, las fuerzas armadas y la seguridad de la democracia están al amparo de la Constitución y la Ley, pero no nos engañemos, porque aquí está hablando un hombre político y un gobernador, que no es inocente, la responsabilidad de no actuar de la policía de la provincia tiene nombre y apellido, y un responsable, que nadie se confunda, se llama Jorge Sobisch y es el gobernador de la Provincia, que le ha dicho al Jefe de la Policía y a sus colaboradores que no actúen, cuando yo creía que estaba en riesgo la paz social y si alguien cree que esa orden no se condice con la responsabilidad política que yo tengo, esta la Justicia para definirlo”.

Y dice luego Lucero: “Sin mayor esfuerzo y en la totalidad del contexto del discurso, se advierte su carácter y entidad eminentemente política y en alusión a la situación que en ese entonces se encontraba inmersa la provincia. El conflicto docente con inicio en los primeros días del mes de marzo de 2006, los hechos de Cutral Co-Plaza Huincul, el trágico suceso que derivó en la muerte del docente Fuentealba, piquetes y cortes de ruta en distintos lugares de la provincia, con el consiguiente enojo y descontento de una parte de la sociedad neuquina, así como el desconcierto de otro tanto y las dificultades en el traslado y distribución de combustibles, no sólo en estaciones de combustibles sino en aquellos parajes utilizados para calefacción”.

“En ese panorama provincial y dentro de la globalidad del mentado discurso, la frase “…es el gobernador de la provincia que le ha dicho al Jefe de la Policía y a sus colaboradores que no actúen, cuando yo creía que estaba en riesgo la paz social…” se colige con el significado de que la fuerza policial no utilizara los recursos técnicos y demás equipamiento en la represión de aquellos actos de protesta social”.

Sigue la fiscal: “Ahora bien, aun en el hipotético caso de que se tuviera como un hecho probado y acontecido en el mundo real “la orden de no actuar” y siempre que el resto de las circunstancias objetivas y subjetivas permitieran tenerla como lícita, sólo se tiene el discurso ya aludido como reconocimiento del imputado,lo cual y al no estar ello avalado en el expediente por ninguna otra prueba o indicios que lo sustenten, mal puede otorgársele carácter de “confesión” y menos aún, como prueba huérfana para fundar y sostener reproche penal alguno contra el imputado de autos, ello ya sin siquiera analizar la colisión que ello produciría con las garantías constitucionales que amparan la situación de quien se halla bajo proceso”.

“En consecuencia, la conducta del entonces gobernador de la provincia al pronunciar el controvertido discurso, queda bajo la esfera de aquellos actos administrativos no judiciables y que sólo importan responsabilidad política, por ende, no susceptibles de juzgamiento y menos aún en este fuero penal”.

Lucero también pidió la exculpación invocando el resultado de la causa en la que los ex jefes y subjefe de la Policía, Carlos Zalazar y Moisés Soto, fueron sobreseídos por falta de acusación del fiscal Ignacio Di Maggio.

Hay que “evitar el dictado de resoluciones contradictorias y (actuar) en salvaguardia del principio de coherencia”, dice el dictamen de Lucero, que logra un segundo objetivo: respaldar al colega sumariado.

“No nos sorprende”

Ante estas novedades, el querellante Mendaña dijo que “la posición y el requerimiento de la fiscal Lucero no nos sorprende, pues ya  se había pronunciado a favor de la validez del dictamen de su colega Di Maggio. Diría más creo que todos esperabamos algo así, incluso a la defensa pues, pudiendo, no recurrió la decisión del Juez que decretó la nulidad. Tampoco lo hizo la fiscalía. Se percibía lo que venía de este lado”.

Cuestionó que la fiscal “pone al desnudo lo que fue parte de la estrategia de la fiscalía, esto es utilizar el proceso seguido al Jefe y Subjefe de Policía para sentar la solución que luego se reeditaría en este proceso. Destacamos que en ese proceso fueron excluidos sin fundamentos válidos Zambrano, Morales y Seguel como querellantes.

“Como representantes de estos comisarios insistimos con la conexidad de ambos procesos, solicitando que se acumularan o se suspendiera este proceso por un tiempo prudencial, o que se nos permitiera intervenir. Pero chocamos contra un frontón. Se nos rechazó esa petición y se actuó con una premura digna de mejores causas”.

Añadió Mendaña que “ahora la fiscal suma como argumento ‘el evitar el dictado de resoluciones contradictorias y en salvaguarda del principio de coherencia’. Es claro como el agua, tan claro como la escasa vocación por investigar a Sobisch de parte del Ministerio Público Fiscal actuante. Primero fue Vignaroli, luego Di Maggio y ahora Lucero”.

El discurso de Sobisch

Por otra parte, continuó, “la fiscal sostiene que el único elemento de cargo es el discurso de Sobisch y que éste  tiene un ‘carácter  y entidad eminentemente política’, que  debe quedar ‘bajo la esfera de aquellos actos administrativos no judiciables y que sólo importan responsabilidad política’ y no responsabilidad penal”.

“Claro que el discurso aludido responde a un contexto y en este se destaca una agresión por parte de militantes afines al Gobierno a un grupo de maestros y maestros, que se desarrolló pues la Policía -en función de la orden recibida del Sr. Sobisch- decidió no actuar, es decir permitir que actuaran como una fuerza de choque para darle un escarmiento a los docentes y liberar el sector. Por eso, no bien cumplieron ese cometido, entregaron el piquete a la propia Policía. Esto surge de toda la prueba”.

“Ninguna orden que implique violar la ley penal puede considerarse ‘no judiciable’. Cada vez que no se quiere investigar alguna persona con poder político, se usa esa cantinela, como se la usó también tiempo atrás cuando se evitaba investigar y juzgar algunas responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura militar”, dijo Mendaña.

Por ultimo, señaló que “de una lectura detenida del requerimiento de la fiscal surge que la culpa la tienen los medios de prensa que empezaron a hablar de zona liberada, cascos amarillos, etc. Para la fiscal todo esto no existió. Ni cascos amarillos, ni funcionarios como Antío o Gualmes que dirigían el piquete, ni docentes golpeados, ni altos jefes recibiendo el piquete de los agresores, ni dos  grupos especiales listos para actuar que no actuaron por órdenes superiores, etcétera. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

La ilustración está tomada de aquí.

DICTAMEN LUCERO

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8 comentarios para La confesión del gobernador no es judiciable; la fiscal tuvo un fallido

  1. Clarita
    19 Abril 2010, 22: 12 para 22:12

    vergüenza ajena…

  2. Lucrecia
    20 Abril 2010, 0: 38 para 0:38

    soy neuquina de pura cepa, pero hoy me averguenzo de ello. Esta provincia es un escandalo, es el el reino de los advenedizos corruptos y de los mal nacidos.

  3. funcionario
    20 Abril 2010, 8: 19 para 8:19

    Que raro Clarita, sus comentarios de ultima, resentida.

  4. Esther
    20 Abril 2010, 10: 37 para 10:37

    es un tema ideologico no? que quienes acceden al poder por el voto popular pueden hacer cualquier cosa y de cualquier manera, no?
    TODO ES JUSTICIABLE!!! sino… porqué “ajustician” a quienes el ocupan terrenos, cuando la Constitución establece que se debe garantizar techo digno para los ciudadanos??
    Lo del fallido… es así! Freud se haría un picnic

  5. maria elisa
    20 Abril 2010, 12: 27 para 12:27

    Despues de leer este dictamen…me pregunto…a la asociacion no le dara un poquito de verguencita?..y ademas de eso que hacemos nosotros/as como sociedad para seguir soportando a algunos/as funcionarios/as judiciales..y despues se oponen a que los/AS evaluen?…y entonces…cuando llegara el hartazgo?…para que ese hartazgo…produzca el cambio…

  6. funcionario
    20 Abril 2010, 13: 19 para 13:19

    Que raro Maria Elisa igual que Clarita, sus comentarios de ultima, resentidas.

  7. facundo
    21 Abril 2010, 12: 40 para 12:40

    La justicia de esta provincia es una farsa. Cuando será el día en que estos zánganos y obsecuentes se vayan del estado y busquen trabajo!!

  8. Fernando
    23 Abril 2010, 10: 36 para 10:36

    Seria interesante que aportaras el dictamen. Si dijo que su declaracion publica era un “acto administrativo no judiciable”, es una barrabazada, un discurso politico no es un acto administrativo y mucho menos no justiciable. Y no saber que sucedio (confundir con la represion donde fue asesinado Fuentealba) es una verguenza inaceptable.-

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